14 de Diciembre de 2019

Navarro Suárez presenta querella contra Yulín Cruz por financiar protestas privadas

Por el 7 de Septiembre de 2016

SAN JUAN (INS)—El representante Jorge Navarro Suárez anunció hoy la presentación de una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor en contra de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, por utilizar fondos y recursos públicos para manifestaciones y protestas privadas.

Jorge Navarro

Rep. Jorge Navarro Suárez (Archivo)

El escrito se presenta luego de que la alcaldesa capitalina confirmara que se usaron recursos del municipio para las manifestaciones en contra de la junta de control fiscal.

Según el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), el uso de fondos públicos para manifestaciones y protestas privadas “no sólo es inconstitucional, sino que constituye una violación de la Ley de Ética Gubernamental”.

“No importan los méritos o deméritos de las manifestaciones que está llevando a cabo un pequeño grupo de ciudadanos en contra de la junta de control fiscal, lo que no podemos tolerar es el uso de fondos públicos para financiar campamentos y eventos masivos de grupos privados. La propia contralora ha expresado que eso es ilegal”, afirmó el legislador.

Navarro Suárez añadió que “bastantes necesidades de limpieza, fumigación, transportación y mantenimiento general tiene todo San Juan, particularmente las áreas rurales de Caimito y otros que yo represento, para que se estén utilizando los escasos recursos del municipio en financiar protestas. Esto es una falta de respeto contra todos los sanjuaneros”.

“Consideramos que los más de 20 mil dólares que Cruz Soto ha gastado en financiar estas protestas no sólo viola la ley, sino que se aparta de las normas de austeridad que el municipio necesita. Ciertamente se trata de un esquema politiquero ilegal con el fin de resaltar su imagen cara a las elecciones, lo que tiene que parar de inmediato”, advirtió.

Asimismo, el representante negó que la Resolución número 81, aprobada el 8 de abril de 2016 por la Asamblea Municipal capitalina, autorice el financiamiento de protestas y campamentos en contra de la junta de control fiscal.

“Esa resolución limita el uso de recursos municipales a gestiones dirigidas a que el municipio comparezca ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas o el Congreso de los Estados Unidos en repudio de la junta de control fiscal. Ninguna sección de la resolución autoriza el uso de fondos públicos para fines privados, y mucho menos para financiar protestas”, puntualizó.

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