19 de Julio de 2019

Junta fiscal radica demandas para recuperar $1 billón de bonistas

Por el 2 de Mayo de 2019

David Skeel (centro), miembro del Comité de Reclamaciones Especiales de la junta de control fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

La junta de control fiscal radicó demandas para recuperar $1 billón de bonistas, cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional.

Además, se radicaron demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión.

Las demandas ocurren a punto de cumplirse la fecha de prescripción de dos años que tenía específicamente el Estado Libre Asociado luego de haber radicado quiebra el 3 de mayo del 2017 para hacer estos tipos de reclamos. Los nombres de los bonistas demandados no fueron listados sino que aparecen bajo números tales como “demandado 1D” o “demandando 2D” debido a ciertos acuerdos de confidencialidad.

La junta de control fiscal también radicó una demanda contra 20 bancos, bufetes de abogados y otras entidades para recobrar comisiones que devengaron cuando ayudaron en las emisiones de $9 billones en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico.

El listado de bancos se compone de Barclays Capital, BofA Securities, Merrill Lynch Capital Services, Inc, Citigroup Inc., Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co., Jefferies Group LLC, Mesirow Financial, Inc., Morgan Stanley, Ramirez & Co., Inc, RBC Capital Markets, Santander Securities, UBS Financial Services Inc. of Puerto Rico, VAB Financial, BMO Capital Markets, Raymond James, Scotia MSD, and TCM Capital.

Además se demandaron a ANB Bank, Jefferies and Bank LLC, Northern Trust Company/OCH-ZIFF Capital Management, Union Bank and Union Bank Trust Company, Bank of New York Mellon y First Southwest Company. Tambien se demandó a la fima de abogados Sidley Austin LLP de Chicago.

En el caso de UBS, Morgan Stanley y de Merrill Lynch, la demanda también dice que participaron en los llamados “interest rate swaps”, que envuelven el intercambio de intereses entre partes, por los cuales recibieron comisiones ascendentes a un total de unos $394 millones.

Al emitir estos bonos, las entidades demandadas, según la junta de control fiscal, contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento violara su deber fiduciario para con los residentes de Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares.

“La ciudadanía de Puerto Rico ha sido perjudicada por estas entidades por un monto que se determinará en el proceso judicial, y por ende son responsables por los daños causados como resultado de las violaciones de su deber fiduciario,” sostuvo la junta de control fiscal.

Asimismo, la junta de control fiscal radicó cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente.

La junta de control fiscal se apresta a proceder con el proceso judicial contra los bonistas de mayor tamaño que mantienen al menos $2.5 millones de los bonos que están siendo cuestionados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Los tenedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión”, dijo David Skeel, miembro del Comité de Reclamaciones Especiales (SCC, en inglés) de la junta de control fiscal.

Algunos bonistas posiblemente confiaron en información provista por los emisores, las firmas suscriptoras que manejaron la emisión y otros profesionales y prestamistas a la hora de invertir en estos bonos. La junta de control fiscal entiende muy bien estas preocupaciones, añadió.

Pero las leyes de Puerto Rico limitan la autoridad que tiene el gobierno de emitir deuda por una razón clara y simple: evitar que los financieros conduzcan el Gobierno y a sus instrumentalidades, así como a los contribuyentes y acreedores legítimos, a un nivel de deuda que no se pueda repagar sin sacrificar los servicios necesarios como la salud, seguridad y bienestar social.

“La Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente”, dijo Skeel en declaraciones escritas. “No obstante, los contribuyentes de Puerto Rico no deben llevar sobre sus hombros los pagos que hizo el gobierno a los grandes inversionistas, que nunca debieron haberse efectuado”.

Asimismo, señaló que la junta de control fiscal no pretende proceder legalmente con la recuperación de estos fondos hasta que el Tribunal de Distrito determine que los bonos en cuestión sean, en efecto, inválidos.

Entretanto, el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, dijo que la acción de la junta de control fiscal de demandar la devolución de pagos de suplidores de bienes y servicios tal y como hizo esta semana “hace daño al clima de incertidumbre que vive el país”.

La junta de control fiscal alegó que esos pagos fueron fraudulentos porque el gobierno estaba insolvente cuando se hicieron los mismos y que los demandados debieron de haber sabido de la insolvencia.

“A la misma vez que repudiamos cualquier ilegalidad que pudiera haber contraído cualquiera de las partes, nos reservamos del derecho de utilizar cualquier mecanismo para defender a nuestros socios”, dijo Masses.

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