6 de Diciembre de 2019

Municipio de San Juan pone a prueba poderes de la junta de control fiscal

Por el 28 de Mayo de 2019

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. (Agustín Criollo/CB)

El Municipio de San Juan demandó a la junta de control fiscal por incluir al ayuntamiento entre las entidades sujetas al control del ente federal.

Esta es la tercera vez desde su creación, que se cuestiona en los tribunales el alcance de los poderes de la junta de control fiscal.

La acción del municipio surge a raíz de que el pasado 9 de mayo, la junta de control fiscal anunciara que ampliaba sus poderes a los 78 municipios de Puerto Rico al designarlos como entidades cubiertas sujetas a su control bajo la ley federal Promesa.

Bajo esa misma premisa, en septiembre de 2016 la junta designó a nueve agencias y corporaciones públicas como entidades cubiertas, incluidas las que actualmente se encuentran el tribunal de quiebras bajo el Título III de Promesa.

En su alegato, el municipio sostiene que la acción de la Junta va más allá de las facultades que el Congreso le otorgó para ayudar al gobierno de Puerto Rico a recobrar su responsabilidad fiscal para poder regresar al mercado de capital.

“Hay dos caminos: el consentimiento o la confrontación”, dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz recientemente al ser cuestionada sobre cómo actuaría ante la junta.

“En San Juan la decisión es clara; no hay espacio para colaborar con los enemigos de San Juan ni con los enemigos del pueblo de Puerto Rico”, insistió la alcaldesa quien además aspira a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático.

La Junta de Supervisión ya ejerce control sobre las políticas presupuestarias y fiscales del Estado Libre Asociado.

Según el municipio, “no hay ninguna razón aparente por la cual la Junta de Supervisión Fiscal también deba ejercer control sobre todas las finanzas municipales para lograr la responsabilidad fiscal de las finanzas del ELA”.

“Significativamente, la Junta de Supervisión no ha ofrecido una explicación racional de por qué designar a todos los municipios de Puerto Rico como entidades cubiertas promovería su propósito legal de lograr la responsabilidad fiscal del Estado Libre Asociado “, afirma la demanda presentada por las oficinas legales de Charlie Hernández; Mariani Franco Law y Winston & Strawn LLP.

En entrevista en el programa Jugando Pelota Dura, Hernández detalló que el municipio no recibe fondos estatales para su operación por lo que su desempeño fiscal no afecta las finanzas del Estado.

Además planteó que luego de que los tribunales determinaran que los miembros de la junta de control fiscal fueron nombrados inconstitucionalmente, sus acciones posteriores a esa determinación carecen de validez legal.

Un juez federal dictaminó en agosto del año pasado que la Junta tenía el poder de imponer la disciplina fiscal en la Isla, a través del proceso presupuestario, pero que no tenía autoridad para exigir cambios a las leyes locales. Sin embargo, el tribunal falló en contra de la Junta cuando intentó designar a un Principal Oficial de Transformación para la Autoridad de Energía Eléctrica tras argumentar que el Congreso no le otorgó a la Junta “el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos del ELA y sus designados.”

La decisión de la junta fiscal de tomar a los municipios bajo su control plantea cuestiones legales porque, según la ley local, los municipios son entidades jurídicas separadas del gobierno.

La demanda dice que “la decisión de la junta socava la estructura de autogobierno de los municipios en virtud de la Ley de Municipios Autónomos. De acuerdo con la demanda, varios hechos indican que la designación de los municipios como entidades cubiertas no tiene nada que ver con la meta de estabilizar las finanzas del ELA. En primer lugar, la Junta de Supervisión Fiscal no necesita controlar los presupuestos municipales para garantizar que no se afecte de manera adversa las finanzas del gobierno. “Esto se puede ver más claramente en los planes fiscales del ELA certificados por la Junta de Supervisión, que reducen las asignaciones a los municipios en un 80% en cuatro años”, afirma la demanda.

“Segundo, incluso si la Junta de Supervisión Fiscal pudiera ofrecer una razón por la cual un municipio en particular podría afectar las finanzas del Estado Libre Asociado, “eso no justificaría tratar a los 78 municipios de Puerto Rico como un monolito, independientemente de su estado financiero o su efecto en el estado general de la economía puertorriqueña”.

“En tercer lugar, el plan de la Junta para la gran mayoría de los municipios desmiente cualquier implicación de que esa designación es necesaria para lograr la estabilidad fiscal del ELA”, sostiene la demanda.

“En la conferencia de prensa donde se anunció la designación, la Junta de Supervisión Fiscal reveló que no tenía planes para 68 de los 78 municipios designados. Más bien, la Junta de Supervisión ha seleccionado a un grupo de 10 municipios para un programa “piloto”. Para cada uno de estos 10 municipios, el gobernador de Puerto Rico, junto con los municipios, debe proporcionar a la Junta de Supervisión Fiscal un “Plan Fiscal Municipal” y un “Presupuesto Municipal”, dice la demanda.

“La selección de estos 10 municipios para atención especial resalta el enfoque irracional y la falta de urgencia en la designación de los 68 municipios restantes. En lugar de realizar una evaluación individualizada de cada uno de los municipios restantes y sus vínculos con la salud fiscal general de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal simplemente los agrupó en una designación amplia e irrazonable”, se planteó.

image_print

You must be logged in to post a comment Login