28 de Enero de 2022

Junta fiscal desconoce de la demanda contra la UPR

Por el 28 de Abril de 2017

Hasta que la Universidad de Puerto Rico (UPR) no entregue finalmente su plan a la junta de control fiscal, no se sabrá cuánto exactamente serán los ajustes que deberá realizar la institución educativa en su presupuesto.

(Juan J. Rodríguez/CB)

“¿Qué demanda? No pudiese comentar. Desconozco”, sostuvo Carrión, esto a pesar de que el propio ente rector ya intervino en la acción legal que fue consolidada y suspendida junto a otros casos de acreedores (Juan J. Rodríguez/CB)

Así lo indicaron hoy varios miembros del ente rector a preguntas de CB en Español, esto a pesar de que la junta ya ha establecido parámetros que rondan los $450 millones en ajustes dentro de un periodo de tres años.

“Eso lo sabremos cuando su propuesta de plan fiscal sea revisado por (la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), sea conformado por el gobierno central, sea entonces sometido a la junta y nosotros lo tengamos que analizar, revisar, proponer enmiendas, etcétera”, manifestó José R. González, quien añadió que no será hasta ese entonces que se conocerá la cantidad final de ajustes en la UPR.

Durante la séptima reunión de la junta hoy, se extendió nuevamente el plazo de entrega para el plan de la UPR, el cual estaba pautado para en o antes del 30 de abril. La institución deberá presentar su plan dentro de los próximos 30 a 45 días, en coordinación con el plan que certificó la junta para el gobierno central.

Por otro lado, en una misiva recientemente enviada por el ente rector a dos congresistas republicanos, se habla de $475 millones anuales en reducciones al subsidio que otorga el gobierno central a la UPR.

“[El ajuste] no es de sopetón”, enfatizó por su parte el presidente de la junta, José Carrión. Añadió que “se ha malinterpretado que el ajuste que se contempla es todo el primer año. Son temas escalonados, no son la cantidad que es, porque mucha gente manifiesta que es todo el primer año y eso no es así”.

Junta abre la puerta al Capítulo III de Promesa

Mientras, sobre los esfuerzos infructuosos para que la junta y los líderes estudiantiles se reunan, Carrión dijo que fue el ente rector quien primero estuvo disponible para ello, pero que los estudiantes manifestaron no poder asistir al encuentro que fue convocado para el mismo día en que fue solicitado. No obstante, el presidente de la junta dijo que “es un tema más bien de logística” y que “con gusto los atenderemos cuando coincidamos la próxima vez en Puerto Rico”.

Carrión: “¿Qué demanda?”

A preguntas de CB en Español sobre la demanda del fideicomisario de los bonos que emitió la UPR, U.S. Bank Trust National Association, en contra de la universidad y el gobierno, los miembros de la junta no pudieron comentar al respecto ya que desconocían de la acción legal que se presentó en agosto del año pasado.  

“¿Qué demanda? No pudiese comentar. Desconozco”, sostuvo Carrión, esto a pesar de que el propio ente rector ya intervino en la acción legal que fue consolidada y suspendida junto a otros casos de acreedores, por virtud de la suspensión de demandas, o “stay”, de la ley federal Promesa. Este último culmina el próximo 1 de mayo.

La acción reclama que el gobierno de Puerto Rico cese la retención de ingresos -mediante las órdenes de moratoria- de la UPR que garantizan el repago de $438 millones en bonos emitidos por la universidad. Los ingresos corresponden mayormente a las matrículas que pagan los estudiantes del sistema educativo.

Aumento en tarifas, cese del BGF y privatización

En su demanda, U.S. Bank Trust alega que hasta $43 millones retenidos bajo la moratoria -y que actualmente permanecen en una cuenta para el uso de la universidad- deberán ser transferidos inmediatamente al fideicomisario para el pago de la deuda de la UPR.

El próximo 1 de junio, la UPR debe realizar un pago a sus acreedores de $32 millones, correspondientes a principal e intereses.

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