13 de Noviembre de 2018

Negociada casi el 40% de la deuda de Puerto Rico

Por el 14 de Septiembre de 2018
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Con las ya negociadas deudas de $4 mil millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), de $9 mil millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de $16 mil millones de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), Puerto Rico se ha hecho cargo de casi el 40% de su deuda total.

Ahora, el gobierno se enfocará en renegociar su deuda de obligaciones generales que totaliza unos $13 mil millones sin intereses. Así lo dijo hoy jueves Martin Bienenstock, abogado que representa a la junta de control fiscal, durante la vista omnibus del caso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal Promesa.

En la audiencia, la jueza Laura Taylor Swain aprobó una solicitud del Examinador de Tarifas para imponer estándares más estrictos sobre lo que las firmas de asesores y abogados podrán facturarle al gobierno durante el proceso de quiebra. Esto para controlar los gastos legales que se estiman podrían sobrepasar los 1,000 millones en cinco años, según el plan fiscal.

Sin embargo, la magistrada se reservó el fallo en cuanto a una solicitud realizada por el Comité de Acreedores no Asegurados para paralizar la restructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento bajo el Título VI de Promesa. Casualmente, ayer mismo se dio a conocer por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que el gobierno obtuvo el 95% de los votos para poder llevar a cabo dicha restructuración.

El abogado del Comité, Luc Despins, anticipó que ese grupo de acreedores también se opondrá al propuesto acuerdo preliminar de restructuracion de la deuda de Cofina, pues este dejará poco dinero al gobierno para cuadrar su déficit. El acuerdo de restructuración de Cofina podría llegar a los tribunales en diciembre.

La vista judicial comenzó con Bienenstock hablando sobre el informe en torno a las causas de la deuda emitido el mes pasado por la firma Kobre & Kim. El abogado dijo que habrá un enfoque en que tipo de reclamos el gobierno podrá llevar a los tribunales para traer mas dinero a las arcas del gobierno.

También se supo que la Autoridad de Energía Eléctrica no necesitará otro préstamo del fondo general ya que actualmente recibe $65 millones semanales.

Alivio para los municipios

Los abogados del gobierno, de otra parte, defendieron el acuerdo de restructuracion del BGF. Bajo el acuerdo y al cierre de este, se aplicará la cantidad total (100%) de los depósitos de cada municipio en el BGF contra el balance de cualquier préstamo que dicho municipio adeude al BGF.

El acuerdo conlleva una estructura simplificada mediante la cual los acreedores financieros del BGF intercambiarán sus reclamaciones por una sola serie de los nuevos bonos con una relación de intercambio inicial de 55%. Además del alivio que se proveerá a los municipios conforme a este acuerdo, el emisor de los nuevos bonos recibirá activos adicionales para responder por el repago de la deuda reestructurada. Los fondos o depósitos del BGF se transferirian a una nueva entidad y liberaria al BGF de demandas.

“Este acuerdo dará un alivio a los municipios…Este acuerdo debe de ocurrir”, dijo el abogado Peter Friedman, quien representa a Aafaf.

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El Comité de Acreedores no Asegurados rechazo el acuerdo porque impediría que los acreedores de distintas agencias pudiesen demandar al BGF por sus actos como asesor fiscal del gobierno. El acuerdo no solo libera a los exfuncionarios del BGF de demandas en su contra, sino que impediría reclamaciones por parte de acreedores de otras agencias contra el banco. El Comité sostuvo además que el ELA no puede aprobar una ley para liquidar el BGF como lo es la Ley 109 del 2017 porque la misma va en contra de Promesa y del Código de Quiebras.

Bienenstock argumentó que el Comite de Acreedores no Asegurados no tiene legitimación activa o “standing” para detener el acuerdo. “Ellos quieren imponer su criterio sobre el de la Junta…Quieren ser la Junta por un término”, sostuvo.

A preguntas de Swain, sin embargo, Bienenstock admtio que la Junta no ha evaluado si la Ley 109 del 2017 es cónsona con Promesa.

El abogado aseguró que la exoneración contra demandas no cubrirá ningún acto que no haya sido llevado a cabo de buena fe pero dijo que el alcance de las reclamaciones se aclararía el martes en una vista sobre el informe de Kobre & Kim.

Restringen tarifas de abogados y asesores

De otra parte, la jueza Swain aprobó una orden solicitada por el Examinador de Tarifas que restringe lo que los abogados y asesores pueden facturarle al gobierno por sus servicios. El Examinador se quejó de duplicidad de trabajos. A modo de ejemplo, en su solicitud, el Examinador mencionó que antes de que en julio se desestimara una demanda de los bonistas, quienes impugnaban la constitucionalidad de la Junta, cuatro distintas entidades defendieron la constitucionalidad de Promesa en un esfuerzo que requirió cinco firmas de abogados.

Una abogada que representó al Examinador de Tarifas en la vista comentó que licenciados facturaron hasta por el tiempo que invirtieron en llamarla para aclarar dudas sobre lo que debían o no facturar. Como parte de la orden emitida por la Jueza, solo se compensará hasta dos abogados que asistan a vistas de mediación o a vistas en los tribunales. Solo se compensará hasta un abogado o ayudante que se asigne a realizar investigaciones legales.

Cada firma de abogados o consultoría tambien tiene que demostrar la razonabilidad de sus facturas.

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