15 de Septiembre de 2019

Ley medicinal fiscalizará recaudos del cannabis en Puerto Rico

Por el 6 de Marzo de 2017

No son muchos los aspectos noveles que esboza el Proyecto del Senado 340 (P.S. 340) frente al existente Reglamento 8766 del Departamento de Salud (DS) para establecer el marco legal bajo el cual funcionará la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.

Sin embargo, la pieza legislativa trae a la luz la inquietud de cómo se manejaría el flujo de efectivo que produce el cannabis medicinal, a raíz de los reportes de varios estados de la nación norteamericana que han registrado exorbitantes recaudos ligados a esta industria.

Más aún, la medida busca evitar que se utilice una industria genuina para propósitos de lavado de dinero o como pretexto para la venta de otras sustancias ilegales, como la cocaína y la heroína. Para ello, se apoya en la estricta regulación federal existente sobre el manejo de este flujo de efectivo, estableciendo guías sobre la utilización de los recursos relacionados con las actividades financieras de esta industria.

“La industria financiera debe ejercer sus responsabilidades de debida diligencia con respecto a las actividades de su cliente. Así las cosas, el ‘Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network’ (FinCEN) emitió guías para clarificar las expectativas bajo el estatuto ‘Bank Secrecy Act’ (BSA) para las instituciones financieras que persigan proveer servicios a negocios relacionados con la marihuana…”, señala el P.S. 340 en su exposición de motivos.

Otra de las justificaciones de la medida es que el reglamento del DS no cuenta con garras legales para atender la posible actividad delictiva que se genere alrededor de la industria, ya que la posesión de marihuana sigue siendo ilegal bajo el marco federal.

A pesar de ser correcta esta justificación, ya que la función del DS es la de establecer política pública y no le corresponde a esa agencia la parte punitiva, el Reglamento 8766 indica que fue establecido tomando en cuenta las leyes locales relacionadas al tema.

El documento afirma que está promulgado conforme a la Ley número 81 del 14 de marzo de 1912, conocida como “Ley del Departamento de Salud”, que faculta a la agencia para actuar cuando se trata de materia relacionada a la salud pública; a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, y a la Ley número 170 del 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado.

Sin embargo, la pieza sometida en el Senado se limita a hacer mención de leyes federales relacionadas al asunto, ignorando totalmente los estatutos locales.

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Del mismo modo, en la pieza se hace hincapié en que la orden ejecutiva del exgobernador fue un “temerario curso de acción” por parte de la pasada administración cuando asegura que “desde la perspectiva del Derecho Administrativo sustantivo, la Orden Ejecutiva número 2015-010 (OE 2015-010) se limitó a requerir la participación de solo un perito, cuando el acto de permitir el cannabis medicinal requería a su vez la intervención de múltiples entes expertos…”.

A estos menesteres, la ley medicinal crearía una Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM) para realizar los propósitos y disposiciones de esta ley, que incluyen establecer qué condiciones médicas deben ser incluidas como autorizadas, los métodos de administración de cannabis medicinal permitidos, el tiempo máximo por condición por el cual puede estar vigente una recomendación médica, métodos de rastreo de la sustancia, entre otros.

No obstante, dicha ley es contradictoria al indicar que la Junta estará conformada por cinco miembros: el secretario de Salud, el secretario de Agricultura, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el secretario de Hacienda y una persona de confianza nombrada por el gobernador. De estos, solo el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado –quien practica la neurocirugía- sería el único miembro capacitado pericialmente para analizar las condiciones que pueden ser tratadas.

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Otro aspecto que causa inquietud en la pieza legislativa es que establece que la JRCM tendrá la capacidad de contratar “con cualquier persona, firma o corporación para servicios de consultas o asesoramientos”. Ello inevitablemente arroja la pregunta de por qué no utilizar los recursos ya existentes en el DS para este fin, especialmente en momentos de precariedad económica en el país.

Además, levanta bandera el lenguaje generalizado sobre el tratamiento con cannabis medicinal, toda vez que cada paciente presenta un marco diferente, por lo que requeriría un trato individualizado.

Uno de los usos más comunes del cannabis medicinal en otras jurisdicciones es el tratamiento de condiciones en menores de edad como la epilepsia, pues se ha comprobado que el cannabis es una opción que no produce severos efectos secundarios como lo hacen los medicamentos desarrollados en las farmacéuticas.

Sin embargo, el P.S. 340 establece en su Artículo 8 que “ningún menor de 21 años de edad podrá entrar a un dispensario”, pero no establece si se permitirá su uso entre pacientes menores de edad en alguna localidad alternativa, como podría ser su residencia.

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Si bien la pieza legislativa presentada por el Senado busca llenar las posibles lagunas existentes en el Reglamento 8766, al ser este uno administrativo y no atender las inquietudes legales que pudiera propiciar la industria del cannabis medicinal, lo cierto es que regula minuciosamente casi todos los aspectos del uso, posesión, cultivo, manufactura, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis medicinal.

Asimismo, el P.S. 340 no indica la razón por la cual se pretende derogar el reglamento del DS, excepto por los señalamientos en la exposición de motivos, que solamente catalogan la Orden Ejecutiva como un error de juicio por parte del exgobernador Alejandro García Padilla.

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