17 de Octubre de 2019

Junta fiscal demanda decenas de bancos, cooperativas, individuos y fondos de cobertura

Por el 3 de Mayo de 2019

(Juan J. Rodríguez/CB)

El Comité Especial de Reclamaciones (SCC, en inglés) de la junta de control fiscal en conjunto con el Comité de Acreedores no Asegurados nuevamente demandaron tarde el jueves decenas de bancos, cooperativas, individuos y fondos de cobertura con miras a anular sus bonos de obligaciones generales.

El proceso adversativo surge de una disputa entre el Estado Libre Asociado y los demandados, titulares de los Bonos de Obligaciones generales, con respecto a la existencia, el alcance y la exigibilidad de gravámenes sobre recursos del gobierno.

Con las demandas, la Junta no persigue recuperar fondos pagados sino que busca invalidar reclamaciones por parte de las entidades demandadas en las que afirman que sus bonos de obligaciones generales están garantizados por la entera fe y crédito de la constitución del ELA; por los “recursos disponibles” del ELA luego de haber pagado servicios esenciales y por las contribuciones a la propiedad.

Las demandas alegan que aun suponiendo que el gobierno haya otorgado a estos bonistas de obligaciones generales gravámenes sobre los recursos disponibles del estado o las contribuciones a la propiedad, esos gravámenes pueden dejarse sin efecto en un proceso de evitación bajo la ley de quiebra.

Entre los demandados figura Banco Popular, entidad que la Junta no ha demandado por su rol en una emisión de bonos hecha en el 2014 que ayudó a llevar al país a la insolvencia. Una investigación de las causas de la deuda encontró que el banco alegadamente aconsejó en contra de hacer la emisión, pero luego se benefició de la misma como suscriptor.

También se han demandado a fondos de cobertura como Whitebox, Fir Tree y Canyon Value Fund así como varias aseguradoras de bonos como Syncora Guarantee y hasta hospitales como el Doctor’s Center Hospital.

Muchos fondos de cobertura compraron bonos de obligaciones generales en el 2014 a precios chatarra porque en ese momento Puerto Rico no se podía acoger al beneficio de una ley de quiebra. La ley federal Promesa fue aprobada posteriormente en el 2016.

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