10 de Diciembre de 2019

Junta fiscal negoció con Gobierno cesantías por reducción de jornada

Por el 31 de Agosto de 2017

“Si nosotros no hubiésemos considerado eso [la reducción de jornada] un elemento integral del plan fiscal, no lo hubiésemos certificado”, dijo Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

El presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, aseveró hoy que el ente rector creado por la ley federal Promesa “negoció” con el Gobierno para incluir como medida de contingencia en el plan fiscal certificado una reducción de jornada laboral, en lugar de despidos de empleados públicos.

Carrión aseguró que, de no haberse incluido esa medida en el plan de gastos del Gobierno, la junta no hubiese certificado el documento debido a que “tenemos esa potestad”.

“Si nosotros no hubiésemos considerado eso [la reducción de jornada] un elemento integral del plan fiscal, no lo hubiésemos certificado. Hubiésemos certificado nuestro propio plan fiscal que hubiese incluido medidas parecidas, porque el grueso del costo del gobierno está ahí [en la nómina]. Se negoció para evitar cesantías, se negoció una limitación en la jornada laboral, y todo eso saldrá en el tema legal, en el pleito”, aseveró el presidente de la junta en entrevista radial (NotiUno).

Asimismo, Carrión señaló que el Gobierno debía cumplir con dos renglones para evitar la activación de la reducción de jornada: tener liquidez y realizar cambios estructurales. Según dijo el presidente del organismo, el Gobierno cumplió con el primero, mas no así con el segundo, en el cual se quedó corto por cerca de $250 millones.

[DOCUMENTO] Junta fiscal demanda al Gobierno por reducción de jornada

“Tener dinero en caja y temas de liquidez no es lo mismo que cambios estructurales que hemos solicitado. […] El primer renglón era liquidez, y el segundo, eran cambios estructurales que nos daban unos 800 y pico de millones de dólares. Esos ajustes llegaron a alrededor de $600 millones y pico. […] Hubo cambios estructurales pero no pudieron llegar al número en su totalidad“, sentenció Carrión.

“Si no llegaban a esos números, y bajo nuestra discreción, nosotros podíamos determinar implementar estas medidas, las cuales fueron acordadas. Supongo, y aquí estoy especulando, que ellos [el Gobierno] acordaron eso porque entendían que iban a llegar. Y llegaron cerca, pero no llegaron en su totalidad. Por lo tanto, es el momento de implementar lo acordado y salir de él lo antes posible”, agregó.

Las expresiones de Carrión surgen en la víspera del día en que debería comenzar la reducción de dos días en la jornada laboral de los cerca de 130,000 empleados públicos de la rama ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas y exceptuando los policías.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha reiterado en múltiples ocasiones que no acatará la medida, a pesar de que ya el ente rector radicó una demanda en el tribunal federal a esos efectos. De acuerdo con el primer ejecutivo, la reducción de jornada es una “recomendación” de la junta y no es parte del plan fiscal, por lo que puede elegir no adoptarla, según lo establece el artículo 205 de Promesa.

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El Gobierno aún no ha respondido el recurso legal presentado por la junta, en el que solicitan que se declare que el recorte en la jornada y la reducción de 10% en las pensiones públicas es parte integral del plan fiscal y debe iniciar en septiembre. La propuesta de la junta es que la reducción en la jornada esté en vigor hasta junio de 2018 o hasta que se logren los ahorros requeridos.

“Si va o no va mañana [la reducción de jornada], pues el gobernador ha manifestado que no la habrá de implementar, tendremos que esperar a que la corte baje con su decisión y partiremos de ahí. […] En la medida en que eso se estire, peor es para nuestros servidores públicos porque, desafortunadamente, los dólares que necesitamos de ese renglón los vamos a necesitar si se tarda esto seis meses, o un mes, o lo que sea. O sea que lo que significaría posiblemente y desafortunadamente sería que se agudizaría la limitación de la jornada laboral”, explicó Carrión.

Rosselló: “No hubo ningún acuerdo” sobre reducir la jornada laboral

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One Comment

  1. Ricardo Fernandez

    31 de Agosto de 2017 at 2:00 pm

    Tomando Como Ejemplo el Caso de Sally López… Que la JCF Comience Por Cerrar el Departamento de Justicia Estatal, Pq Se Está Robando el Dinero del Pueblo: Nunca Ha Encontrado a Ningún Culpable del Gobierno de P.R. Solo Ha Estado Abusando de los Indefensos; Sin Dinero, Sin Representación Legal… De los Padres No Custodios, y del Pueblo de P.R.

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