Lo más importante del nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico

Por Eva Lloréns Vélez el 25 de Enero de 2018

El nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico proyecta una caída en el producto nacional bruto este año de 11.2%, para luego aumentar en años subsiguientes al contar con la entrada de sobre $57,000 millones en ayuda federal de desastre y dinero por reclamaciones de seguros.

Para el 2019, el producto nacional bruto aumentaría un 7.6% para luego decaer un 2.4% en el 2020.

El documento, el cual tiene que ser certificado por la junta de control fiscal, no contempla cambios en los planes de pensiones de los empleados gubernamentales ni pagos en el servicio de la deuda, debido a que este último renglón tiene que ser determinado por los tribunales.

La reducción a los subsidios otorgados a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico (UPR) continúa bajo el nuevo plan fiscal, pero en vez de eliminarse los subsidios en dos años, el término se alarga a cinco años.

“Sobre las pensiones, nuestra posición es de no recortes y por eso no lo incluimos en este proceso. Hemos tenido una diferencia en el pasado […] Es uno de los sectores más vulnerables”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

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Como parte del esfuerzo para promover el desarrollo económico, el plan contempla una reforma tributaria local que, entre otras cosas, eliminaría el impuesto de negocio a negocio (business to business) y la reducción en el tributo que se paga por las comidas preparadas, para hacer a la isla más competitiva ante el impacto de la reforma contributiva federal, que se estima tendrá un impacto local de hasta $1,800 millones por los próximos cinco años.

Esta reforma contempla la creación de un código de incentivos y la “desregulación” para facilitar realizar negocios en la isla.

Además de implantar reformas gubernamentales y de manejo de ingresos que se prevén traerán sobre $3,000 millones en ahorros, se maximizará el uso de la tecnología. En un esfuerzo por subir la participación laboral a más del actual 40%, se reformará el sistema de beneficiencia para que personas hábiles participen del mercado laboral sin impactar a las poblaciones más vulnerables que no puedan trabajar.

El documento, hecho público al filo de la medianoche del miércoles, sustituiría el plan fiscal a 10 años aprobado por el ente rector de las finanzas públicas del país en marzo pasado.

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Luego de que los huracanes Irma y María devastaran la isla, la junta ordenó al Gobierno que revisara el documento para tomar en consideración el daño a la economía y la incapacidad de obtener recaudos. Según el gobernador, el nuevo plan fiscal está diseñado sobre las bases de reformas estructurales y fiscales cuyo objetivo es revitalizar la economía.

En una mesa redonda, Rosselló Nevares divulgó parte del plan a algunos medios en conjunto con el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, y Christian Sobrino, el representante del gobernador ante el ente rector.

El nuevo plan fiscal comienza realizando un recorrido en torno a la situación actual de la isla, la cual se compara con otras jurisdicciones. La deuda al 2016 se ubica en $69,000 millones.

Reducción de población e inflación

El documento proyecta una reducción de 10% en la población de Puerto Rico por los próximos dos años, tendencia que continuará pero de forma moderada. Sobrino dijo que se llegó a esa cifra en parte por datos de lo que ha sucedido en otras jurisdicciones así como del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), y por información de otros estados. La reducción en la poblacion podría traer un aumento en los productos o inflación de 2.1%.

Rosselló Nevares destacó que la visión de transformación socioeconómica de la isla, la cual está encabezada por un nuevo modelo de gobierno, se modificó para tomar en consideración añadir la necesidad de una infraestructura más resiliente con la política de “Build Back Better”, que traerá fondos adicionales de reconstrucción para Puerto Rico. El gobernador dijo que a nivel local se encaminará un nuevo código de construcción para reforzar sus reglas.

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Como parte del plan, se crearía una oficina central de reconstrucción, en inglés CRRO, para coordinar en una sola entidad todos los esfuerzos de reconstrucción y para viabilizar acuerdos de alianzas público-privadas.

Aunque Puerto Rico solicitó unos $94.4 mil millones en asistencia federal para desastre, el nuevo plan fiscal asume que solo $35.3 mil millones se recibirán bajo el programa de ayuda de FEMA. Además, se toma en consideración unos $21.9 mil millones en reclamaciones a aseguradoras. Sobrino dijo que el programa de FEMA ya está legislado y tiene historial de ser aprobado por el Congreso.

“Si ya se tiene esa proyección, pues ese capital va a venir para Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares.

El Gobierno contribuirá unos $1,400 millones a los costos de reconstrucción en los próximos cinco años, pero esas cifras no contienen cantidades relacionadas a la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Al presente, el Gobierno ha solicitado que se le exima bajo la Ley Stafford de tener que parear o compartir gastos. De no lograrse, la administración Rosselló Nevares ha solicitado el uso de fondos CDBG-DR para poder hacer el pareo.

Reformas estructurales

Dado el panorama fiscal futuro, Rosselló Nevares dijo que el plan contempla una serie de iniciativas de transformación en el gobierno y económicas que generarían unos $3,000 millones en ahorros. El primero es un nuevo modelo gubernamental que contempla la reorganización, principalmente de los Departamentos de Educación, Corrección y Salud para lograr ahorros que irían de los $334 millones en el 2019 y proseguirían en aumento cada año hasta llegar a los $1,264 millones en el 2022.

También se reformarán las compras del gobierno para lograr ahorros de $12 millones en el 2019 y otros ahorros en los próximos años hasta llegar a los $43 millones en el 2022. “Estamos tratando de conseguir economías de escala para los diferentes renglones”, sostuvo Portela.

El plan contempla la reducción en subsidios a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios pero por un espacio de cinco años, diferente al plan actual que es de dos.

La nueva reforma de salud contempla que ocurran ahorros de $49 millones este año hasta escalonadamente llegar a $800 millones en el 2022.

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Además, el plan cuenta con medidas para asegurar que se cobren impuestos sin aumentarlos. Estas traerían entre $65 millones en el 2018 y llegarían a los $415 millones en el 2022.

El plan contempla reformas estructurales adicionales a las que ya se había comenzado, tales como la reforma laboral y de permisos y Enterprise Puerto Rico, así como las alianzas público privadas.

“Las otras iniciativas que irán en esa dirección son aquellas que nos ayudarán a hacer negocios como el Código de Incentivos, que es para racionalizar los incentivos, separar los incentivos de los subsidios y a medida que el capital que tengamos para ello, se usen los incentivos para las industrias que tengan unreturn of investment”, dijo Rosselló Nevares.

Por otra parte, el plan contempla una reforma energética para permitir mayor competencia y la maximización del uso de la tecnología para ofrecer servicios. Además, establece una reforma para la fuerza trabajadora que daría entrenamiento a esta. Se prevé traer el “earned income tax credit” para motivar a las personas a integrarse a la fuerza laboral.

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“El EITC aunque es una medida contributiva, su enfoque es tratar de aumentar la participación laboral de Puerto Rico. Si ese numero no aumenta, Puerto Rico continúa en un espiral de crecimiento porque ninguna economía puede sostenerse en un tiempo prolongado con un nivel tan bajo”, dijo Sobrino.

De igual forma el “welfare reform” o reforma de beneficiencia, contempla el no colocar a los individuos en posición de decidir entre irse a trabajar o recibir sus beneficios.

Reforma contributiva local

Sobre la reforma contributiva local, el gobernador dijo que todavía se estaba trabajando pero que se reduciría el “business to business” de 4% a 2% para luego eliminarlo y proceder con una reducción del impuesto de ventas y uso a las comidas preparadas a un 6% en el año fiscal 2019.

“Hay otras medidas de ‘income tax’ individual y otras medidas de ‘income tax corporation’ que están en evaluación”, dijo el gobernador.

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No obstante, Rosselló Nevares dijo que las medidas reducirán la brecha entre ingresos y gastos, pero que se quedaría una de entre $2,000 y $3,000 millones, aunque aseguró que el plan contempla un presupuesto balanceado al final del término.

Las desregulaciones propuestas, de otra parte, se realizan para facilitar el hacer negocios en la isla. Por ejemplo, el plan propone liberalizar la actual Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisiones y eliminar obstáculos a licencias para que los individuos puedan entrar al mercado, explicó Sobrino.

A preguntas de la prensa, Sobrino dijo que el plan tiene un “debt sustainability measure”. Este consiste en un análisis para minimizar impagos y poder regresar a los mercados de capital.