17 de Agosto de 2019

Junta fiscal pide que no se haga público el presupuesto

Por el 4 de Mayo de 2017

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico no publicará aún el presupuesto, proyecciones de liquidez revisadas y el calendario de implementación del plan fiscal que entregó a la junta el 30 de abril?

“La junta lo pidió”, dijo a CB en Español el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, quien justificó su confidencialidad al decir que son “documentos de trabajo”, que pertenecen al ente rector de Promesa y que se amparan bajo la legislación federal aplicable.

“Es un documento de trabajo y bajo la legislación federal la junta ha determinado que mientras esté en intercambio […] que no es final, no es información pública”, dijo Rosario.

El domingo, 30 de abril, la administración de Ricardo Rosselló entregó a la junta “un borrador” del presupuesto para el año fiscal que comienza el 1 de julio, proyecciones de liquidez revisadas y los pasos que tomará para implementar el plan fiscal certificado, informó el representante ante la junta, Elías Sánchez.

El presidente de la junta, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

El presidente de la junta, José Carrión. (Juan J. Rodríguez/CB)

CB en Español pidió copia de los documentos, pero La Fortaleza indicó que estos no serían públicos hasta tanto se presente el presupuesto a la Legislatura.

“Es lo que ha solicitado la junta”, manifestó Rosario a preguntas de este medio sobre el uso de legislación federal para justificar la confidencialidad de los tres documentos que entregó el gobierno el 30 de abril.

Mientras, de acuerdo con el calendario que estableció el ente rector para la evaluación del plan de gastos del gobierno, la junta deberá pasar juicio inicial sobre el presupuesto que entregó la administración en o antes del 8 de mayo. La junta podrá avalar el documento o requerir cambios por parte del ejecutivo previo a su envío a la Legislatura.

Funcionarios del gobierno indicaron que presentaron un presupuesto con cargo al fondo general que ronda en los $9,300 millones. Entre sus elementos, el plan de gastos debe contener la partida que iría al pago de servicio de deuda.

Mientras, las proyecciones de liquidez deben mostrar si el gobierno ya identificó la reserva de $200 millones, en efectivo y en caja, para el 30 de junio. Esto evitaría la reducción de jornada laboral de empleados públicos y la eliminación del bono de Navidad, según requirió la junta.

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Por último, la implementación de las medidas del plan fiscal dictará el calendario mediante el cual la administración debe ejecutar los ajustes fiscales.

Recientemente, planes fiscales para cuatro entidades públicas fueron certificados y publicados el mismo día por la junta, luego de que el gobierno entregara en febrero los documentos. En aquel entonces, tanto la administración como la junta apuntaron al carácter de “borradores” no finales, como la razón por la cual no harían públicos estos planes.

El presidente de la junta, José Carrión, aseguró que no fue una decisión intencional del ente rector, y que la tardanza en su publicación se debió más bien al poco tiempo con el que trabaja.

“Ahora serán públicos… Por favor, toma en consideración que muchos de nosotros [los miembros de la junta] tenemos trabajos de día. Es complicado el tema del tiempo, estamos tratando de cumplir con el marco de tiempo que teníamos”, expresó, mientras dejó sobre la mesa la posibilidad de enmendar estos planes fiscales de cara al futuro.

“Diferente al informe de KPMG”

El secretario de Asuntos Públicos distinguió la situación actual con la del informe sobre la reforma contributiva que realizó KPMG en el 2014, bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

En aquel entonces, un grupo de periodistas prevaleció en el tribunal y logró la divulgación parcial del informe, a pesar de los argumentos que realizó el gobierno para mantener su confidencialidad: que era un “documento de trabajo”, sin terminar y por ende, no público.

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“En ese caso particular no tienes la junta, que es un documento de la junta, y el borrador ya era uno final entregado al gobierno de Puerto Rico”, aseguró Rosario.

¿Provee entonces Promesa para la confidencialidad de estos documentos?, preguntó CB en Español.

“Lo que pasa es que como la junta es un organismo creado por el gobierno federal con la ley Promesa […] sabes que bajo FOIA (‘Freedom of Information Act’), no tienes las mismas directrices que tiene el gobierno estatal con sus agencias”, dijo el funcionario.

No obstante, no queda claro cómo le aplicaría la ley FOIA a la junta, toda vez que Promesa establece que el ente no será considerado un organismo federal, sino que un organismo dentro del marco del gobierno territorial. FOIA solo le aplica a las agencias del gobierno federal.

Por otro lado, al ser el gobierno de Puerto Rico quien generó la documentación que entregó el 30 de abril, debería aplicar la legislación y jurisprudencia puertorriqueña a la hora de establecer el carácter público de estos documentos, a juicio del abogado John Mudd.

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