24 de Mayo de 2020

Junta fiscal revisará contratos gubernamentales de más de $10 millones

Por el 31 de Octubre de 2017

(Juan José Rodríguez/CB)

La junta de control fiscal aprobó el martes de forma unánime una moción para adoptar una “política de revisión de contratos” sobre el Gobierno de Puerto Rico con el propósito de que estos “promuevan la competencia en el mercado y sean consistentes con el plan fiscal aprobado”.

Específicamente, el Gobierno deberá enviar automáticamente a la junta todos los contratos de más de $10 millones para su revisión. El organismo también tendría potestad de realizar “muestreos aleatorios” de contratos por debajo de los $10 millones, lo cual daría poderes a la entidad para echarle el ojo a algunos de los 1,600 contratos otorgados por el Gobierno después del huracán Irma.

La cuantía de dichos contratos no fue informada por el representante del Gobierno ante la junta, Christian Sobrino, quien presentó reservas a la nueva potestad del organismo creado por la Ley federal Promesa.

El presidente de la junta fiscal, José Carrión, negó que se trate de una medida en respuesta al controvertible contrato de $300 millones otorgado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la empresa Whitefish Energy Holdings, el cual está en proceso de ser cancelado ante los múltiples cuestionamientos internacionales por posibles conflictos.

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“La política de contratación no es una respuesta a Whitefish. Es algo que íbamos a implementar como quiera”, dijo Carrión en una rueda de prensa al concluir la décima reunión pública de la junta, celebrada en el Colegio de Ingenieros, en Hato Rey.

Sin embargo, el experto en seguros confirmó que la junta le solicitó al Gobierno el contrato de Whitefish hace “alrededor de 10 días” y ya lo tienen en sus manos para evaluarlo.

Esta evaluación se sumaría a las investigaciones que realizan la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General de Estados Unidos, el Congreso, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) sobre el contrato, el cual presentaba cláusulas incongruentes, como un artículo para evitar auditorías sobre las ganancias de tarifas laborales de la empresa.

El escándalo del contrato ha sido tal que el Gobierno puertorriqueño se expresó para desvincular al presidente Donald Trump del proceso, pues el secretario de Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, es amigo del director ejecutivo de Whitefish, Andy Techmanski, y ambos son de Montana, sede de la compañía. Otro empleado de la compañía es donante del Partido Republicano.

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Gobierno presenta reservas

Según un documento de la junta, la política de contratación se implementa “de conformidad con la sección 204 (b) (2) de Promesa” y promueve que los contratos que efectúe el Gobierno vayan acorde con el nuevo plan fiscal que se solicitó y cuyo borrador debe entregarse el 22 de diciembre, para certificarse en febrero de 2018.

También busca que el gasto sea acorde a la emergencia por los huracanes Irma y María, que haya un proceso “competitivo y transparente” y que sean consistentes con “regulaciones federales”.

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Aunque favorece que haya una revisión, el representante del Gobierno ante la junta presentó reservas con la determinación porque intervendría en responsabilidades que considera estrictamente gubernamentales y trastocaría la relación con el Gobierno federal y otros estados “que no requiere de intermediarios”. 

Es por esto que, rompiendo con la tradición de ser un representante sin voz ni voto, presentó durante la reunión una resolución para evitar que los integrantes de la junta sean quienes revisen directamente los contratos o tengan comunicación con las partes involucradas.

“Su moción parece razonable”, respondió Carrión, quien solicitó al asesor legal de la junta, Jaime El Koury, que evalúe los planteamientos legales de la resolución para, eventualmente, llevarla a votación entre los miembros del organismo. La votación podría ocurrir en otra reunión.

  • La décima reunión pública de la junta de control fiscal se celebró en el Colegio de Ingenieros, en San Juan. (Juan José Rodríguez/CB)

Posteriormente, Sobrino explicó en una rueda de prensa que su preocupación estriba en que, “ciertamente, hay transacciones que lleva a cabo el Gobierno que, aunque son contratos, no afectan elementos de competencia de mercado”.

“El Gobierno de Puerto Rico genera sobre 100,000 transacciones o contratos al año. Eso es un volumen amplio. Hay que cerrar ese universo de revisión para asegurarse de que tengan la capacidad de hacerlo”, dijo Sobrino, quien insistió en que es el Gobierno local el representante del pueblo de Puerto Rico ante el Gobierno federal, no la junta.

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