28 de Febrero de 2021

La Fortaleza intenta reanudar negociación de deuda con acreedores

Por el 22 de Junio de 2016

El gobernador Alejandro García Padilla lamentó aún no haber llegado a un acuerdo con los acreedores de Puerto Rico y dijo el martes que su gobierno tiene la intención de reanudar las negociaciones de reestructuración de deuda con los acreedores, ya sea de forma pública o no, “siempre y cuando exista una verdadera oportunidad de obtener el alivio que necesitamos”.

También instó al Senado estadounidense a considerar con prontitud la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) ya que facilitaría las negociaciones entre Puerto Rico y sus acreedores.

El gobernador observó que las opciones a corto plazo ofrecían un alivio limitado de liquidez, pero a largo plazo no alcanzaban niveles sostenibles de pago de la deuda para Puerto Rico. (iStock)

El gobernador observó que las opciones a corto plazo ofrecían un alivio limitado de liquidez, pero a largo plazo no alcanzaban niveles sostenibles de pago de la deuda para Puerto Rico. (iStock)

Las autoridades fiscales de la isla anunciaron el martes que los asesores del ELA y determinados grupos de acreedores habían puesto fin a las conversaciones privadas sobre un acuerdo para reestructurar una gran parte de la deuda pública de la isla. Más tarde ese mismo día, un grupo de tenedores de bonos de obligación general (GO por sus siglas en inglés) demandó al gobierno en Nueva York, oponiéndose a la ley de moratoria de la deuda de Puerto Rico.

Los grupos que representan a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y los tenedores de bonos de obligación general habían entrado en un acuerdo de confidencialidad para discutir la última oferta de reestructuración de deuda hecha por el gobierno, que fue presentada el 14 de junio. Tras varias contraofertas hechas por los grupos de acreedores, las partes no pudieron llegar a un acuerdo y decidieron suspender las negociaciones.

Andrew Rosenberg, portavoz del grupo de tenedores de GOs, declaró el martes que su contraoferta “muestra una disposición clara y continua” para negociar con el gobierno de Puerto Rico y “evitar un impago innecesario sobre la deuda de obligación general el 1 de julio”.

El grupo de los titulares de bonos Cofina prefiere continuar las negociaciones y dice que su contraoferta refleja su disposición para considerar recortes, o la reducción de capital, así como a aceptar otras concesiones solicitadas por los asesores del ELA.

Mientras agradecía a los grupos su disposición para sentarse la mesa de negociación, García Padilla dijo que sus contraofertas no presentan una solución duradera. Observó que a corto plazo ofrecían un alivio limitado de liquidez, pero a largo plazo no alcanzaban niveles sostenibles de pago de la deuda para Puerto Rico. “Estas contraofertas son para tomar los problemas económicos actuales y posponerlos para que la generación de nuestros hijos los resuelva”, dijo.

El gobernador añade en su comunicado que durante los últimos nueve meses se han tenido conversaciones con los acreedores en un intento de reducir la deuda de la isla a niveles sostenibles y compartir la carga entre todos los interesados. “Espero que nuestros acreedores entiendan que es su turno para contribuir y estar dispuestos a hacer sus propios sacrificios”, subrayó García Padilla al señalar que el gobierno y los ciudadanos han aportado en justa medida.

El gobernador opina que a pesar de que no pueden proporcionar una solución viable, algunas contraofertas de los acreedores reconocen implícitamente la necesidad de que Puerto Rico reduzca su deuda y urge al Congreso para que le proporcione herramientas de reestructuración de la isla.

El Congreso aprobó Promesa a principios de este mes y se espera que la cámara alta vote sobre la medida antes de que finalice el mes, mientras que algunos miembros de la delegación demócrata de la cámara alta ya han solicitado enmiendas al proyecto de ley. “Es triste que algunos acreedores continúan perdiendo tiempo, dinero y energía tratando de oponerse a los esfuerzos que se llevan a cabo en el Congreso”, dijo García Padilla.

Mientras continúa pidiendo legislación federal, la administración busca una oferta de reestructuración de deuda más abarcadora sobre los $50 mil millones que adeuda Puerto Rico. Más de $1.5 mil millones en pagos de servicio de la deuda deben hacerse el 1 de julio y los funcionarios continúan advirtiendo que no hay suficiente dinero en efectivo para cumplir con la totalidad de los pagos y garantizar los servicios esenciales a los ciudadanos a la misma vez.

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