Junta publica las reglas para revisar contratos del Gobierno
La junta de control fiscal publicó ayer su nueva política para revisar todos los contratos del Gobierno de Puerto Rico que superen los $10 millones.
“Esta política aplica a todos los contratos en los que el Gobierno o cualquier entidad cubierta sea una contraparte, incluidos aquellos con el Gobierno federal, gobiernos estatales, sector privado y organizaciones sin fines de lucro”, lee el documento que colgó el ente en su página cibernética.
Las nuevas reglas también aplican a los contratos ejecutados antes de la aprobación de la política “para garantizar que no afecten negativamente el cumplimiento del plan fiscal por parte del gobierno territorial”.
El Gobierno ha otorgado alrededor de 1,600 contratos desde el huracán Irma, según la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En una nota al calce, la junta advierte que puede “adoptar otros métodos, como el muestreo aleatorio de contratos por debajo de $10 millones, para asegurar que ‘promuevan la competencia en el mercado’ y ‘no sean incompatibles con el plan fiscal aprobado'”.
La entidad establecida por la ley federal Promesa había anunciado su intención de implementar un proceso de revisión de contratos durante su décima reunión pública celebrada el 31 de octubre en medio de preocupaciones sobre un contrato de $300 millones entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la compañía Whitefish Energy Holdings, LLC.
En aquel momento, el presidente de la junta fiscal, José Carrión, dijo que la decisión de implementar la nueva política no fue en respuesta al acuerdo con Whitefish, sino más bien algo que la junta siempre tuvo la intención de hacer.
Si el ente rector así lo determina, los contratos tendrán que ser el resultado de un “proceso competitivo y transparente de adquisición y licitación” y/o ser consistentes con las reglamentaciones federales para garantizar el acceso a fondos o reembolsos federales.
Además, los contratos cubiertos por la política de revisión deberán ser “consistentes” con el plan fiscal aplicable en el momento en que se otorguen, o planes futuros revisados, según lo que la junta considere apropiado.
El proceso exige que el Gobierno envíe por correo electrónico cualquier contrato o grupo de estos, incluyendo enmiendas que, en conjunto, excedan $10 millones.
El envío deberá incluir, según corresponda, las políticas de contratación existentes, la solicitud de propuesta (RFP en inglés) y los documentos relacionados, los criterios de evaluación, los registros de puntuación, los estimados de costos, la correspondencia con los licitadores, evaluaciones de riesgo y los nombres de los que tomen parte del proceso de evaluación, entre otra información.
Asimismo, deberá incluirse una certificación de cumplimiento de regulaciones, leyes o políticas de conflictos de intereses; un estimado del impacto que el contrato tendría en el plan fiscal; y el contrato redactado con los precios a pagarse.
Una vez la junta reciba toda esta información de parte del Gobierno, notificará dentro de los siete días laborables posteriores una de las siguientes: “sin observaciones”; “observaciones, pero no se requiere comentarios”; “observaciones, comentarios requeridos”; “requiere revisión adicional” o “no cumple”.
Si se requieren comentarios o una revisión adicional, el Gobierno debe contestar o entregar los documentos que se requieran dentro de cinco días laborables. Por su parte, la junta proporcionará una respuesta revisada dentro de los cinco días laborables luego de recibir la contestación del Gobierno.
Si se emite un aviso de incumplimiento es porque el contrato no cumple con la política y “pueden ser necesarios cambios importantes o una posible nueva emisión del RFP”, lee el documento.
Cumplimiento con Promesa
Christian Sobrino, el representante del Gobierno ante la junta, advirtió durante la reunión del 31 de octubre que ningún tercero, particularmente la junta fiscal, debe intervenir en los contratos entre Puerto Rico y el Gobierno federal. Señaló además que Promesa no permite que el ente rector tome medidas que interfieran con programas federales.
Sin embargo, la junta argumenta que la política “es consciente” de lo que dice Promesa, particularmente en su Sección 204(d)(2). Este último inciso establece que la junta no puede ejercer sus poderes para prevenir acciones del Gobierno local destinadas a implementar programas federales.
La política “no tiene la intención de impedir la implementación de ningún programa federal, particularmente con lo relacionado a respuesta y recuperación ante desastres. Por el contrario, la [junta] estableció esta política en gran parte para apoyar la implementación de programas federales, que incluyen, por ejemplo, asegurar que los contratos sean consistentes con los requisitos de los programas federales”, añade la nueva política de revisión de contratos.
Durante la más reciente reunión de la junta, Sobrino insistió en que hay transacciones llevadas a cabo por el Gobierno que, aunque son contratos, no afectan la competencia del mercado.
“El Gobierno de Puerto Rico genera sobre 100,000 transacciones o contratos al año. Eso es un volumen amplio. Hay que cerrar ese universo de revisión para asegurarse de que tengan la capacidad de hacerlo”, dijo el funcionario.