23 de Marzo de 2019

Junta fiscal deroga resoluciones presupuestarias de sobre $30 millones en gastos

Por el 27 de Febrero de 2019

La junta de control fiscal ha derogado 24 resoluciones presupuestarias que totalizan más de $30 millones en gastos porque no cumplen con el plan fiscal.

La medida se produce un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló le expresara a un comité del Senado federal que los poderes de la junta de control fiscal debían definirse porque la entidad estaba entrometiéndose con las operaciones diarias del gobierno. Es la primera decisión de índole mayor luego de que la junta fuese declarada inconstitucional por el Tribunal Apelativo de Boston porque los nombramientos de sus miembros no cumplen con la disposición constitucional sobre nombramientos.

En una carta, la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, dijo que la disciplina fiscal y los presupuestos responsables son salvaguardas importantes para la prosperidad de Puerto Rico.

El gobierno presentó recientemente varias resoluciones conjuntas a la junta de control fiscal pretendiendo autorizar más de $30 millones en gastos. “Ninguna de las apropiaciones o reprogramaciones contenidas en estas Resoluciones Conjuntas están contempladas en el presupuesto certificado para el Estado Libre Asociado para el año fiscal 2018 o 2019, tampoco fueron aprobados por la junta de control fiscal”, señaló.

La ley federal Promesa, dijo, otorga el poder de certificar presupuestos exclusivamente a la junta de control fiscal. Esta responsabilidad y la autoridad han sido confirmadas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

Por otra parte, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos celebró que “una autorización de gastos del año anterior que no esté cubierta por el presupuesto es inconsistente con la declaración de Promesa de que el presupuesto certificado por la junta de control fiscal para el año fiscal está completo, y por lo tanto es anticipado por esa disposición legal por virtud de la Sección 4 de Promesa”, dijo Jaresko.

“En consecuencia, cada una de las Resoluciones Conjuntas es anulada e inválida”, agregó.

La junta solicitó que a más tardar el 8 de marzo de 2019 se provea información sobre desembolsos hechos por virtud de las resoluciones.

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