29 de Marzo de 2020

Junta fiscal apunta a necesidad de usar Capítulo III de Promesa

Por el 26 de Abril de 2017

Mediante una misiva a dos congresistas republicanos, la junta de control fiscal dejó entrever que procesos de reestructuración bajo el Capítulo III de Promesa serán inevitables toda vez que es la única forma de mantener la suspensión de demandas, o “stay”, luego del 1 de mayo.

También sería la única vía para reestructurar obligaciones del gobierno que no estén relacionadas a la deuda pública, como lo son los $48,000 millones en pensiones futuras para las que el gobierno no cuenta con dinero para cubrir.

Con fecha de ayer, 25 de abril, la junta envió una carta -firmada por su presidente, José Carrión y suscrita por el resto de los miembros- a Thom Tillis y Tom Cotton en la cual responde a señalamientos que realizaron ambos senadores sobre las gestiones que ha realizado hasta el momento el ente rector.

“La junta ha dejado clara la posibilidad de tener que comenzar casos bajo el Capítulo III para extender el ‘stay’ y reestructurar deudas no financieras. Si eso ocurriera, la junta incluiría en sus planes de Capítulo III cualquier acuerdo [consensual] de Capítulo VI que logre con acreedores. Esto es lo más que la junta puede hacer para promover acuerdos bajo Capítulo VI, que requieren la aprobación tanto de la junta como los acreedores”, reza la misiva que contiene 13 páginas.

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La junta enfatizó que es su intención trabajar acuerdos consensuales amparados por el Capítulo VI de Promesa, mientras que aseguró que han sostenido más de 30 reuniones con distintos grupos de acreedores.

En cuanto al tiempo que ha tomado presentar ofertas de reestructuración, la carta establece que no se podía formular una hasta que no se aprobara un análisis de sostenibilidad de la deuda. Esto último ocurrió el 13 de marzo, como parte del plan fiscal certificado, según el ente rector.

La junta también aseguró que han sido los acreedores quienes rechazaron el que se presentaran ofertas hasta tanto no se confeccionara un nuevo plan fiscal que incluya más dinero para el servicio de la deuda.

“Los acreedores insisten en que el bizcocho es más grande que lo que los economistas y consultores de la junta creen que es”, dice la carta, la cual añade que se han requerido el máximo de recortes posibles y que eviten una mayor contracción económica en el futuro.

La junta añadió que es su intención que los acreedores cobren más que lo ofrecido hasta el momento, pero esto estaría sujeto a que los resultados excedan las proyecciones.

“Promesa le requiere a la junta que logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados para Puerto Rico. Sujeto a esos requisitos, la junta quiere maximizar lo que reciban los acreedores y asegurar crecimiento económico. La junta balancea la justicia para la gente de Puerto Rico y los acreedores al no permitir que la deuda exceda niveles que evitarían responsabilidad fiscal y acceso a los mercados”, lee la misiva.

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Sobre si el plan fiscal certificado cumple con Promesa, la carta se limita a decir que es una “pregunta legal” y recuerda que hay 14 requisitos bajo la ley federal que aplican al documento. Ante los señalamientos de los senadores de que la respuesta en este asunto que Carrión dio en la vista congresional del 22 de marzo, la carta dice que “hubiera sido difícil dar una explicación completa en el contexto de una vista”.

Por otro lado, la junta hace hincapié en la necesidad de que el Congreso tome acción sobre la otorgación de fondos de salud bajo el programa Medicaid. La pérdida de estos fondos representa un impacto de caso $1,000 millones en las arcas del gobierno.

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