19 de Septiembre de 2019

Llevan al foro internacional violaciones de derechos humanos en Puerto Rico

Por el 5 de Diciembre de 2017

Una delegación de 35 personas, entre ellos representantes de más de 25 organizaciones comunitarias, instituciones académicas y profesionales de distintas disciplinas, se aprestan a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR, en inglés) en Washington DC un informe sobre la actual crisis de derechos humanos que atraviesa Puerto Rico luego del devastador paso de los huracanes Irma y María.

El informe, titulado “Desastres naturales, contaminación y desigualdad en Puerto Rico” y que fue dado a conocer públicamente hoy, incluye sugerencias para enfrentar la crisis tales como una moratoria y reestructuración de la deuda pública ascendente a $74,000 millones, y la derogación de ley federal Promesa y de las leyes de cabotaje.

Además, se vislumbrará la posibilidad de lograr una paridad en los fondos federales de salud, una moratoria en la presentación o continuación de todo procedimiento judicial de desahucio y de ejecución de hipotecas, que se haga público el plan de manejo de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) esbozado previo al huracán María, la ayuda humanitaria recibida y los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, incluyendo el detalle de los contratos otorgados bajo estado de emergencia y que el Gobierno de Puerto Rico implemente los protocolos efectivos para el manejo hospitalario y de cadáveres en situaciones de emergencia y desastre.

Los portavoces destacaron que lo más preocupante es que los efectos más devastadores en materia de salud, salud mental y salud pública en general aún están por verse y solo se escucha una junta fiscal insistente en recortes a servicios sociales para cumplir con el pago de la deuda como su única preocupación.(Suministrada)

Asimismo, se exigirá que se adopten e implementen estándares de acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública, especialmente durante el manejo de la crisis humanitaria y en el proceso de la recuperación del país.

“Puerto Rico se encuentra ante una crisis humanitaria sin precedentes en su historia, que agravó las ya precarias condiciones en que se encontraba su infraestructura y su economía, así como la situación de pobreza y desigualdad en que estaba sumida la población”, aseguró Yanira Reyes, decana académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Durante la visita a la capital estadounidense, tres líderes comunitarias asumirán por primera vez el rol de portavoces en la audiencia temática ante la IACHR para presentar el informe que elaboraron de forma colectiva las organizaciones del país. Con datos, testimonios, estadísticas, noticias y análisis, el grupo evidenció las distintas denuncias y exigencias.

Aunque los esfuerzos tienen como eje la situación actual de Puerto Rico tras el paso de los fenómenos atmosféricos, también se enmarcará la crisis humanitaria previa debido a la deuda, profundizada por la aprobación de Promesa y la creación de la junta de control fiscal.

“La catástrofe natural que vivimos en los pasados meses sacó a relucir ante muchos ojos las realidades que sufrimos muchos ciudadanos y agravó las condiciones desiguales que hemos vivido durante décadas muchas poblaciones marginadas de Puerto Rico”, aseguró Modesta Irizarry, residente de Loíza, madre y líder comunitaria con una larga trayectoria de autogestión.

“Los desastres naturales y la forma en que los ha manejado el Gobierno han empeorado los atropellos a nuestros derechos y es muy importante denunciarlo ante estos foros, porque puede ser de vida o muerte para muchos no actuar”, agregó.

De otro lado, Marinilda Rivera Díaz, quien formó parte del comité que elaboró el informe de los derechos a la salud, denunció que no se están garantizando servicios básicos a la ciudadanía.

“No garantizar el acceso a los servicios básicos como electricidad, agua y alimentación durante la emergencia supone graves violaciones a los derechos y ocasionan serios cuestionamientos a los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos, así como a la junta de control fiscal”, denunció Rivera Díaz.

Los portavoces destacaron que lo más preocupante es que los efectos más devastadores en materia de salud, salud mental y salud pública en general aún están por verse y solo se escucha una junta fiscal insistente en recortes a servicios sociales para cumplir con el pago de la deuda como su única preocupación.

Otra exigencia es que tanto la IACHR como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comuniquen entre sí para que desarrollen acciones conjuntas sobre los derechos de la sociedad puertorriqueña.

Esta es la tercera ocasión que el grupo solicita que se realice una visita a Puerto Rico para que evalúe la situación general de derechos humanos en Puerto Rico, y en particular sobre los efectos de la deuda pública y las políticas fiscales de austeridad en los derechos de la población.

Se indicó además que esta visita no se ha concretado porque el Gobierno de Estados Unidos no ha realizado el trámite requerido.

“Es evidente que hay una gran preocupación internacional. Solo se conceden audiencias a menos de una tercera parte de las denuncias que se presentan ante la comisión. Es muy difícil que la Comisión conceda una audiencia a los denunciantes, y este año sería el tercero en que se concede a Puerto Rico”, concluyó Annette M. Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

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