Justicia federal pide acción a la FMC sobre acuerdo en los muelles de Puerto Nuevo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Comisión Marítima Federal (FMC por sus siglas en inglés) que determine si tiene jurisdicción sobre el acuerdo cooperativo entre la compañía Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT), porque en su análisis, dicho acuerdo aparenta ser, en efecto, una fusión de operaciones que afectaría la compentencia en ese sector.
La opinión publicada el pasado 17 de marzo por Justicia federal confirmaría la posición ya adelantada por la propia FMC y reportada por Caribbean Business, en el sentido que el acuerdo que ya está en vigor, es en realidad una fusión de operaciones de dos de las tres principales empresas encargadas de carga maritima en Puerto Rico y potencialmente, podría afectar los precios y el acceso de productos a los puertorriqueños.
Al ser notificado de la carta de Justicia federal, el representante José Aponte Hernández, que investiga la transacción mediante una resolución legislativa, solicitó al director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, que no firme ningún acuerdo con la compañía Puerto Nuevo Terminals (PNT), creada como parte de la transacción entre PRT y LAC.
“El que no entienda lo que se dice en esa carta del Departamento de Justicia es porque no quiere entender”, insistió el representante.
El ‘acuerdo de cooperación’ para crear Puerto Nuevo Terminals (PNT), se presentó a principios del 2019, ante la Comisión Federal de Transporte Marítimo (Federal Maritime Commission). Según el entonces director de la Autoridad de los Puertos (AP), Anthony Maceira, el gobierno de Puerto Rico conoció de la transacción en marzo y por órdenes del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares se mantuvieron al margen y no presentaron oposición. El tema tampoco se llevó a consideración de la Junta de Directores de la AP consignó Maceira ante la Comisión cameral de Asuntos Federales que investiga el posible impacto del acuerdo.
Según el acuerdo original, PNT tendría como socios a la empresa Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT), con un 50% de las acciones cada uno. PNT adquiriría, mediante arrendamientos, subarrendamientos, transferencias y otros medios corporativos, todos los acuerdos de servicios para los terminales, arrendamientos de terrenos, grúas y otros activos necesarios para la operación, según el documento presentado ante la FMC en marzo. En este momento, mucho de ese equipo pertenece a Tote Maritime, copropietario de PRT.
La carta de Justicia hace referencia a unas enmiendas hechas al acuerdo original presentadas el pasado 26 de febrero de 2020, en las que las partes establecen que PRT y JAC no está autorizados ni acuerdan fusionarse por medio de esa transacción.
Noticia relacionada:
Caribbean Business solicitó reacción al director de Puertos, Joel Pizá pero al momento de publicación de esta historia no había recibido respuesta.
Mientras, el portavoz de la FMC indicó que “los comentarios presentados en relación a un acuerdo son confidenciales por ley. No se me permite revelar quién ha presentado o qué comentarios se hicieron en las presentaciones”.
En la carta de la división antimonopolística de Justicia federal se
establece que si la FMC determina que no tienen jurisdicción sobre el acuerdo
bajo el Shipping Act of 1984, implicaría que la
transacción estaría bajo el escrutinio de Justicia.
“Si la FMC determina que tiene jurisdicción, el departamento urge a la comisión que tome en consideración cuidadosamente si el acuerdo enmendado está diseñado para lograr beneficios pro-competencia”, indica Justicia.
Al mismo tiempo señalan que si el acuerdo no logra evitar el efecto negativo de afectar la competencia, la comisión debería buscar su modificación”.