16 de Octubre de 2019

Millonarias las primeras facturas de profesionales en la quiebra de Puerto Rico

Por el 18 de Diciembre de 2017

El costo para el Gobierno en abogados y consultores que trabajan en los casos de quiebra de Puerto Rico superó los $77 millones al 30 de septiembre, incluyendo más de $2 millones en gastos rembolsables. El saldo que tiene cargo a la chequera pública corresponde a solo cinco meses.

Así se desprende de documentos sometidos en el tribunal federal en la noche del viernes y que detallan el trabajo realizado por parte de distintos bufetes y firmas que participan de los procesos de reestructuración bajo el Título III de Promesa desde sus comienzos a principios del pasado mes de mayo.

Del monto total, el Gobierno ya ha cubierto la mayor parte, o más de $37 millones. Aunque se advierte sobre la precaria situación que se avecina para la caja del Departamento de Hacienda luego del embate del huracán María, el Fondo General reserva unos $400 millones para gastos relacionados a Título III.

Con tarifas que van desde $300 hasta $1,300 por hora, el gasto del Gobierno en apenas cinco meses es casi la mitad de lo que incurrió Detroit durante toda su quiebra. Según el Wall Street Journal, la ciudad desembolsó alrededor de $178 millones en servicios profesionales durante el año y medio que duró el proceso en el tribunal. La quiebra de Puerto Rico —que supera en complejidad y tamaño a la de Detroit— continúa en su etapa inicial, en medio de descubrimiento de prueba y un proceso de mediación entre el Gobierno y sus acreedores que aún no da indicios de ver luz al final del túnel.

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Las reglas de juego de la quiebra disponen que la compensación de los  “profesionales” que contrate el Gobierno, la junta de control fiscal y los comités estatutarios por el trabajo relacionado a los casos de Título III van con cargo al deudor, Puerto Rico. La firma Luskin, Stern & Eisler —quienes a su vez facturaron $327,147— valida periódicamente la compensación de estos bufetes y firmas de consultoría para que luego sean avaladas por el tribunal.

Hasta el momento, poco más de dos docenas de entidades han solicitado a la jueza federal Laura Taylor Swain que autorice el pago por servicios prestados durante el primer periodo, que comprende desde el 3 de mayo hasta el 30 de septiembre.

Conforme al calendario aprobado para atender la compensación de estos profesionales, el último día para solicitar aprobación de las facturas correspondientes a este periodo fue el pasado viernes, 15 de diciembre. Las partes pueden presentar objeciones y la jueza puede atenderlas mediante vista judicial. Las próximas facturas deberán solicitar aprobación para el próximo 19 de marzo.

Más de $22 millones para profesionales de la junta

El bufete Proskauer Rose, que representa legalmente a la junta fiscal en todos los casos de Título III, cobraría unos $15.9 millones en honorarios, más $495,671 en gastos durante el primer periodo de paga. De esta cantidad, ya recibió $14.8 millones, o 90% de la compensación junto a todos los gastos reclamados. Todos los abogados del bufete cobran $730 por hora bajo el arreglo con la junta.

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Los abogados del ente creado por Promesa a nivel local, O’Neill & Borges, facturaron $310,554 con una tarifa promedio de $197 la hora. El pasado comisionado residente, Pedro Pierluisi, trabaja en el bufete y registró unas ocho horas a razón de $390 cada una. Según los documentos, durante este periodo Pierluisi asesoró sobre el proceso de mediación y revisó acciones legales de grupos de acreedores y del Gobierno, entre otros aspectos.

En cuanto a los consultores financieros del ente creado por Promesa, McKinsey & Co. y Ernst & Young, estos solicitaron $5.12 millones y $1.17 millones, respectivamente, durante el mismo periodo de tiempo.

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Aunque el Título III de Promesa dispone que la junta es el único representante de Puerto Rico y sus entidades en los procesos de quiebra, el Gobierno también cuenta con su propia brigada de abogados y consultores que participan activamente en los casos. No es sorpresa entonces que sus abogados, O’Melveny & Myers, cobren a un nivel similar a los de la junta.

Específicamente, las facturas del bufete durante el primer periodo suman $16.3 millones, de los cuales ha recibido $14.8 millones, a razón de una tarifa promedio de $718 por hora. Uno de sus abogados principales, John Rapisardi —quien representó al Tesoro federal en la reestructuración de General Motors, Chrysler y Delphi— es unos de los más activos en el caso de Puerto Rico y cobra entre $900 y $1,100 la hora.

Entretanto, Greenberg Traurig, otro bufete del Gobierno que trabaja mayormente el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), reportó $3.53 millones en compensación solicitada a razón de un promedio de $697 la hora.

En el caso de Deloitte, asesor financiero, sus facturas sumaron más de $7 millones durante el mencionado periodo.

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Caras conocidas

Otro consultor del Gobierno que participa activamente en el proceso es Ankura. Desde principios de verano hasta el 30 de septiembre, la firma de asesoría financiera registró un total de $4.4 millones en trabajos relacionados a la reestructuración de la deuda pública.

Las tarifas por hora que cobra Ankura van desde $330 por asociados hasta $900 por su presidente, Kevin Lavin, quien fuera síndico de Atlantic City, Nueva Jersey, a principios del 2015 en medio de la crisis fiscal que enfrentaba esta ciudad. Allí recomendó la privatización de activos y servicios, incluyendo bomberos, reducir la nómina gubernamental y aumentar las tarifas de agua, entre otras medidas, según un artículo de Reuters.

En la firma legal también trabajan los hermanos Juan Carlos y Fernando Batlle, quienes formaron parte del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la gobernación de Luis Fortuño, y Jorge San Miguel, quien también trabajó bajo esa administración como asesor. Los tres ocupan plazas de directores sénior.

Fernando Batlle y San Miguel figuran entre los profesionales de Ankura que más horas han trabajado en el tema de Puerto Rico. Batlle laboró más de 530 horas a $800 cada una, mientras que San Miguel registró 267.8 horas, a $620 cada una. Según el documento, Juan Carlos Batlle trabajó 83 horas a razón de $620 por cada una.

Costosos los agentes

Una de las disputas clave en la quiebra de Puerto Rico ronda en torno a quién tiene derecho al dinero del IVU que ha ido desde el 2007 a Cofina para pagar los más de $15,000 millones en deuda emitida por la entidad: el gobierno central o los acreedores de Cofina. Con miras a resolver el conflicto, la junta de control fiscal acordó nombrar agentes que representen las dos partes en la controversia.

Bettina Whyte, quien funge como agente de Cofina, cobra $1,100 por hora, pidió $264,460 en compensación y $21,392.16 en gastos por sus servicios desde el 3 de agosto —fecha en que fue nombrada— al 30 de septiembre. De esta cantidad, se le ha pagado $259,406.

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Whyte a su vez tiene abogados, el bufete Willkie Farr & Gallagher, quienes solicitaron $4,8 millones en compensación, con un promedio de $924 por hora. De esta cantidad, se le ha pagado $3,948,612. Entretanto, Klee, Tuchin, Bogdanoff & Stern, asesores de reestructuracion municipal, solicitaron $603,838 a razón de $1,044 la hora.

En representación del Gobierno, se nombro al Comité Oficial de Acreedores No Asegurados (“UCC”, en inglés) como el agente que lo representará en la controversia. El comité también ha buscado activamente en el tribunal que se le permita investigar las causas de la crisis fiscal y auditar la deuda de Puerto Rico.

Desde el 26 de junio hasta el 30 de septiembre, Paul Hastings, abogados del UCC, facturaron $9,345,478, más $133,270 en gastos. De esto han recibido $2,740,545 hasta el momento, con una tarifa promedio de $965 por hora. Asimismo, los consultores financieros del UCC, Zolfo Cooper, facturaron $2,679,638 a un promedio de $568 la hora.

Otros profesionales

Las facturas durante el primer periodo del otro comité oficial que actualmente participa de los casos de Título III, aquel que representa a los retirados, suman casi $3.3 millones. Lidera la lista su bufete Jenner Block con $2.1 millones, seguido por sus asesores financieros FTI Consulting ($665,729); el bufete local Bennazar, García & Milian ($286,933); los actuarios Segal Consulting ($228,780); y el agente de información Marchand ICS Group ($12,443).

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Por otro lado, Phoenix Management Services, quienes fungen como consultores financieros del equipo de jueces mediadores, facturó $802,662 por sus servicios prestados hasta el 30 de septiembre.

Otros profesionales que sometieron documentación al tribunal fueron Nilda Navarro, abogada local del agente de Cofina, con $36,418; y los bufetes locales del UCC, Casillas, Santiago & Torres y O’Neill & Gilmore, ambos con $175,843 y $48,479, respectivamente.

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