24 de Agosto de 2019

Junta fiscal dispuesta a ir a los tribunales por reducción de jornada laboral

Por el 30 de Junio de 2017

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión III, dijo hoy estar dispuesto a acudir a los tribunales en caso de que el organismo no pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en torno a la reducción de la jornada laboral y la eliminación del bono de Navidad de los empleados públicos.

Al momento, el ente rector creado por Promesa considera que el Gobierno ha incumplido con la presentación detallada de los planes de implementación del presupuesto y el plan fiscal, como se les requirió. Y es esta la única forma en que el gobernador Ricardo Rosselló evitaría que una reducción en la jornada laboral se imponga el 1 de septiembre.

El presidente de la junta de control fiscal (izquierda) dijo que iría a los tribunales si el Gobierno incumple los requisitos para evitar una reducción en la jornada laboral. Mientras que el representante del Gobierno en la junta, Elías Sánchez (derecha), confía en que cumplirán con la junta y evitarán reducir la jornada. (Juan J. Rodríguez/CB)

Las extremas medidas de austeridad ocurrirían solo si el Gobierno incumple con los requisitos de la junta. La propuesta no es una “recomendación”, como alega el Gobierno, sino que forma “parte integral” del plan fiscal certificado, se informó.

“Esperamos llegar a un acuerdo. De no ser así, nos encontraríamos en un proceso judicial”, afirmó Carrión en una rueda de prensa al concluir la octava reunión de la junta fiscal, la cuarta en Puerto Rico, en un hotel de Miramar, rodeado de policías.

Junta fiscal certifica con cambios el presupuesto de Puerto Rico

Tras esto, el asesor legal de la junta, Jaime El Koury, explicó que “las enmiendas que se hicieron al plan fiscal [para certificarlo] son parte integral del plan fiscal”. Aunque el Gobierno las tome como recomendaciones, “para nosotros son parte legal del plan fiscal”, agregó.

Por su parte, Ana Matosantos, integrante de la junta, destacó que por la única razón por la que no se impuso una reducción en la jornada para el 1 de julio es debido a que “el Gobierno cumplió” con el requisito de tener “$200 millones de liquidez adicional”, es decir, una especie de reserva de efectivo.

“Algunos de los planes de implementación que se someterán no estamos de acuerdo que van a llegar a los ahorros”, por lo que la junta entiende que sigue vigente la amenaza de que se tenga que reducir la jornada en septiembre, dijo Matosantos.

“Tenemos una discrepancia con el Gobierno. Todavía no estamos al punto donde eso requiere más acción, más allá de que el Gobierno sea prudente y prepare un plan de contingencia… Estamos tratando de ser responsables y queremos simplemente dejarle saber al pueblo que existe esa posibilidad desde nuestra perspectiva, y diferimos con el Gobierno”, advirtió Carrión.

Confiado el Gobierno en cumplir con la junta 

Luego de las expresiones de los integrantes de la junta, el representante del Gobierno en dicho organismo, Elías Sánchez, aseguró que la administración de Rosselló será “diligente” para completar los requisitos y evitar reducir la jornada. 

Sánchez destacó que ya el Gobierno asignó las partidas presupuestarias para el próximo año fiscal, por lo que ninguna agencia podrá gastar más de lo destinado, y eso será posible porque no habrá asignaciones especiales en otras épocas del año ni emisiones de bonos para cuadrar el presupuesto.

Agregó que las especificaciones que requiere la junta en los planes de implementación se detallarán poco a poco, pues son un “trabajo continuo”.

“Se trata de meterse de manera granular a cada una de las agencias a recopilar esa data en cuanto a todos los renglones de gastos, algo que en el Gobierno de Puerto Rico nunca se ha hecho… Se nos pusieron unas metas, las hemos ido logrando. Las medidas van a dar el resultado, pero como quiera vamos a poner todo el empeño para darle la evidencia cada día más a nivel detallada”, agregó.

En el pasado, la junta ha solicitado al Gobierno que sea claro con el pueblo en torno a la posibilidad de agresivas medidas de austeridad, pues entienden que los funcionarios han fallado en comunicar lo grave de la crisis fiscal. Las alegaciones han sido negadas por la administración de Rosselló.

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