20 de Julio de 2019

Levantan alarma por petición para extender plazo en demandas a bonistas

Por el 15 de Mayo de 2019

(Arek Socha/Pixabay)

Los examinadores de tarifas levantaron la voz de la alarma ante una solicitud hecha por la Junta de Supervisión Fiscal ante el Tribunal federal para el Distrito de San Juan, para que se extienda el plazo de 90 días otorgado para emplazar a sobre 1,200 demandados como parte de los pleitos e impugnación de ciertos bonos de obligaciones generales.

La petición es “duplicativa” y su costo será “significativo”, dice una de las  mociones firmada por Eyck O. Lugo Rivera, uno de los asesores del examinador de tarifas Brady Williamson, de las varias que se presentaron en el tribunal a esos mismos efectos.

La Junta de Supervisión Fiscal, su Comité de Reclamaciones Especiales y el Comité de Acreedores No Asegurados presentaron a principios de este mes cientos de demandas para impugnar unos $6 mil millones en bonos de obligación generales o para tratar de recuperar dinero pagado a los suplidores del gobierno.

A principios de esta semana, sin embargo, presentaron una petición para extender el tiempo para emplazar a los demandados y retrasar las acciones. La solicitud de 10 páginas fue firmada por seis firmas de abogados y un total de 20 abogados.

Debido a la naturaleza retrospectiva del proceso de revisión de tarifas, nadie sabrá el costo de preparar y presentar el documento procesal de diez páginas hasta que se haya presentado una solicitud para el pago de honorarios, dijo el examinador.

“Sin embargo, suponiendo que las reglas éticas y las buenas prácticas obligaron a cada uno de los 20 abogados a revisar y aprobar la moción que aparentemente firmaron, ese costo podría ser significativo”, insistió el examinador.

Para evitar disputas sobre honorarios y otras tarifas, el examinador dijo que requerirá que los planes sobre el personal que trabajaran en el caso de quiebra del Título III deben ser detallados y presentarse antes de que comiencen a prestar servicios.

“La duplicación de esfuerzos y la ineficiencia del personal siguen siendo motivo de gran preocupación”, afirma el documento. En el último desembolso de fondos, la jueza Laura Taylor Swain autorizó el pago de $14 millones en honorarios a nueve firmas por servicios prestados en períodos de compensación que van desde junio del año pasado.

El examinador de tarifas espera que los costos aumenten con las últimas acciones, a las que se unirán nuevos reclamos que se anticipa la Junta de Supervisión presente la semana que viene.

En la petición firmada por los 20 abogados, la Junta dijo que el 2 de mayo inició 15 demandas contra más de 1,200 demandados relacionados con unos $6 mil millones en bonos de obligaciones generales del ELA que han sido impugnados.

Ocho de los procedimientos adversativos son acciones para  recuperar ciertos pagos de capital e intereses como, entre otras cosas, transferencias fraudulentas de los demandados que poseían o poseen actualmente los bonos. Las siete acciones restantes, conocidas como “Lien Avoidance” (reclamo preventivo), fueron radicadas contra más de 470 demandados que han afirmado que los bonos de obligaciones generales que poseen están garantizados por los activos del Estado.

Debido a que sería “extraordinariamente difícil”, si no imposible, atender a todos los demandados dentro de los 90 días requeridos por la Regla Federal de Procedimiento Civil, la Junta alega que necesita una extensión hasta noviembre o una suspensión de los procedimientos.

“La concesión de este alivio beneficiará no solo a los demandantes y al ELA, sino a todas las partes interesadas. Como se indicó anteriormente, los demandantes tienen la intención de usar el tiempo adicional para resolver algunas reclamaciones contra ciertos demandados”, dice el documento.

Swain remitió el asunto a la magistrada Judith Dein para el seguimiento.

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