29 de Octubre de 2020

Medidas de austeridad trastocan autonomía de la UPR

Por el 13 de Enero de 2017

Múltiples críticas se han levantado en días recientes a los proyectos de Administración PS 211 y el PC 451 que establecen la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” (AAFAF) y “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico” respectivamente.

Entre las críticas a las medidas se encuentran las implicaciones para la Universidad de Puerto Rico (UPR) ya que se está alterando tanto la composición del la junta como las capacidades del gobernador sobre esta.

El PS 211 ha sido fuertemente criticado por entender que es una intromisión indebida a la UPR. El proyecto le confiere a AAFAF grandes poderes fiscales y administrativos sobre la Universidad.

(iStock)

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La medida permitiría a AAFAF designar un síndico en la junta de gobierno de la UPR que también serviría como agente fiscal y estaría a cargo de ejecutar y supervisar el plan así como otros poderes.

El representante estudiantil graduado ante la junta de gobierno de la UPR, Gilberto Domínguez Escalera, cuestionó el por qué las prerrogativas dadas AAFAF sobre la Universidad cuando la misma junta de supervisión y manejo fiscal separa a la institución y le pide un plan fiscal separado del gobierno central.

Por su parte, el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras hizo fuertes denuncias sobre la medida.

“Básicamente este Proyecto [PS 211] del le da poder absoluto al Director Ejecutivo de AAFAF a meterse en cualquier ente de gobierno, botar gente, congelar presupuesto, transferir dineros y derogar reglamentos. En ese caso, la Universidad de Puerto Rico sería vista como una agencia mas donde la intervención política partidista forma parte de la orden del día.”, declaró Wilmarí de Jesús, presidenta del Consejo General de Estudiantes.

Mientras, el presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la UPR José Ángel Morales González criticó que el PS 211 se haya aprobado en el Senado de manera acelerada y sin vistas públicas.

En cuanto al PC 451, que establece varias medias de austeridad en el Gobierno, la polémica más grande surgió por su artículo 26 que establece que “todo miembro de una junta o cuerpo rector de una corporación pública deberá gozar de la confianza del Gobernador de Puerto Rico” y éstos serán del libre remoción del Gobernador”. Este inciso incluye explícitamente a la Universidad de Puerto Rico.

Detractores del artículo indican que esta realidad elimina en la práctica la diferencia entre las agencias del gobierno y los corporaciones públicas y razonaron que el fin de las juntas de gobierno es que sean expertos con un criterio independiente al de la rama ejecutiva.

“Los miembros de las juntas de Gobierno de las corporaciones públicas no pueden responder directamente al gobernador. Esto convierte a las corporaciones públicas en agencias”, aseveró Gilberto Domínguez Escalera. Domínguez Escalera es parte del grupo de estudiantes que ha estado cabildeando en el capitolio por enmiendas a la medida.

Cabe destacar que en el caso de la UPR existe la preocupación adicional de que el artículo 26 merma la autonomía universitaria, lo que podría poner en riesgo su acreditación ya que presupondría una violación a la sección 2 del estándar VII Gobernanza, Liderato y Administración de la Middle State Commission on Higher Education.

En ese documento se indica que la institución deberá gozar de independencia y que sus “miembros deben tener como responsabilidad primaria a la institución acreditada y no permitir que influencias política, financieras u otras interfieran con sus responsabilidades de gobernar [la institución]”. Cabe señalar que este fue uno de los estándares por los que la Universidad cayó en probatoria en el 2010.

Igualmente, se criticó que la medida le daba el poder para remover los miembros electos de la juntas. Domínguez indicó que se enteraron de la disposición cuando el representante de minoría Manuel Natal lo publicó previo al documento y “rápidamente nos movimos para hacer unas enmiendas para excluir a la Universidad”. Cabe señalar que los estudiantes también cabildearon para excluir de la disposición a los miembros electos de las otras corporaciones públicas.

El documento enmendado ya incluye los cambios, librando a los representantes electos de la disposición.  Se espera que el proyecto sea considerado en votación mañana sábado, durante la sesión en la Cámara de Representantes.

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