7 de Octubre de 2022

Junta fiscal se reúne con el liderato legislativo sobre el presupuesto

Por el 29 de Junio de 2017

Hoy a las 5:00 de la tarde vence el plazo que la junta de control fiscal le impuso al Gobierno para presentar las correcciones al presupuesto aprobado por la Legislatura, para el cual solicitaban $119 millones en recortes adicionales en distintas áreas y evidencia de implementación en $200 millones de los $440 millones en reducciones al gasto gubernamental.

Los asuntos relacionados al presupuesto fueron discutidos esta mañana en una reunión entre el presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, y otros integrantes del ente, con los presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, según fuentes de CB en Español. El encuentro se llevó a cabo en oficinas del Senado.

A pesar de que el gobernador Ricardo Rosselló se mostró dispuesto a incluir correcciones en el documento, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, indicó que es la parte de los planes de implementación la que será más difícil de aclarar. 

Rosselló, quien se encuentra en una misión comercial en Nueva York, conocería hoy si los equipos técnicos llegaron a un acuerdo y, de ser así, “estaría devolviendo el presupuesto a la Asamblea Legislativa” para que realicen los ajustes correspondientes, dijo Rosario, que insistió en que el Gobierno no aceptará una imposición de una reducción a la jornada laboral de los empleados públicos ni la eliminación del bono de Navidad.

Junta pide $319 millones en acciones correctivas al presupuesto

“Todas las agencias tienen esos $440 millones reducidos en el presupuesto, aunque no esté tan detallado como ellos [los miembros de la junta] quisieran en el plan de implementación. Hay cosas que tú no puedes detallar en proyección de un año, específicamente porque eso depende de las necesidades que tenga cada agencia. Cada agencia va a tener X cantidad menos para operar todo el año”, explicó Rosario a CB en Español. 

Rosario destacó que es esta una de las discusiones que tienen los equipos técnicos del Gobierno y de la junta fiscal, siendo el propósito de la administración de Rosselló demostrarles las dificultades para identificar las reducciones “al chavo”.

“El plan de implementación se va a estar trabajando. Es independiente del presupuesto y obviamente eso es parte de las cosas que la junta tiene que entender”, agregó el secretario que, sin embargo, desconocía los detalles específicos del plan de implementación, que también respalda lo incluido en el plan fiscal.

Son pocos los detalles que se conocen sobre el plan de implementación, y en el pasado el Gobierno ha rechazado responder peticiones de este medio en torno a la publicación de éste y de los planes de liquidez.

De hecho, lo último que se informó públicamente respecto a los planes de implementación y liquidez fue que el Gobierno estará dispuesto a trabajar para lograr su certificación, según se consignó en la carta del 20 de junio que Rosselló y los líderes legislativos le enviaron a la junta fiscal.

De otro lado, el secretario de Asuntos Públicos explicó que el Gobierno está dispuesto a sentarse y ver en detalle “qué específicamente” la junta impugna en torno a los $119 millones que piden en recortes adicionales. “Habrá unas cosas que se podrían ajustar y habrá otras que no, ese es el ejercicio que está haciendo el gobernador”, afirmó.

“El gobernador ya ha tenido comunicación tanto con su equipo técnico, como con el equipo técnico de la junta. Han habido conversaciones y obviamente ahora los equipos técnicos estarán viendo el detalle de a qué se refieren con estas partidas globales que ellos ponen en su capta para ver cuáles el Gobierno va a aceptar porque no dejan inoperante el Gobierno y cuáles tendremos que explicar porque afectaría la operación”, agregó.

El año fiscal concluye el viernes, 30 de junio, fecha en la que la junta de control fiscal tendrá su octava reunión pública para, precisamente, certificar un presupuesto. Si el ente rector no estuviera de acuerdo con el presupuesto del Gobierno, podría aprobar su propio documento y ponerlo en vigor el 1 de julio, según dispone la ley federal Promesa.

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