24 de Septiembre de 2020

Junta sostiene que no se puede reestructurar deuda sin imponer austeridad

Por el 20 de Diciembre de 2016

Pese a la situación crítica fiscal que enfrenta el gobierno actual, la junta de control fiscal sostuvo hoy que la ley federal Promesa les impide reestructurar la deuda de $69,000 millones de Puerto Rico sin antes pasar por un proceso de ajustes fiscales.

La junta le envió una carta al gobernador Alejandro García Padilla con una lista de medidas y objetivos que debe contener el plan fiscal -que debe estar listo para finales de enero- tras alegar que bajo el derecho actual y sin contar con ayuda federal adicional, Puerto Rico enfrenta un déficit de $67.5 mil millones en los próximos 10 años.

En conferencia de prensa con los medios luego de hacer pública la misiva, el presidente de la Junta, José Carrión, dijo que el listado contiene sugerencias para el gobierno entrante.

“Al final del día, será el gobernador el que decidirá qué opciones se implantarán… El plan fiscal es del gobernador. Ya ha habido conversaciones preliminares sobre su plan. Le proveemos un número de recomendaciones para llevar a cabo su función pero la decisión de qué poner la toma el gobernador”, dijo Carrión.

Aunque la junta no pudo precisar cuánto de la deuda de $69,000 millones sería restructurada, debido que es un análisis que no se ha hecho todavía, Carrión dijo que se validará el número base de $67.5 mil millones para comenzar “conversaciones de buena fe” con miras a reestructurar la deuda por medio del Título VI de Promesa, que trata sobre restructuración voluntaria.

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“El ‘baseline’ es el punto de partida”, dijo José Ramón González, miembro de la junta, quien también sostuvo que los números eran “teóricos”.

“Es un ‘baseline’ que es para darnos una guía y una visión al gobierno entrante de la severidad de la situación”, agregó.

A preguntas de los motivos por los cuales no se tomaron en consideración fondos federales adicionales que el Congreso pudiera dar dentro del número base, González dijo que el ambiente político en Washington no les permite concluir que Puerto Rico tendrá un aumento en los fondos federales por encima de lo que la ley otorga.

“Todos podemos tener una lista de deseos”, dijo González.

En torno a la posibilidad de que la Administración de los Sistemas de Retiro se quede sin dinero para pagar a los pensionados, Carrión dijo que eso era algo que se estaba trabajando con el gobernador entrante Ricardo Rosselló y que no podían comentar sobre el tema.

Ante cuestionamientos sobre recortes para la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carrión dijo que se le está sugiriendo al gobierno entrante que haga un “needs-based tuition” o la matrícula a base de lo que pueda pagar el estudiante.  Aunque se sugirió que se busque la posibilidad de privatizar entidades gubernamentales, como el Fondo del Seguro del Estado o la Autoridad de los Puertos, la junta no pudo precisar cuáles entidades podrían manejarse mediante alianzas público-privadas. La junta no quiso decir si propondrá despidos o una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos.

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