21 de Octubre de 2019

Latente impago a Cofina tras primera vista de Capítulo III

Por el 17 de Mayo de 2017

Un grupo de acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) podría sufrir el primer impago en su historia en solo 15 días, si la jueza federal de quiebra Laura Taylor Swain permanece sin resolver la controversia de prelación de pago que persiste entre los bonistas sénior y subordinados.

Esta tarde, Swain dejó sobre la mesa el pedido de intervención de la corte del Bank of New York Mellon, fiduciario de Cofina, en una moción radicada ayer sobre cómo proceder con el pago que tiene en agenda para los bonistas de $16.3 millones el próximo 1 de junio.

Durante la primera vista de los casos de Capítulo III del gobierno central y Cofina, Kirk Gwinn Allen, abogado del Bank of New York Mellon, planteó esta tarde que además de las existentes disputas entre los distintos acreedores de Cofina, los séniors y subordinados, los tenedores de obligaciones generales (GOs)  demandaron al fiduciario alegando que la transferencia del dinero comprometido del IVU que realiza el gobierno de Puerto Rico a Cofina es inconstitucional.

La jueza federal Swain aprobó durante la audiencia que se efectuó en la sala 3 del tribunal federal en Hato Rey todas las mociones procesales sobre el manejo del caso que presentó la junta de control fiscal, aunque le hizo algunas enmiendas. (Juan J. Rodríguez/ CB)

La jueza federal del Distrito de Nueva York a cargo de presidir los casos de quiebra de Puerto Rico no se expresó sobre estos argumentos ni tampoco resolvió el pedido del Bank of New York Mellon sobre cómo proceder con el pago del 1 de junio. Hasta el momento, es incierto a qué acreedor de Cofina se les pagará.

Según el abogado de la Coalición de Bonistas de Cofina Seniors, Susheel Kirpalani, hay cerca de $400 millones depositados en el Bank of New York Mellon y el letrado argumentó en sala previamente en la primera audiencia del Capítulo III que espera que la junta de control fiscal actúe con la responsabilidad que le depositó el Congreso al redactar la ley federal Promesa.

El 1 de julio vence un pago de $120 millones de Cofina.

“Hemos ofrecido muchas soluciones y oportunidades, incluyendo un financiamiento al más bajo interés posible”, dijo Kirpalani en referencia a los esfuerzos de los acreedores para evitar un proceso contencioso en los tribunales.

Al mediodía, durante el receso de almuerzo, el representante del gobernador ante la junta de control fiscal Elías Sánchez Sifonte afirmó que el pago del 1 de junio a los bonistas de Cofina se va a efectuar, aunque se desconoce al momento quienes serán los bonistas dentro de esta estructura que van a cobrar.

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La jueza federal Swain aprobó durante la audiencia que se efectuó en la sala 3 del tribunal federal en Hato Rey todas las mociones procesales sobre el manejo del caso que presentó la junta de control fiscal, aunque le hizo algunas enmiendas.

“Estamos sumamente contentos porque se acogieron los planteamientos que hicimos en el caso. Estamos satisfechos con el orden que se está llevando y nos sentimos confiados, que al igual que hoy pudimos ver que las objeciones no tuvieron ha lugar, sea un proceso rápido porque lo menos que nos interesa es que sea un proceso largo. Lo que queremos es que podamos salir de [el caso]  lo antes posible”, expresó a su salida del tribunal federal el representante del gobernador ante la junta de control fiscal.

Otra moción que se quedó sin resolver durante la primera vista de Capítulo III por la jueza federal Swain fue la moción de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para Puerto Rico (Aafaf) en la que solicitó autorización de la corte para continuar con el pago a los suplidores de las utilidades.

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Swain celebrará vistas cada seis semanas aproximadamente y hoy ordenó en la tarde que para mediados de junio el gobierno presente un reporte de estatus con relación a la disponibilidad de información financiera que solicitó la aseguradora National Public Finance Guarantee Corp.

La representante legal de National argumentó esta tarde que el gobierno ha mostrado “total falta de transparencia” en el proceso al no proveerles información financiera solicitada.

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