21 de Enero de 2020

Junta requiere al gobierno recortes inmediatos y reducción de jornada laboral

Por el 8 de Marzo de 2017

Ante la precaria posición de liquidez del gobierno, la junta de control fiscal requirió hoy a la administración de Ricardo Rosselló que reduzca la jornada laboral de los empleados públicos, la contratación de servicios profesionales y los gastos de salud.

Para el ente creado por Promesa, estas medidas -asumiendo que no se pague la deuda y en adición a las que ya sugiere la administración en el plan fiscal que ya presentó- son necesarias para mantener el gobierno abierto y proveyendo servicios esenciales a la ciudadanía.

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Sobre la reducción en jornada laboral -con la cual esperan generar por lo menos $35 millones en ahorros mensuales- la junta sugiere cuatro días al mes para la mayoría de los empleados de la rama ejecutiva, y dos días al mes para maestros y “personal de primera línea” de instituciones que operan 24 horas al día. Aquellos empleados que ejerzan funciones de seguridad pública estarían exentos del programa.

Mientras, las ramas legislativas y judicial, así como las corporaciones públicas, tendrían que realizar recortes que generen ahorros similares a los propuestos bajo el programa de reducción laboral.

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La junta también pidió a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que tome control inmediato de todas las cuentas, ingresos y gastos del gobierno de Puerto Rico. Con esto espera que la administración Rosselló pueda implementar el plan de manejo de liquidez del gobierno y siendo consistente on las recomendaciones hechas por la junta.

“Aunque apreciamos su enfoque en atender los retos fiscales y económicos de Puerto Rico a largo plazo, pensamos que hace falta hacer mucho más inmediatamente para reducir los gastos y evitar esta deficiencia de efectivo tan crítica”, indica la carta firmada por el presidente del cuerpo, José Carrión

Crítica posición de liquidez

Para la junta, el gobierno se quedaría sin dinero “en pocos meses” para pagar por los servicios esenciales que provee a la ciudadanía. Una serie de eventos que se avecinan este año -tales como la insolvencia de los sistemas de retiro y el agotamiento de los fondos federales de salud bajo Obamacare- y la falta de acceso a los mercados justifican las medidas adicionales de austeridad que se recomiendan hoy, según explica el ente en el comunicado.

La situación de los sistemas de retiro supondría un impacto para el fondo general de $1,200 millones anuales para poder continuar con los pagos mensuales de beneficios a los pensionados. La pérdida de los fondos de Obamacare significaría unos $800 millones menos en fondos disponibles para salud durante el próximo año fiscal, el cual comienza el 1 de julio.

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Mientras, según adelantó el representante del gobierno antes la junta, Elías Sánchez, la junta añade que el estudio de los números puentes realizado por Ernst & Young -el cual busca actualizar la información financiera de Puerto Rico desde sus últimos estados auditados correspondientes al año fiscal 2014- estima un déficit en caja de $190 millones para finales del año fiscal.

Ayer, Sánchez anunció una serie de medidas fiscales que buscarían cerrar esta nueva brecha presupuestaria y así mantener el plan fiscal de la administración consistente con los parámetros de la junta, según explicó el funcionario.

“Aun mientras seguimos analizando el plan fiscal, queremos traer a la atención inmediata nuestra preocupación en relación a la presente situación de liquidez. Creemos que, si no se toman acciones contundentes de emergencia, el gobierno, en cuestión de meses, no podrá pagar por servicios esenciales, incluyendo pensiones, educación, salud y seguridad pública,” sostiene Carrión en la misiva.  

Por último, la junta reiteró que tomar préstamos a corto plazo “no es práctico ni prudentes” y enfatizó que la reestructuración de la deuda se hará de manera sostenible.

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