27 de Mayo de 2020

Más de dos años sin que atiendan el deterioro de la UPR por el huracán María

Por el 18 de Diciembre de 2019

Estado de la biblioteca del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. (Suministrada)

Por Víctor Rodríguez Velázquez

Un recorrido por los once recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) termina con un inventario de salones clausurados por hongo, planchas de zinc sueltas, bibliotecas con funciones a medias, ascensores fuera de servicio y techos con goteras, daños que 30 meses después del huracán María, todavía enfrenta la comunidad universitaria.

A la precariedad de la infraestructura, se suma la falta de materiales, equipo de limpieza, y una lista de trabajos que contratistas privados han dejado a medias.

Todo lo anterior fue constatado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en visitas hechas entre septiembre y noviembre de este año a los once campus del sistema universitario público y luego de más de 20 entrevistas a representantes de diversos sectores de la comunidad universitaria, incluida la administración de la institución. El presidente de la UPR, Jorge Haddock, no estuvo disponible durante meses para una entrevista con el CPI.

A dos años del huracán María, la UPR solo ha recibido el 0.41% del dinero de recuperación solicitado.

Las pérdidas de categorías temporeras en los once recintos y la Administración Central totalizan $175,799,468 millones, según Carlos Marrero Miranda, director asociado de finanzas y director de seguros de la UPR. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) añadió que en mejoras permanentes, la UPR reclamó aproximadamente $805,000,000 millones adicionales. Al sumar los proyectos de todas las categorías, la institución ha solicitado unos $980,799,468 millones, según datos suministrados por FEMA al CPI. De ese estimado, FEMA ha aprobado y obligado $87,450,149 millones a la UPR correspondientes a las categorías temporeras (A, B y Z). No obstante, hasta el 16 de diciembre de este año, el COR3 solo ha desembolsado $3,993,236.

Esta escasez de fondos se suma a la amenaza de más recortes a la UPR impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF), que suponen la eliminación de $71 millones para el próximo año fiscal 2020-2021, según el Plan Fiscal de la institución que aprobó la JCF en junio pasado.

Los representantes de la comunidad universitaria afirman que esta política de recortes redundaría en menos fondos para restaurar los recintos.

“La infraestructura cada vez está peor. Las bibliotecas están dañadas. Los laboratorios no funcionan y los salones tienen hongos. ¿A dónde llega el dinero de la matrícula y de FEMA? Porque es más dinero en esas partidas, pero los recintos cada vez se caen más”, cuestionó Marina Rodríguez, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras. Rodríguez se refirió al aumento de matrícula que experimentaron los estudiantes en agosto de 2018, cuando se subió el costo del crédito subgraduado de $56 a $115.

Los recintos de Mayagüez, Río Piedras y Humacao fueron los que más daños y  pérdidas reportaron luego del huracán. Son, además, los que aún tienen más problemas evidentes en su infraestructura, según observó el CPI.

El recinto riopedrense, por ejemplo, reportó pérdidas estimadas en $42,443,025 millones.

Al caminar este campus, sus exteriores exhiben aceras limpias, jardines recién podados y algunas paredes con pintura fresca. Sin embargo, si se entra a algún edificio como la biblioteca José M. Lázaro, la escena es otra.

El olor a humedad impacta tan pronto las puertas de cristal se abren. Todavía caen gotas desde el techo en varios lugares de la biblioteca. En medio de algunos pasillos, pueden verse zafacones y cubos para recoger el agua. También hay máquinas deshumificadoras para tratar de mitigar hongos.

A la biblioteca acuden diariamente estudiantes y profesores para consultas, investigaciones o simplemente para estudiar en un ambiente tranquilo y lejos del bullicio. Pero hoy día, este lugar apenas funciona.

En el primer piso, la sala de servicios bibliotecarios para personas con impedimentos está clausurada. Si se mira tras los cristales de sus puertas, no hay nada dentro. Parece atravesar un proceso de reparación, pero allí no había nadie el día del recorrido. Solo cables, lámparas y tuberías colgando desde el techo. A la izquierda de la entrada, una nota en papel lee: “Nos mudamos al Centro de Estudiantes al lado de OAPI (Oficina de Asuntos Para las Personas con Impedimentos)” y un número de cuadro telefónico con una extensión. Llamar en tres ocasiones no rindió fruto.

Al subir al segundo piso de la Lázaro, el panorama es peor. La Sala Zenobia y Juan R. Jiménez, uno de los centros de investigación más importantes para estudiantes de Estudios Hispánicos y Literatura, está cerrada. En su interior, los anaqueles de libros están amontonados. En el techo faltan plafones y la vista alcanza a contar al menos nueve zafacones para recoger agua. Si se necesitan servicios de esta sala, un letrero en su puerta manda a los visitantes a acudir a la Colección Josefina del Toro Fulladosa (Sala de Libros Raros).

Unos pasos más adelante, en la Colección de las Artes, la situación empeora. Allí sí se ofrecen los servicios. En el espacio habían cinco estudiantes en mesas y uno en la recepción. Uno de los alumnos llevaba una máscara cubriendo su nariz y boca. El olor a humedad se siente fuerte. Al caminar entre sus anaqueles se ven pequeñas bolsas blancas entre los libros con las que se trata de disminuir el hongo. Algunas de las estanterías están tapadas con plásticos. En una silla, ubica una bolsa negra llena de libros con un papel encima que advierte: “libros con hongo”. Y al fondo, toda una sección completa sin plafones por donde caen gotas que van a parar a un zafacón mucho más grande color azul. En días de lluvia, la filtración es mucho más fuerte, advierte la presidenta del Consejo riopedrense.

El director interino de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de la Administración Central de la UPR, Adrián López Nunci, alega que esta situación mejorará cuando se arregle el techo de la biblioteca, pero dijo que todavía no hay una fecha para iniciar esa reparación.

“Hicimos un comité tipo task force y estamos celebrando reuniones cada 10 días y están participando todos los bibliotecarios de la Lázaro. Levantamos unas especificaciones para publicar, en los próximos 15 días, la subasta para arreglar el techo. Continuaremos reuniéndonos hasta que se termine el trabajo”, explicó el planificador, quien especificó que la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes, publicó la convocatoria el miércoles, 27 de noviembre.

En jaque colecciones históricas en UPR Humacao

Una situación similar enfrenta el campus de Humacao con su biblioteca. Allí, el tercer piso de la estructura que alberga tres salas de colecciones permanece clausurado desde el 2017. Si se le pregunta a la comunidad universitaria de la UPR cuál fue el recinto más afectado por María, todos apuntan hacia Humacao, ubicado en el este de la Isla, por donde entró el huracán. El ciclón dejó allí pérdidas ascendentes a $36,823,370 millones, una cantidad significativa si se toma en cuenta que es un campus mucho más pequeño que el de Río Piedras. Nueve edificios se vieron afectados por los vientos, entre estos, la biblioteca, el teatro y la cancha. Estos dos últimos, ya se rehabilitaron. 

Para la presidenta del CGE de Humacao, Alondra Díaz, la biblioteca debió haber tenido prioridad antes que otras estructuras.

“Estamos funcionando sin un pulmón. Después de María se nos dijo que se abriría el tercer piso de la biblioteca en marzo [de 2018], luego en mayo, y nada. Pasó diciembre y nada. Ya estamos en septiembre de 2019 y seguimos en el vaivén”, lamentó la estudiante de Ciencias Naturales.

Durante el recorrido por el campus de Humacao, el CPI tuvo acceso al tercer piso de la biblioteca Águedo Mojica Marrero. En el espacio hay que caminar despacio para no resbalar en alguno de los charcos de agua que todavía se acumula en días de lluvia. También hay que estar atento a no quedar enredado en algún cable que se desprende del techo. A ratos, hay que taparse la nariz para no asfixiarse por el olor a humedad y hongo.

Además de ser un espacio de estudios, esta parte de la biblioteca mantiene colecciones históricas únicas como las que se guardan en el Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín. Allí, plásticos cubren las mesas llenas de libros amontonados y una máquina deshumificadora trata de recoger la humedad. En todas las salas del tercer piso los conductos de aire están sueltos, los plafones fueron removidos y los equipos, como computadoras y máquina para sacar copias, están tapadas con plásticos.

“Si no se atiende este piso, se van a perder las colecciones. Además, antes los estudiantes tenían más espacios para estudiar e incluso allí trabajaban algunos compañeros. Ahora por la limitación cierran más temprano”, sumó Díaz.

Poco se sabe de la continuidad de trabajos en la biblioteca en Humacao. Este campus se vio involucrado en una investigación por el mal manejo en los procesos administrativos para contratación de empresas que ofrecieron servicios tras el paso del huracán. Los señalamientos provocaron la renuncia del entonces rector interino, Héctor Ríos Maury, en septiembre de este año, luego de que el CPI revelara una auditoría de la Oficina de Auditoría Interna (OAI) de la UPR en la que se confirmó la violación de reglamentos y procesos en la contratación de las empresas Reyes Contractor Group, HOD Investment y West Security Services.

A pesar de que Ríos Maury apeló la auditoría y defendió su gestión en la firma de los contratos con estas empresas, la OAI de la UPR mantiene los hallazgos intactos en su informe presentado ante la Junta de Gobierno de la institución.

Filtraciones también en el RUM

Al igual que en Río Piedras y en Humacao, en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) las filtraciones desde los techos también proliferan y afectan la vida universitaria. El RUM lidera la lista de pérdidas después de María con un estimado de $43,030,691. En este caso, las filtraciones más severas no se ubican en la biblioteca, sino en el edificio de Química.

En los tres pisos de la estructura faltan plafones en el techo. En los pasillos también aparecen cubos y zafacones que recogen las goteras que se intensifican siempre en las tardes, cuando se cumple el consabido presagio de que “en Mayagüez siempre llueve a las 3:00 p.m.”. Esa tarde no fue la excepción.

Maritza Reyna estudia su doctorado en Química en ese edificio. Contó que los plafones los quitaron “hace meses”. Para la estudiante, el problema se intensifica en los baños, donde las goteras aumentan y así, la humedad. Frente a los baños del primer piso un cubo amarillo recogía una gotera insistente que caía desde el techo. Pero en el tercer piso no había cubos, sino bandejas de aluminio. Fueron puestas por los empleados entre las varetas de los plafones y el techo para recoger el agua. Las puertas de los salones tienen manchas de hongo debido a la lluvia, las filtraciones y la humedad.

“Los estudiantes están pidiendo que se revise el edificio de Química para saber si se pueden dar clases ahí porque las condiciones en las que se encuentra son pésimas y pueden atentar contra la seguridad y la salud de los estudiantes”, destacó Widalyn Hernández, representante estudiantil del RUM ante la Junta Universitaria.

Con ella coincidió la presidenta del CGE de Mayagüez, Génesis Arbelo, quien añadió que este y otros reclamos se han llevado ante rectoría y el Decanato de Administración desde 2017 y que solo han recibido excusas.

“Todas las quejas se han llevado ante el rector. Recientemente, tuve una reunión con el Decano de Administración [Omar Molina] y le pregunté sobre el estatus de los diferentes edificios y se nos informó que siguen esperando fondos de FEMA”, comentó Arbelo.

El rector del RUM, Agustín Rullán, aclaró que los problemas en el edificio de Química existían antes del paso del huracán María, por lo que entiende que el dinero que se requiere para la rehabilitación de los techos, ductos de aires y plafones, deberá salir del fondo para mejoras permanentes de la UPR y no de FEMA.

Reconoció, no obstante, que la estructura empeoró luego del paso del huracán, por lo que hubo que revisar el diseño de la remodelación hecho por la firma CMA Architects & Engineers, lo que provocó atraso en el proceso para convocar a una subasta para los trabajos.

No será hasta principios del próximo año cuando se hará pública la subasta. El rector de Mayagüez no pudo precisar si durante la reconstrucción se trasladarán las clases y laboratorios a otro lugares dentro del campus. Estimó que los trabajos en este edificio concluyan a finales del 2020.

Situaciones similares se replican en el resto de los recintos, y afectan las rutinas de estudio de los alumnos.

Así lo ve Leonardo Rosario, presidente del CGE de Cayey, quien señala que los espacios que aún no se restauran en los recintos afectan emocionalmente a los estudiantes.

“Creo que la administración debe estar clara de que moralmente la comunidad universitaria no está igual. Estamos en un proceso de duelo y negación con nuestros recintos”, expresó el alumno.

Administración señala a FEMA y a COR3 por los atrasos

Desde la presidencia de la UPR, la responsabilidad por el atraso en el proceso de recuperación de los recintos se adjudica a FEMA y a COR3, que no han desembolsado todos los fondos de recuperación aprobados para 53 proyectos bajo las categorías A y B y Z de remoción de escombros, protección contra amenaza inmediata y gastos administrativos, respectivamente.

La administración alega que FEMA falló al aplicar como pareo para las categorías A y B unos $38 millones que recibió la UPR del seguro que mantenía con Real Legacy y que pudieron cobrar ant0es de que esta firma se fuera a quiebra. El seguro era de $100 millones. Según Marrero Miranda, el dinero que recibió la institución de la compañía de seguros debe ser destinado a mejoras permanentes y no a mejoras inmediatas.

Aseguró que si FEMA identifica correctamente esos fondos — como le han solicitado desde marzo de este año — el dinero que ya fue obligado llegaría a la institución y se reinvertiría en proyectos de mejoras permanentes.

“No sé si por un error administrativo, pero FEMA aplicó lo que recibimos del seguro a las categorías A y B, que son categorías [para mejoras] temporeras. Llevamos desde marzo solicitando que mueva ese dinero a la categoría que le corresponde. Se ha hecho [la petición] a nivel de FEMA y COR3. Aplicado a la categoría permanente, se pueden liberar esos fondos de las

[categorías]

temporeras”, dijo.

De acuerdo con Marrero Miranda, la UPR no tiene el margen financiero que le permita usar dinero propio para corregir los daños que faltan. Los fondos de FEMA se liberan por reembolso.

“La UPR dispuso de casi $8 millones de su fondo institucional para los daños que había que atender inmediatamente. Esperamos terminar con los proyectos bajo la categoría B a mediados del 2020. Pero, aunque estamos haciendo la tasación para empezar con los [proyectos] de mejoras permanentes, no podemos empezar hasta que FEMA no nos libere todo el dinero que está obligado”, añadió Carmen Bachier Cintrón, vicepresidenta de recursos externos y de investigación de la UPR y quien funge como principal enlace entre la institución y la agencia federal.

FEMA y COR3 se defienden

Juan Muñoz Torres, director de la Oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico, explicó que la agencia no puede aprobar fondos que dupliquen los beneficios que un solicitante haya recibido, por ejemplo, de una compañía de seguros. 

Aclaró, sin embargo, que si el solicitante le presenta a FEMA prueba de la liquidación del seguro, acompañada de un plan de asignación de ese pago del seguro a las obras de emergencia ya realizadas, FEMA — tras una revisión de los proyectos — reasignará los fondos usados en los trabajos de emergencia y los aplicará a los proyectos de mejoras permanentes del solicitante.

El funcionario precisó que FEMA aprobó 11 solicitudes de reembolso de trabajos de mitigación realizados por la UPR y que luego de que FEMA haga su ajuste y COR3 certifique el cumplimiento de las obras, la institución universitaria recibiría $72.8 millones adicionales en reembolsos.

Por su parte, el director ejecutivo del COR3, Ottmar Chávez, se distanció de la pugna al sostener que la agencia que administra no tiene injerencia en el proceso de ajuste que realiza FEMA con el dinero del seguro de la UPR.

Para que los fondos obligados por FEMA sean desembolsados por COR3 a la UPR, la universidad tiene que ajustar el dinero que recibió del seguro para proyectos de recuperación y reconstrucción, explicó el funcionario. Esos ajustes no cambian el total de fondos aprobados por FEMA para la UPR, dijo.

Chávez dijo que el restante del dinero obligado por FEMA a la UPR no ha sido desembolsado porque la UPR no ha subido todos documentos al Sistema de Recuperación de Desastre, no han terminado el proceso de emitir la solicitud de reembolso, no han terminado algún trabajo y porque no han completado el proceso de recopilación de la información de la facturación de sus respectivos proveedores de servicios.

Sin embargo, Bachier aseguró al CPI que la UPR ha cumplido con cada uno de estos requisitos del COR3 para el proceso de desembolso.

Comunidad universitaria señala a la falta de prioridades

Para estudiantes, profesores y empleados no docentes, la responsabilidad de que en los recintos todavía se viva un ambiente post huracán no es solo de FEMA, sino también de la administración universitaria que no ha dado prioridad a corregir la infraestructura para que los trabajos curriculares y extracurriculares se cumplan a cabalidad.

Nueve de los once representantes estudiantiles de la UPR coincidieron en que la administración ha puesto mayor celeridad en la restauración del edificio de Administración Central — ubicado en el Jardín Botánico de Río Piedras — a pesar de que en esa estructura “no se ofrecen servicios directos al estudiantado”.

“Lo que más sigue afectado son [los problemas en] los edificios en los que se dan clases. Tú vas a Administración (Central) y todo se ve bello, pero entra a un salón, a un laboratorio… se pinta como una UPR accesible pero la calidad no la estamos teniendo. Administración tiene calidad, pero los estudiantes no”, señaló la presidenta del CGE de Mayagüez.

De los 53 documentos de trabajo de los proyectos (Project Worksheet o PW, en inglés) aprobados por FEMA hasta el 16 de diciembre de 2019 a la UPR, la Administración Central se beneficia de cuatro. Mientras que en la categoría de mejoras permanentes, cinco de los ocho proyectos adscritos a Administración Central ya están en fase de construcción. Esto contrasta con los once recintos, donde la mayor parte de los trabajos de mejoras permanentes están en fase de planificación, diseño o subasta, y pocos bajo las categorías de construcción o terminados, según un desglose de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de Administración Central al que el CPI tuvo acceso.

Pero el director interino de la Oficina rechazó que se le dé mayor atención al edificio donde trabaja el presidente de la UPR.

“Aquí el único trabajo que se le dio celeridad fue una área con asbesto que por seguridad de los empleados, se encapsuló esa área y se trabajó. Pero más allá de eso la prioridad es el servicio al estudiante”, dijo el planificador. No contestó el señalamiento específico de la proporción de proyectos de la administración central adelantados en comparación con los de los campus.

Gastos de administración burlan orden de prioridades

La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Santana Andino, coincidió con que el atraso en el reembolso de los fondos de FEMA incide en la lentitud de la recuperación en los recintos de UPR. Sin embargo, destacó   que la administración universitaria ha incurrido en gastos exorbitantes que no armonizan con el discurso de escasez de fondos.  

A modo de ejemplo, Santana Andino mencionó la compra e instalación de un televisor y sistema de proyección para la oficina de presidencia de la UPR cuyo costo ascendió a los $26,805.

De acuerdo con la factura de este equipo, en manos del CPI, el televisor marca TRUTOUCH con sistema 4K de 88 pulgadas y de pantalla táctil, fue ordenado por el director de compras de Administración Central, Nelson Quiñones Santiago, el 14 de mayo de 2019 a Audio Visual Concept en Guaynabo. El televisor, los materiales de instalación y proyección fueron entregados el 14 de junio de este año y el equipo fue instalado en la oficina de reuniones del tercer piso de la Administración Central.

“Son lujos innecesarios. El resto del edificio [de Administración Central] contrasta con las oficinas de presidencia que están totalmente renovadas. Vas caminando por los pasillos y te encuentras con cubos de agua para goteras y con manchas en las paredes. Y entonces compran ese televisor porque la presidencia se está moviendo a disminuir el uso del papel, me dijo el Presidente en una reunión. Yo le pregunté ‘¿tenía que ser tan grande?’”, relató Santana Andino.

López Nunci defendió la adquisición del equipo al indicar que se trata de “una inversión dirigida a reducir gastos y generar ahorros producto del uso de papel, traslados o transportación para reuniones, y reducir transacciones y burocracia, mediante este sistema digital”.

“Es un sistema que también existe en otras unidades de la institución y que será utilizado por todas las oficinas adscritas a la Administración Central para beneficio institucional, como parte del plan de trabajo de mejorar la eficiencia y productividad administrativa. La administración está impulsando el uso de herramientas digitales para agilizar los procesos y transacciones, y generar ahorros. Además, beneficia el medio ambiente”, justificó el director interino de la Oficina de Desarrollo e Infraestructura.

Pero el vicepresidente de la Heend, José Torres, recalcó en que no hay concordancia entre los gastos de la Administración Central versus las necesidades obvias en los campus de la institución.

“Ves como en Administración Central hacen movimientos de gastos de dinero que no   corresponden con su misión ministerial. ¿No prefieren estar en una oficina sencilla y mejor darle esos recursos a los estudiantes?”, cuestionó Torres.

Una opinión similar compartío Adrián Rosario, presidente del CGE de la UPR en Utuado, quien cuestionó la necesidad de que la Administración Central otorgara un contrato de $300,000 para publicidad a la agencia Veintinueve de Febrero el pasado 10 de octubre y cuya vigencia se extenderá hasta el 30 de junio de 2020.

“Es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico que nos tripliquen los costos de estudio, contemplen cierres y privatizaciones, atropellen los derechos laborales y destruyan el Sistema de Retiro porque ‘no hay dinero para financiar la educación pública’”, manifestó el estudiante.

No obstante, López Nunci indicó que no es la primera vez que la institución cuenta con los servicios de una agencia de publicidad para una campaña.

“Esta contratación responde a la necesidad de realizar una campaña institucional de reclutamiento de amplio alcance, entre otras iniciativas de mercadeo, dirigidas a incrementar el número de estudiantes de la institución”, argumentó el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez, criticó al Presidente de la UPR por permitir gastos que no son cónsonos con la misión de una universidad, cuando los recortes y los daños por María han limitado a la institución en el fomento de investigaciones académicas.

Precisó que la falta de celeridad en la rehabilitación de espacios, como las bibliotecas, limita el que los profesores tengan lugares para reuniones o discusiones de sus investigaciones con colegas o grupos de trabajo. Rodríguez — que representa a 900 docentes inscritos en la APPU — sostuvo que luego del huracán, varias bibliotecas han cancelado suscripciones a revistas especializadas que sirven de material de apoyo para las investigaciones debido a la falta de fondos.

Empleados de mantenimiento reclaman materiales

Otra voz que se unió al reclamo de reajuste de prioridades fue el presidente del Sindicato de Trabajadores, David Muñoz Hernández, que representa a 1,200 empleados de limpieza y mantenimiento de los once recintos. Dijo que la actual administración no provee los materiales y equipos necesarios que se requieren para mantener la infraestructura de los recintos.

Según el líder sindical, el panorama de las mejoras en la UPR se complica debido a la falta de materiales, la disminución de empleados de mantenimiento y la falta de adiestramiento para que los que quedan cumplan con varias funciones.

“No hay materiales de limpieza. No hay trimers, o los camiones no tienen marbete. Aquí no hay con qué trabajar”, dijo.

Sugirió a la administración universitaria considerar adiestrar a los empleados en otros oficios a fin de que puedan hacer varias funciones en momentos de emergencia, como ocurrió con el paso de María.

Muñoz Hernández añadió que luego del huracán, las tareas de mantenimiento se han atrasado debido a que empleados en los recintos han tenido que rehacer trabajos de empresas subcontratadas que no se hicieron bien o que solo fueron remiendos.

“En Humacao, por ejemplo, llevaron gente a trabajar para hacer trabajo de impermeabilización. Gente que sencillamente no conocen esos procesos, pero que necesitan trabajar. Hicieron una porquería allí y así sucede en todas las unidades y los recintos”, advirtió.

Por eso, Muñoz Hernández explicó que el sindicato ha paralizado obras que se le han delegado a contratistas y que entienden que pueden realizar los empleados de la UPR.

“Nuestro convenio tiene una disposición que nos permite parar los trabajos de cualquier contratista que nosotros podamos hacer”, indicó.

Víctor Rodríguez Velázquez es miembro de Report for America

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