20 de Septiembre de 2021

Liga de Ciudades demanda a la Junta de Supervisión Fiscal

Por el 15 de Marzo de 2021

(succo/Pixabay)
(succo/Pixabay)

Un grupo de 27 municipios representados por la Liga de Ciudades (LC) presentó una demanda ante la jueza federal, Laura Taylor Swain para que se ordene al gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que libere los cerca de $340 millones que varias agencias le han retenido a los ayuntamientos para el pago de una deuda que alegan es ilegal.

El dinero corresponde a las remesas que los gobiernos municipales debieron haber emitido entre mayo de 2019 hasta abril del 2020 por concepto del plan de salud, Vital y las aportaciones a las pensiones de sus empleados jubilados como parte del programa “Pay Go”. Dichas aportaciones se detuvieron en mayo del 2019 tras la aprobación de la Ley 29 que restituía el Fondo de Equiparación, un pote de dinero distribuido entre los ayuntamientos que es administrado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y les eximía de hacer aportaciones al plan de salud del gobierno, además de no exigirles que pagaran de las arcas municipales las pensiones de sus empleados.

En abril del 2020, la jueza Swain, que tiene ante su consideración todos los asuntos relacionados al tema fiscal del gobierno de Puerto Rico y la implantación de la Ley Promesa, acogió el planteamiento hecho un año antes por la JSF de que la Ley 29 era contraria a la Ley Promesa. El tribunal emitió una orden el 15 de abril de 2020, resolviendo que la Ley 29 era “inaplicable y sin efecto” y “prohibió permanentemente [a los acusados] implementarla y hacerla cumplir”. Sin embargo, la Corte retrasó la fecha de vigencia de la Opinión y Orden hasta el 6 de mayo de 2020.

El argumento de la Liga de Ciudades es que la orden de la jueza Swain no era retroactiva. “Los municipios actuaron de acuerdo con lo que era ley en ese momento”, reclamó el licenciado Guillermo Ramos, abogado de la Liga. “Debido a que los actos realizados por los municipios y el CRIM eran válidos durante el periodo en que la Ley 29 estuvo en pleno efecto, las deudas reclamadas por los demandados no existen”, plantea la demanda.

La Liga de Ciudades es una entidad sin fines de lucro creada fuera de líneas partidistas para fortalecer la capacidad entre municipios y comunidades para enfrentar mejor los desafíos sociales, estructurales, fiscales y de gobernanza. Actualmente, la Liga cuenta con una membresía de 27 de los 78 municipios de Puerto Rico, y está dirigida por una Junta de seis alcaldes y alcaldesas.

La demanda incluye a varias agencias entre ellas el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y a Luis M. Collazo en su capacidad de administrador de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La interpretación de la JSF es que la jueza Swain declaró invalida la Ley 29 desde el inicio y por tanto los pagos que se dejaron de hacer durante el periodo previo a la orden son reclamables como deuda.

Como remedio, la Liga de Ciudades le solicita al tribunal que resuelva que son inexistentes las deudas que reclaman el CRIM, ASES y el Sistema de Retiro, basados en la interpretación incorrecta de la Junta. Asimismo, solicitan que declare como ilegales las retenciones hechas por estas entidades contra los municipios bajo el pretexto de recobrar deudas, y que les prohíba a los demandados de intentar cobrar lo que corresponda al periodo del 17 de mayo de 2019 al 6 de mayo de 2020 durante el cual el estatuto estuvo en pleno vigor. Por último, la demanda solicita que la corte le prohíba a la Junta su interferencia con las responsabilidades fiduciarias que tienen el CRIM y Aafaf hacia los municipios.

En diciembre pasado, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, le envió una carta al director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer en la que establecía que esa entidad debía continuar realizando los pagos al sistema de retiro aún cuando los municipios se propongan impugnar la determinación de la jueza Taylor Swain. 

“Nosotros somos conscientes, sin embargo, de que algunos municipios instruyen al CRIM a no remitir los fondos al sistema de retiro porque se proponen impugnar el monto facturado. Entendemos que ante el desacuerdo, el CRIM retiene los fondos pero no los remite al sistema de retiro, en espera de que la impugnación sea resuelta. Esta práctica viola los planes fiscales certificados para CRIM y para el gobierno, que disponen que el CRIM debe retener y remitir al sistema de retiro los montos de las facturas mensuales para garantizar que los municipios cumplen con sus obligaciones de PayGo. Asegurar la financiación adecuada de los sistemas públicos de pensiones es fundamental para lograr estabilidad financiera para Puerto Rico”, sostuvo Jaresko en la carta.

La directora ejecutiva de la LC, planificadora Cristina M. Miranda Palacios sostuvo que los municipios cumplieron con la contribución a los planes de pensiones de empleados municipales y que los costos de los servicios de salud son una obligación del gobierno central, por lo que los municipios deben ser liberados de este pago y reembolso.

Según Palacios, en el Plan Fiscal 2017 se había dispuesto que para compensar la eliminación del Fondo de Equiparación, que representó la pérdida de $350 millones para los municipios, se crearía una nueva medida financiera que permitiría llenar un fondo con hasta $426 millones.

“Pero el nuevo fondo nunca se creó. La Ley 29 no fue un rescate para los municipios, sino un rescate para el gobierno central que no pudo proporcionar esa nueva herramienta financiera que se incluyó en el Plan Fiscal aprobado por la JSF para cubrir la pérdida sufrida por los municipios”, dijo Palacios.

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