14 de Diciembre de 2019

Más reformas en la agenda legislativa

Por el 18 de Agosto de 2017

Por Cindy Burgos Alvarado y Agustín Criollo Oquero

Tras lograr la aprobación de todos los proyectos y nombramientos enviados para consideración legislativa en su primera sesión extraordinaria, el Ejecutivo se prepara para presentar tres grandes reformas en la segunda sesión ordinaria, que comienza el 21 de agosto: la reforma contributiva, la educativa y la energética.

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, explicó que la reforma contributiva será el proyecto emblemático de la nueva sesión ordinaria y buscará “establecer en Puerto Rico un marco contributivo que incentive la creación de empleos”.

Rosario descartó que el retraso en presentar la medida se deba a cambios para atemperar la propuesta local a la reforma contributiva que elabora el Gobierno de Estados Unidos, ante las implicaciones que esta podría tener para las empresas en Puerto Rico. (Archivo)

Aunque el primer borrador de esta medida se entregó en mayo, según dijo en ese entonces el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, Rosario negó que la presentación del proyecto esté retrasada. “No se ha retrasado, es que se ha hecho un trabajo titánico al ser una reforma. Esta entrará en vigor para el año contributivo 2018, que empieza en enero”, aseguró el funcionario.

Las enmiendas contemplan además una reducción promedio de entre 10% y 20% para los individuos en todos los niveles contributivos. Esto implica que aquellos contribuyentes que pagan la tasa contributiva más alta (33%), por reportar ingresos en exceso de $60,000 anuales, terminarían aportando a una tasa de 23% o 13%, dependiendo de cómo se estructuren los cambios, según detalló el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado esta semana.

La promesa del mandatario incluye también reducir el impuesto entre empresas (business to business) de 4% a 2% como primer paso antes de su eliminación.

Unos 400,000 contribuyentes no tendrían que radicar planillas si se acogen a la retención en el origen de sus salarios, mientras que los trabajadores por cuenta propia deberán ser más cuidadosos y específicos con la presentación de sus gastos.

Asimismo, el Gobierno tiene la mira puesta en mejorar la captación, para lo cual añadirán sobre 200 empleados al Departamento de Hacienda.

Rosario descartó que el retraso en presentar la medida se deba a cambios para atemperar la propuesta local a la reforma contributiva que elabora el Gobierno de Estados Unidos, ante las implicaciones que esta podría tener para las empresas en Puerto Rico. Explicó que, con el propósito de atraer inversión, se creó el Frente por Puerto Rico, que cabildeará en el Congreso la inclusión de la isla en la reforma federal, de manera que los cambios contributivos corporativos no afecten la situación económica actual de las empresas y, posiblemente, los recaudos del país.

Gobernador crea Frente por Puerto Rico para reclamos ante el Congreso

Rosselló anticipó esta semana que durante la próxima sesión discutirá con el liderato legislativo los cambios necesarios al sistema de educación.

“El esfuerzo de reforma educativa va a comenzar tan pronto comience nuestra Asamblea Legislativa en agosto 21. Yo me estaré reuniendo con el liderato legislativo para ir con los pormenores de algunos de estos esfuerzos, pero en general queremos reducir lo que es el trámite burocrático”, indicó el mandatario a la prensa en un recorrido por escuelas el primer día de este semestre escolar.

“Queremos ofrecer mayores oportunidades y opciones a nuestros estudiantes y esos componentes van a establecer lo que sería primordialmente el objetivo de poder tener un sistema de educación que sea precisamente eso, una plataforma para permitirle el desarrollo óptimo”, añadió.

Evalúan cómo será la reforma energética

De otro lado, el secretario de Asuntos Públicos explicó que aún no se ha determinado cómo se presentará la reforma energética, aunque la promesa del primer ejecutivo es atenderla antes de que concluya este año.

“Se están evaluando diversas propuestas. Cuando el gobernador anuncie cuál es el modelo que vamos a implementar, tenemos que hacer el análisis legal para ver si para implementar esa reforma energética hace falta enmendar la legislación vigente”, apuntó Rosario.

Por el momento, lo que se conoce de este renglón es que el mandatario quiere impulsar las alianzas público privadas (APP) para “hacer los cambios que hay que hacer a nivel de generación de energía de Puerto Rico con el capital que no tiene el Gobierno”, dijo Rosario, sin entrar en detalles adicionales de la propuesta.

De acuerdo al Plan para Puerto Rico, la meta es tener un “nuevo modelo energético” que incluya APP participativas y que promueva un programa de mantenimiento de sistema eléctrico y un programa de diversificación de energía.

Sin embargo, cualquier reforma que se trabaje necesita tomar en cuenta que el plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ordenó que el precio del kilovatio por hora debe ser de 21 centavos en 2023, tarifa similar a la que pagan los abonados actualmente. Además deberá considerar el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE mediante el Título III de la Ley federal Promesa, que se discute actualmente junto al proceso de quiebra del Gobierno central ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

Siguen los cambios a la reforma contributiva antes de presentarla

Rosario señaló que el Ejecutivo también tiene en agenda que se aprueben otros proyectos relacionados a las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal, la Ley de Transparencia en la Compra de Medicamentos y una medida para permitir que los policías trabajen con sus uniformes fuera de sus horas de trabajo.

Gobierno pasa su agenda

Mientras, la semana pasada terminó la sesión extraordinaria donde se atendieron varias medidas prioritarias del Ejecutivo.

El proyecto que establece cambios en el pago por derechos para licencias de máquinas para entretenimiento de adultos o tragamonedas; la medida que reestructura el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), una nueva versión del proyecto que reestructurará la Junta de Gobierno del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación (FCTI) y  el proyecto que reforma los Sistemas de Retiro de empleados públicos y de la Judicatura fueron objeto de acalorados debates en los hemiciclos de ambos cuerpos legislativos pero al final todas fueron aprobadas.

El primero de estos proyectos -aprobado en el Senado con 23 votos a favor y siete en contra, y con 27 a favor y 12 en contra en la Cámara de Representantes- fue el Código de Rentas Internas para aumentar el pago anual de las licencias de las máquinas tragamonedas. El aumento será de $100 a $300 para las velloneras, billares y máquinas de juegos de menores de edad y de $2,500 a $3,000 las demás máquinas de entretenimiento.

Se anticipa una intensa campaña por parte de los dueños de estos aparatos para tratar de impedir que el gobernador convierta en ley la medida que proyecta recaudar $69 millones, que son parte del cuadre presupuestario del año fiscal vigente.

De convertirse en ley con la firma del Ejecutivo, el Departamento de Hacienda (DH) tendrá que calcular con exactitud la cantidad de este tipo de máquinas que opera alrededor de toda la isla, uno de los argumentos que utilizaron los legisladores de minoría para oponerse a la medida.

El senador popular José Luis Dalmau Santiago cuestionó el criterio que utilizará el DH para fiscalizar estas máquinas cuando esa misma agencia no sabe con certeza la cantidad de máquinas que actualmente operan en la isla.

Cambios más importantes de la reforma contributiva de Rosselló

“Nadie en el Gobierno sabe cómo operan esas máquinas. Si le preguntan a Hacienda cuántas máquinas tienen registradas, no saben. Y pagan patentes y tienen que tener un registro de todas esas patentes. Hay quien dice que son 20,000, otros que dicen que son 30,000. Hay quien dice que hay más ilegales que legales. Entonces, ¿cómo se trae este proyecto y se dice que va a recaudar $69 millones? ¿De dónde sale la información si el propio Departamento de Hacienda no sabe cuántas máquinas hay registradas?”, cuestionó Dalmau Santiago durante el debate de la medida en el Senado.

Mientras, el proyecto que reestructura el BGF no estuvo ajeno a controversia antes de ser avalado sin enmiendas en el Senado y con algunas enmiendas técnicas en la Cámara. La medida aprobada ahora se dirige hacia el despacho del gobernador para que sea estampada su firma.

El representante penepé Antonio “Tony” Soto Torres explicó que entre los cambios incluidos se encuentra que los ayuntamientos reciban el dinero que se les adeuda por parte del BGF cuando se realice una nueva emisión de bonos por parte de la Autoridad para Reestructurar la Deuda del BGF, ente que sería creado mediante el mismo proyecto.

Por otro lado, las enmiendas propuestas por la propia Junta de Gobierno del Fideicomiso de Ciencia fueron aprobadas en ambos cuerpos  y se espera que la medida sea convertida en ley por el gobernador el próximo lunes, 21 de agosto, según indicó Daniel Colón, uno de los fiduciarios del sector privado parte de la Junta de Gobierno del organismo.

Según había explicado Colón previamente, la enmienda propuesta buscaba cambiar la gobernanza y algunas de las facultades del FCTI. Actualmente, el organismo opera con 11 fiduciarios, de estos seis son escogidos por el sector privado y los otros cinco son representantes del Gobierno. Con las enmiendas aprobadas, el FCTI ahora aumentaría el número de fiduciarios privados de seis a nueve.

Finalmente, también fue aprobado el proyecto que establecerá la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, con la que se espera reformar los sistemas de retiro según las disposiciones del plan fiscal del Gobierno, estableciendo el sistema conocido como “pay as you go” para asumir los pagos de los pensionados.

El nuevo sistema, requerido por la junta de control fiscal, supone que el Fondo General pagará directamente y de manera corriente los beneficios de pensionados cada año, o más de $2,000 millones según las proyecciones.

[ANÁLISIS] Mínimos aún los efectos económicos de la reforma laboral

No obstante, el proyecto no provee para la reducción de un 10% en las pensiones en o antes del 2020, según requirió y reiteró la junta durante su más reciente reunión en Fajardo. El Gobierno, por su parte, asegura que no acatará esta directriz de reducir las pensiones y, por el contrario, buscará honrar el pago del 100% de estas.

Este medio supo que dentro de la junta de control existen cuestionamientos sobre si la medida debe ser certificada, ya que al final la determinación sobre cómo funcionará a futuro el sistema de pensiones del Gobierno lo determinará el tribunal federal durante el proceso de reestructuración de deuda que dirige la jueza Laura Taylor Swain.

image_print

You must be logged in to post a comment Login