11 de Diciembre de 2019

Junta fiscal: Auditoría forense es clave para que Puerto Rico reciba préstamo por desastre

Por el 19 de Enero de 2018

(Juan José Rodríguez/CB)

Pese a la necesidad urgente de dinero del Gobierno, la junta de control fiscal dijo que hasta que no se termine de realizar un análisis forense de las cuentas, el tema de convencer al Tesoro federal de que distribuya unos $4,900 millones en un préstamo de desastre a la isla se debe dejar a un lado.

El Departamento del Tesoro, al igual que la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA), recientemente indicó que, por el momento, no se otorgará el préstamo de $4,900 millones, pues la isla tiene $1,700 millones en fondos disponibles.

El Gobierno ha reiterado -pero no ha podido convencer al Tesoro- de que gran parte de esos fondos están restringidos. De todas maneras, la junta admitió que es muy probable que la jueza Laura Taylor Swain tenga que darle el visto bueno al préstamo, debido al proceso de quiebra del Gobierno ante el tribunal federal.

“Al final del día es irrelevante porque tenemos que convencer al Tesoro y la respuesta fundamental es que tenemos que ser lo más diligente, lo más detallado, lo más riguroso y lo más rápido posible en proveer esa información si queremos mover el Tesoro hacia delante”, dijo José González, quien preside el ente rector.

Nuevamente, el Gobierno insistió en la necesidad del préstamo por la urgencia de evitar una total insolvencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyas cuentas mostraron tener $245 millones para operar, y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), entidad que cuenta con $343 millones en sus cuentas.

De no darse el préstamo, el Gobierno ha dicho que aprobará legislación para inyectar dinero del Fondo General a ambas entidades. Uno de los miembros de la junta, Ana Matosantos, dijo sobre esa decisión que se iba a trabajar mano a mano con el Gobierno para lidiar con los asuntos de liquidez que se tengan que atender. “Estamos enfocados en la transparencia, en el análisis […] y en saber lo que está pasando”, sostuvo.

Aunque el Gobierno cuenta con $1,694 millones en su cuenta principal (TSA, en inglés), gran parte de ese dinero es restricto, por lo que aseveraciones del Departamento de Tesoro federal acerca de que el Gobierno tiene liquidez no son correctas. A efectos de ilustración, $230 millones son dinero retenido a los empleados mientras que otra partida se debe usar para garantizar los servicios esenciales del pueblo.

En la foto, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Gerardo Portela. (Juan José Rodríguez/CB)

Según Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), $6,881 millones están distribuidos en unas 800 cuentas en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), pero gran parte de ese dinero no está disponible para el gobierno central.

A modo de ejemplo, $1,000 millones pertenecen a Cofina, $374 millones son dinero de pensiones; $806 millones está restrictos por el Título III de Promesa y $439 millones son fondos federales de Vivienda, entre otros.

De otra parte, funcionarios de la pasada administración popular, que incluyeron a la expresidenta del BGF, Melba Acosta, y el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, reiteraron que ese dinero sí se contabilizó, pero que gran parte de está restricto.

Por su parte, la directora ejecutiva del ente rector de las finanzas públicas de Puerto Rico, Natalie Jaresko, sostuvo que la vista levantó interrogantes sobre las prácticas gubernamentales y anunció que se hará un análisis forense de las cuentas e inversiones, cuyos resultados se darán a conocer pronto.

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko, dijo que se mantienen en conversaciones con el Tesoro federal en torno a las finanzas del Gobierno de Puerto Rico. (Juan José Rodríguez/CB)

“Aunque hemos avanzado mucho sobre lo que ahora se conoce de las prácticas de manejo de efectivo, se requiere más información para entender las fuentes, usos y restricciones legales de los fondos, para atender las brechas de información y para fortalecer los informes financieros, los sistemas de contabilidad y la rendición de cuentas del sector público”, dijo Jaresko.

Aunque el Gobierno ha dicho hará su propio análisis forense, el presidente de la junta enfatizó que no habrá duplicidad de esfuerzos ni de recursos por lo que será un esfuerzo único.

Sobre si el realizar un análisis forense retrasaría el diseño de los planes fiscales que la junta ha dicho que entregará prontamente, Matosantos dijo que es importante y un paso adelante que la información esté disponible lo más pronto posible para efectos de realizar presupuesto y la restructuración de la deuda. Sobre el particular, Carrión añadió que hay que trabajar con la información disponible, aunque “el plan no está escrito en piedra y se puede enmendar”.

Jaresko dijo que se mantienen en conversaciones con el Tesoro federal en torno a las finanzas del Gobierno.

En la foto, el representante del Gobierno ante la junta y presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Christian Sobrino. (Juan José Rodríguez/CB)

Entretanto, Christian Sobrino, quien es el representante del gobierno ante la junta, insistió en que las más de 30 solicitudes de información que hizo el Tesoro federal fueron contestadas.

“Al no tener el préstamo disponible, el gobierno central tendrá que dar ese dinero […] Imagínese el costo de reemplazar los costos de lo que gasta la AEE en los próximos meses”, dijo Sobrino al destacar que el dinero se dará tan pronto se apruebe la legislación.

A preguntas sobre los motivos por los cuales la AEE y la AAA no han solicitado por sí mismos el préstamo de desastre en vez de realizar la petición a través del Gobierno, Sobrino no fue claro en su contestación. Sin embargo, aseguró que no se aceptará ayuda financiera ofrecida en el pasado por los bonistas de la AEE ya que esta no fue una buena oferta.

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