28 de Mayo de 2020

Maniatada la oficina del FEI para investigar a Héctor O’Neill

Por el 7 de Marzo de 2017

A pesar de la gravedad de los hechos que se le imputan al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por hostigamiento y abuso sexual en contra de una empleada del ayuntamiento, hoy la presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, reiteró que está impedida por ley de investigar al ejecutivo municipal, a menos de que surja un referido de Justicia.

Cotto Vives explicó en entrevista con Caribbean Business que, en enero, su oficina archivó una querella en contra del alcalde de Guaynabo por pedido bajo juramento de la propia víctima y, según la ley del FEI, actualmente están maniatados a investigar por iniciativa propia.

El archivo se hizo luego de que la OPFEI emitiera una orden protectora en favor de la fémina y que prohibía a O’Neill acercarse, llamar o enviar mensajes de texto a la empleada del municipio.

(CyberNews)

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“Ella (la víctima) fue primero al foro federal (a la Unidad Anti Discrimen del Departamento del Trabajo federal). Vino por primera vez a donde nosotros en diciembre de 2016, se le orientó y ella presentó una querella formal bajo juramento el 20 de diciembre. Antes de esa fecha la señora nunca había venido a nuestras oficinas, así que era falso cuando se decía en la prensa que en las oficinas del Panel del FEI había una querella durante el proceso de las elecciones. Lo que trascendió en el proceso eleccionario fue la querella que estaba en el foro federal”, dijo Cotto Vives.

¿Qué hizo su oficina con la querella bajo juramento que presentó la empleada del municipio en contra de O’Neill?, preguntó este medio a la presidenta de la OPFEI.

“El 21 de diciembre, un día después de ella presentar la querella bajo juramento, la División Administrativa le envió un informe urgente al panel diciendo que había recibido la querella con las alegaciones de la señora. El 22 de diciembre, el Panel emitió una orden protectora, que es equivalente a la orden de protección de la Ley 54, prohibiéndole al alcalde el acercamiento a la querellante, prohibiéndole llamarla o enviarle mensajes de textos, prohibiéndole ir a la oficina municipal donde labora la señora y establecimos que si el alcalde tenía que hacer una gestión en la oficina donde trabaja la señora tenía que ser por conducto de la vice alcaldesa. Nosotros actuamos rápido”, respondió.

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A los cinco días de entrar en vigor la orden protectora en favor de la víctima y en contra de O’Neill, la mujer policía de Guaynabo se comunicó con las oficinas del FEI, según Cotto Vives, y pidió que se desestimara la querella “de forma irrevocable” mediante un escrito bajo juramento.

“En ese escrito –que está fechado bajo juramento el 27 de diciembre– dice que ella llegó a un acuerdo transaccional con el alcalde y que ese acuerdo es confidencial. Ella solicita en ese escrito dejar sin efecto la investigación sobre la querella que presentó ante nosotros. La querella tiene diversas versiones de lo que ella presentó en el foro federal, pero no puedo entrar en los detalles porque ella solicitó que fuese confidencial”, indicó.

De la declaración jurada de la víctima enviada a la OPFEI, según Cotto Vives, se desprende que la mujer alcanzó un acuerdo con el alcalde de Guaynabo de forma libre y voluntaria sin mediar coacción.

“Ella pidió que la orden protectora que nosotros emitimos el 22 de diciembre la dejáramos sin efecto, porque el acuerdo transaccional al que ella llegó con el alcalde incluía el acomodo razonable en el trabajo. Dijo que no está disponible para declarar en ningún foro administrativo ni judicial en ningún caso administrativo, ni civil, ni criminal. Ella pide que esta decisión se entienda que es cosa juzgada”, detalló.

Tras recibir la nueva declaración jurada de la víctima, la directora de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la OPFEI se comunicó con la querellante y quedaron en discutir el tema el 11 de enero.

“Ese día la directora conversa con la víctima y le pregunta si transcurrido varios días aún se reafirmaba en su decisión y ella respondió que sí y que quería cerrar ese capítulo en su vida. Se le preguntó nuevamente si esa decisión era libre, voluntaria o si había mediado coacción o intimidación o si alguien la presionó y ella dijo que no. Dijo que su decisión fue libre, voluntaria y con conocimiento de los hechos”, relató Cotto Vives.

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Acto seguido, el Panel del FEI –compuesto por los exjueces Ismael Colón Birriel, Rubén Vélez y Cotto Vives recibieron un informe que incluía la declaración jurada de la fémina y es entonces, según relata la presidenta del FEI, que deciden emitir una resolución acogiendo la voluntad de la víctima del líder municipal y disponiendo el 12 de enero que se archive el caso.

“La señora pidió que el caso permaneciera confidencial, y es por eso el contenido de la querella se queda confidencial. Hay gente que le interesa tergiversar todo y se le falta a la verdad. Todo el mundo puede hacer su análisis de los hechos, pero tienen que ceñirse a los documentos que están en el récord. Los documentos tienen fecha y hora y esa es la verdad”, puntualizó Cotto Vives.

Estamos impedidos de actuar motu propio por disposición de la Ley 2 de 1988 en conjunto con el plan de reorganización #1 del 2012. El Panel no puede iniciar investigaciones y la ley dice que de la única forma –si es administrativo– tiene que haber un querellante, y si es criminal tiene que venir por referido de Justicia, Ética o las autoridades federales. No podemos actuar por nuestra propia voluntad”, reiteró.

Actualmente, Justicia realiza una investigación preliminar en contra del alcalde de Guaynabo por los supuestos hechos de hostigamiento y abuso sexual que se alegaron en su contra en una querella ante del Departamento del Trabajo federal. Una vez concluya, tendrá que referir sus hallazgos al Panel del FEI.

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