9 de Febrero de 2023

Junta fiscal decidirá próximos pagos de intereses sobre deuda de Puerto Rico

Por el 8 de Septiembre de 2016

Le corresponde ahora a la junta de supervisión fiscal de Promesa decidir cuánto pagará la administración de Alejandro García Padilla de los casi $160 millones en pagos de intereses que vencen dentro de los próximos tres meses.

Según la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), “en la medida en que la junta de supervisión, a su entera discreción, determine que es factible, el gobierno de Puerto Rico deberá efectuar pagos de intereses sobre la deuda pendiente en el momento que dichos pagos venzan a lo largo de la duración de la suspensión [contra litigios]”.

Desde la promulgación de la ley federal el pasado 30 de junio, el gobierno de Puerto Rico ha cumplido con aproximadamente $560 millones de los más de $1,000 millones que han vencido en pagos de intereses, excluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Mientras, al momento de este escrito aún se desconocía la cantidad exacta cubierta de los casi $57 millones en pagos de deuda que vencían el pasado 1 de septiembre, y que incluían tanto pagos de intereses como de principal.

En repetidas ocasiones, Caribbean Business intentó obtener información específica sobre dichos pagos, pero La Fortaleza, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal decidieron no emitir expresiones sobre el asunto.

Según adelantó este diario, el BGF no efectuó un pago de intereses de $10 millones que vencía el 1 de septiembre. Así lo confirmó la entidad a través de una notificación al mercado efectuada el martes, 6 de septiembre, donde apunta a la situación de liquidez del banco — la cual en agosto rondaba los $160 millones — como la razón por la cual la junta de directores del banco determinó no recomendar cumplir con el pago.

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Además del BGF, la administración también tenía pagos pendientes del Sistema de Retiro de Empleados ($14 millones en intereses), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura o AFI ($13 millones en principal) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante o Cofina en inglés ($16 millones en intereses). También había pagos de interés sobre los bonos de obligación general o GOs en inglés ($1 millón), la Corporación para el Financiamiento Público o PFC en inglés ($1 millón) y la Compañía de Fomento Industrial o Pridco en inglés ($1 millón).

Con las fuentes de repago de deuda de AFI, Pridco y el Sistema de Retiro siendo utilizadas por la administración de García Padilla para las operaciones y servicios esenciales del gobierno, se desconoce si sus fideicomisarios tenían suficientes reservas para cumplir con los respectivos pagos. Mientras tanto, la administración ya dejó de cubrir pagos de deuda de los bonos de obligación general, así como los de PFC y algunos bonos de AFI.

En cuanto a Cofina, su estructura asegura que el fideicomisario reciba los fondos necesarios a tiempo para el servicio de la deuda de los bonos respaldados por el impuesto de ventas y uso. Estos pagos se han cumplido sin mayores contratiempos, y alrededor de $270 millones de los casi $560 millones que ha pagado el gobierno en intereses desde la promulgación de Promesa corresponden a Cofina.

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En cuanto al resto de los pagos de intereses que se han cumplido recientemente, excluyendo BGF, AEE y AAA, los fideicomisarios han tenido que utilizar reservas, de estar disponibles, tras dejar de recibir fondos del gobierno local para cubrir las obligaciones de sus respectivos créditos. De conformidad con la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, firmada en abril de este año, el gobernador García Padilla promulgó una serie de órdenes ejecutivas para tomar control de la mayoría de las fuentes de ingresos originalmente destinadas a cubrir servicio de deuda.

En octubre, vencen por concepto de intereses alrededor de $14 millones del Sistema de Retiro, así como $16 millones de Cofina. Hay pagos menores sobre GOs ($1 millón), la Autoridad de Edificios Públicos ($3 millones), PFC ($1 millón), AFI ($1 millón) y Pridco ($1 millón).

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