28 de Noviembre de 2021

Junta pide planes fiscales separados para seis corporaciones públicas

Por el 14 de Octubre de 2016

La Junta de Supervisión y Manejo Fiscal impuesta por la ley Promesa le exigió hoy al gobierno de Puerto Rico presentar planes fiscales separados para seis instrumentalidades públicas y acordó tener para el 15 de enero de 2017 un director ejecutivo nombrado. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberán presentar cada una un plan fiscal distinto al que deberá someterse para el gobierno del ELA.

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En la primera parte de la segunda reunión de la junta, que duró alrededor de dos horas y media, el presidente del cuerpo, José Carrión, solicitó detener la transacción de Cossec donde se permitiría a ciertas cooperativas intercambiarle a la corporación pública una cantidad de bonos de Puerto Rico en sus carteras. Cossec emitiría acciones preferidas a una tasa de interés del 4%.

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Carrión también insistió en que la junta revisará todas las transacciones, financieras o no, de las agencias y corporaciones públicas que abarca, por lo que solicitó que no se proceda con decisiones sin antes consultar si estas podrían ir en contra de la ley Promesa.

Continúan las protestas contra la junta

Mientras el presidente hablaba sobre estas determinaciones y el control de la junta, integrantes del público comenzaron a gritar en protesta. “Vende patria” y “Shame on you!” (“Les debería dar vergüenza”) eran algunos de los gritos de los manifestantes, quienes fueron retirados del salón de audiencias de inmediato.

Previo a que comenzara la reunión, otro grupo de manifestantes protestó a las afueras del edificio de la Autoridad Metropolitana de Transportación, ubicado en el #2 de la calle Broadway y donde se celebró el encuentro. Esto también ocurrió durante el primer encuentro formal de la junta de control fiscal. Los manifestantes cargaban pancartas contra el ente y la bandera puertorriqueña pintada de negro, en señal de luto.

Durante la primera parte de la reunión previo a la presentación del gobernador, el presidente de la junta afirmó que el ente tiene derecho a intervenir en todas las acciones legales contra Puerto Rico. Indicó que el 21 de octubre presentarán ante el tribunal la postura de la junta de control fiscal respecto a las demandas de varios grupos de acreedores contra el gobierno. En esta determinación se hablará sobre la posible extensión o no de la suspensión automática (“stay”) de los litigios, que vence en febrero del año entrante.

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Además, se acordó que el comité integrado por cuatro de los siete miembros de la junta tendrán a su cargo realizar solicitudes de propuestas (RFP) sobre las firmas de consultoría, legales y financieras que trabajarán de la mano con el cuerpo para llevar a cabo sus trabajos sobre Puerto Rico. Este comité está integrado por Carlos García, Ana Matosantos, José Ramón González y Carrión. 

Se informó que las dos páginas de la junta (www.juntasupervision.pr.gov y www.oversight.pr.gov) poseen información financiera del país y que próximamente se divulgará una traducción oficial de la ley Promesa.

Al inicio de la reunión se contestaron correos electrónicos y comentarios de los usuarios de las páginas, y se informó que están en proceso de contestar el resto de las preguntas. Uno de los correos era de Jorge Pérez, quien le deseó éxito a la junta en su encomienda para lograr un “crecimiento económico estable para que nuestros niños no tengan que abandonar su hogar (en Puerto Rico) en la búsqueda de una mejor calidad de vida”. Ante esto, David Skeel indicó que ese es precisamente el mandato que cumplirán de la mano del gobierno y su gente.

Al menos 150 personas asistieron a la primera reunión del grupo y 8,000 vieron el encuentro por la transmisión en vivo, se informó.

Gobernador contesta preguntas de la junta

Posterior a la presentación de mociones, el primer ejecutivo realizó una ponencia en la que justificó el borrador de plan fiscal que presentó por escrito a la junta.

En esta alocución, el mandatario, que estuvo acompañado de su equipo fiscal y asesores, hizo énfasis en la importancia de que no se endurezcan las medidas de austeridad ni se despidan empleados públicos, ya que esto podría resultar en una situación intolerable para la ciudadanía.

Al concluir, contestó por alrededor de media hora las preguntas de los integrantes de la junta, quienes se enfocaron en las razones por las que el gobierno continúa sin entregar los estados financieros auditados o por qué se ha dejado de pagar la deuda y a los suplidores si los recaudos de Hacienda han aumentado.

Ante esto, García Padilla insistió en que se invierta en la economía para hacer crecer el sector privado sin afectar los empleos en el sector público. “El problema no es que el gobierno de Puerto Rico es muy grande, es que el sector privado es muy pequeño”, sostuvo.

Indicó que la deuda del gobierno con los suplidores ha alcanzado los $1,300 millones, mientras que el dinero que no se ha pagado por concepto de intereses de la deuda o el impago ya suma $2,000 millones. 

Sin embargo, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, indicó que en el primer trimestre del año fiscal 2016-17 se logró cumplir con el 99.4 % de los recaudos, por lo que solo quedaron $14 millones por debajo.

Afirmó que en las proyecciones no se asumió crecimiento económico y que actualmente poseen $420 millones en las cuentas gubernamentales, pero que ese dinero cambia constantemente por los gastos y recaudos. Pese al aumento en recaudos, que alcanzó los $9,100 millones, la cifra de gastos sobrepasó los $11,000 millones, razón por la cual no han podido pagar todas las responsabilidades, dijo Zaragoza.

El titular de Hacienda explicó que en el pasado se recurría a financiamiento para cubrir estos déficit y cuadrar los presupuestos, lo que creó una “ilusión” de balance fiscal que ahora están enfrentando.

A preguntas de González, el equipo económico confirmó que tendrán los estados financieros auditados de 2015 y 2016 para principios de 2017. Por tal razón, González solicitó que el gobierno agilice la información financiera posible para comenzar a “restaurar la credibilidad”.

De otro lado, a preguntas de García el gobernador hizo un listado de proyectos de infraestructura que consideró necesarios para sacar al país de la crisis. Entre estos destacó la extensión de la PR-22 hasta Aguadilla y luego hasta Mayagüez; la construcción del Aguirre Offshore Gas Port; el Centro Comprensivo de Cáncer como parte de la Ciudad de las Ciencias, y el tren ligero.

Sobre las razones por las que no triunfaron las negociaciones con los acreedores, fuera de lo acordado con la AEE, el gobernador indicó que estos rechazaron reunirse con él. Afirmó que los acuerdos con los acreedores de la AEE fueron “buenos”, pero pudieron ser mejores con los “poderes” de la Ley Promesa.

Tras concluir el encuentro, el mandatario contestó preguntas de los periodistas. “No me sentí rindiendo cuentas, me sentó presentando un plan fiscal. Este es el foro para la crisis fiscal”, indicó, tras destacar que las problemáticas democráticas que representan la Ley Promesa y la imposición de la junta se trabajarán en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Que el Congreso decidió agravar la crisis política mientras atendía la crisis fiscal es algo que no puedo evitar”, sostuvo y agregó que atenderá las crisis fiscal y política simultáneamente.

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