2 de Abril de 2020

La Junta pide posponer la quiebra de Puerto Rico debido al coronavirus

Por el 21 de Marzo de 2020

Centro de Periodismo Investigativo

La Junta de Control Fiscal tenía el pie en el acelerador de la quiebra de Puerto Rico hasta que se encontró de frente con el nuevo coronavirus, un obstáculo a sus intenciones de culminar el caso de quiebra de Puerto Rico antes de que termine el 2020. 

El ente rector anunció el sábado que pedirá a la jueza federal Laura Taylor Swain posponer la consideración del Plan de Ajuste de deuda que presentó en febrero para $35,000 millones en deuda del Gobierno central y alrededor de $50,000 millones en pensiones.

“Nadie sabe, en este preciso momento, cuánto tiempo tomará superar este virus”, manifestó en un comunicado de prensa.

Hace apenas dos semanas, abogados de la Junta reiteraron ante la jueza federal Laura Taylor Swain que la intención era terminar la quiebra del Gobierno antes de que comenzara una nueva administración en La Fortaleza, luego de las elecciones de noviembre. La jueza puso en agenda la vista de confirmación del Plan de Ajuste de deuda del Gobierno para finales de octubre y principios de noviembre.

A preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Junta contestó el pasado martes por escrito que “en este punto, no hay valor en especular” si la emergencia del coronavirus impediría terminar la quiebra antes del nuevo año. Pero este sábado, sus declaraciones fueron distintas.

Hoy, ante la situación que enfrenta la isla y el resto del mundo, la Junta anunció que “radicará una moción en el tribunal para aplazar la audiencia de consideración del Plan de Ajuste propuesto hasta nuevo aviso”. 

El proceso de quiebra, que está a las puertas de cumplir su tercer año el próximo mes de mayo, había seguido su curso, pasando por los huracanes Irma y María, la renuncia de un gobernante el pasado verano y los terremotos de principio de 2020. Ante la emergencia del coronavirus, ya se vaticinaban retrasos en el calendario que ya era ambicioso antes que llegara el virus a Puerto Rico y Estados Unidos. 

A pesar de la declaración de un estado de emergencia en la isla por el coronavirus, Swain emitió el pasado miércoles una orden en la que mantiene en pie el calendario que recién aprobó para el caso de Puerto Rico. El tribunal, sin embargo, extendió algunas fechas límites en procesos como la solicitación de información de pensionados y la radicación de reclamaciones de acreedores de la Autoridad de Edificios Públicos. 

El principal oficial financiero del Gobierno, Omar Marrero, había anticipado a principios de esta semana al CPI “algún retraso”, a pesar de que la jueza Swain no ha hecho cambios al calendario del caso. 

“Es realista concluir que podemos esperar algún retraso en el proceso, a pesar de que el tribunal no ha variado el calendario. Es razonable que se pudiese afectar”, sostuvo Marrero, al recordar que ya la aprobación de un nuevo plan fiscal fue aplazada por la Junta hasta nuevo aviso. En cuanto al presupuesto para el nuevo año fiscal que comienza el 1 de julio, el funcionario dijo que “va a correr la misma suerte” que el plan fiscal, ya que el presupuesto depende de este último. 

El plan fiscal propuesto por la gobernadora Wanda Vázquez Garced ya vislumbra el posible impacto del coronavirus en las proyecciones macroeconómicas del Gobierno. Aunque menciona oportunidades — como la manufactura y una mayor demanda de productos biomédicos — advierte sobre el riesgo que representa la situación del coronavirus para la economía y la falta de disponibilidad de fondos federales. 

“La preparación del nuevo plan fiscal está en camino y tomará en cuenta la información más reciente, incluyendo cómo esta crisis mundial afectará las finanzas de Puerto Rico”, se limitó a responder la Junta al CPI luego de cuestionarle cómo afecta el coronavirus el nuevo plan fiscal del Gobierno. 

El abogado Rolando Emmanuelli, quien representa a la UTIER en el proceso de quiebra, también anticipaba que la gravedad del asunto del coronavirus afectaría los trabajos no solamente en Puerto Rico, también en la ciudad de Nueva York. 

“La corte de distrito [en San Juan] redujo dramáticamente sus operaciones. Tenemos que anticipar que la corte en Nueva York haga lo mismo y ahí sí se trancaría todo”, dijo Emmanuelli al recordar que la jueza Swain y gran parte de los abogados que participan en el proceso de quiebra viven en Nueva York, al momento el estado más afectado por el virus en Estados Unidos. 

La emergencia del coronavirus llega a la quiebra en medio de un calendario agresivo. La Junta recién radicó este viernes la traducción al español del disclosure statement o informe de divulgación, un documento de cientos de páginas con todos los términos, condiciones, acuerdos e información necesaria para evaluar y votar sobre el plan de ajuste de deuda presentado por la Junta. Quienes quieran objetar el disclosure statement tienen hasta el 24 de abril para hacerlo. La jueza Swain pasaría juicio sobre este documento en una vista pautada para el 3 de junio. Una vez aprobado el disclosure statement, vendría la votación sobre el plan de ajuste del Gobierno. De conseguir el apoyo necesario, la jueza Swain tendría la vista de confirmación del plan de ajuste, una audiencia que puede tomar más de 10 días y que está supuesta a terminar en o antes del 6 de noviembre. Todo esto queda sujeto a la decisión de Swain sobre la petición de poner pausa en el proceso. 

“El calendario aprobado ya era casi imposible de cumplir”, opinó Emmanuelli. 

Durante los próximos meses, el calendario incluye el envío de miles de formularios a pensionados del Gobierno para obtener información personal que la Junta no tiene disponible actualmente. De igual forma, debe resolver decenas de miles de reclamaciones de acreedores del Gobierno que han sido rechazadas por la Junta. Todo esto debe tener punto final antes de que Swain pueda aprobar un plan de ajuste de deuda.

Según Emmanuelli, otro proceso que debe posponerse es la aprobación del acuerdo de  reestructuración, o “RSA”, entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y un grupo de bonistas. Este acuerdo enfrentó a principios de año oposición de los líderes legislativos  y desde entonces “está paralizado porque la Legislatura no va a legislar sobre el tema”, dijo el abogado. El acuerdo necesita acción legislativa para materializar el arreglo que impondría aumentos en las tarifas y recortaría alrededor del 30% de la deuda de la corporación pública. 

La Junta no dijo nada sobre el acuerdo de la AEE en sus declaraciones del sábado.

En cuanto al Plan de Ajuste que la Junta intenta impulsar para el Gobierno central, el ente rector tiene pendiente convencer a la administración Vázquez Garced para que apoye su propuesta. La gobernadora rechazó la versión más reciente del Plan de Ajuste ya que da mejor trato a ciertos bonistas, pero no así a los pensionados, al compararse con la versión anterior. Los pensionados en Puerto Rico continúan enfrentando recortes de hasta 8.5% si reciben más de $1,200 al mes. 

Aunque al momento no ha sido un impedimento absoluto, Marrero admitió que la emergencia del coronavirus ha afectado las conversaciones entre la Junta y la administración Vázquez Garced sobre este y otros asuntos. 

“No estamos teniendo algunas reuniones, sí llamadas, pero se han cancelado reuniones y varios planes en curso que se tenían”, dijo el funcionario, quien confía en que “en las próximas dos semanas podremos ver cómo todo se va desarrollando para tener una idea más clara del impacto que habrá en Puerto Rico y a nivel internacional”.

En un comunicado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la administración Vázquez Garced dijo que anticipa un impacto negativo en la economía de la isla que “podría continuar por los próximos dos trimestres y podría ser muy marcado”.

La Junta dijo al CPI que revisa “órdenes ejecutivas y medidas administrativas que tienen un impacto fiscal directo en las finanzas del Gobierno”, como parte de la respuesta de la administración al coronavirus. El pasado domingo, Vázquez Garced firmó la orden ejecutiva OE 2020-23 que impone un toque de queda y el cierre del Gobierno y comercios no esenciales, pero según el ente rector, no pidió permiso antes de hacerlo.

“La Junta no tuvo acceso a la orden ejecutiva previo a su firma, a pesar de la directriz impuesta que requería hacerlo. De todas formas, entendemos la urgencia con la que es necesario actuar en el escenario actual”, reaccionó por escrito la Junta a preguntas del CPI.  

“No se esperó por una aprobación porque al final del día estamos en emergencia”, dijo Marrero. 

Desde el 2018, la Junta requiere a La Fortaleza el envío de cualquier orden o mandato ejecutivo que afecte los bolsillos del Gobierno previo a su firma o implementación. Tan reciente como el pasado 22 de enero, Jaresko envió una carta a la gobernadora advirtiendo de incumplimiento con la directriz, luego de que Vázquez Garced no enviara a revisión una orden ejecutiva que flexibilizaba el proceso de contratación en el Gobierno luego de los terremotos de principios de año. 

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