25 de Abril de 2021
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“No hay delito” de parte de la joven que interceptó al gobernador

Por el 24 de Febrero de 2017

(Juan J. Rodríguez/CB)

Sobre la situación, un portavoz de la Policía declaró a este medio que no podían negar ni confirmar si había una investigación contra la joven. (Juan J. Rodríguez/CB)

Tras analizar las expresiones supuestamente emitidas en las redes sociales por la joven que interceptó al gobernador Ricardo Rosselló en Ponce, el director ejecutivo de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, en español) en Puerto Rico, William Ramírez, aseguró a Caribbean Business que “no hay delito” y que sus declaraciones están protegidas por la libertad de expresión en la Constitución.

La joven, identificada como Hernaliz Vázquez, supuestamente escribió el pasado 12 de febrero en su cuenta personal de Facebook que “si algún ‘jevo’ me va a regalar en San Valentín, que sean bombas molotov para que zumbemos a Ricky y su clase empresarial”. Luego, el 17 de febrero, la joven interceptó a Rosselló en un evento público en Ponce y le reclamó por el pago de la deuda y la firma de la reforma laboral.

Ante esta situación, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nelson Cruz solicitó en medio de la sesión del Senado del miércoles que las autoridades de ley y orden deberían investigar a la joven por amenazar al primer ejecutivo, algo que debería ser penalizado, a su entender.

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“Esto no es una amenaza, es un comentario general. Una amenaza es ‘te voy a agredir, te voy a hacer algo en particular’. Es una reacción de ira, de molestia, y, aunque suene violenta, no va dirigida a amenazar ni agredir a nadie. Es una expresión que quizá no sea la más apropiada, pero tampoco es un delito. Es una expresión protegida [por la libertad de expresión]”, declaró Ramírez en entrevista telefónica con este medio.

El abogado de derechos civiles explicó que interceptar al gobernador o a cualquier otro funcionario “tampoco es un delito ni una amenaza… No veo de qué manera pueden acusar a la muchacha de ningún delito”.

A juicio del representante de la ACLU en la isla, si un legislador se molesta porque las personas realicen expresiones de formas que a ellos no les agradan, “no pueden ser legisladores, porque no tienen las herramientas necesarias para escuchar y trabajar para el pueblo”.

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“Tan pronto comiencen a regular este tipo de cosas y expresiones, entonces sí que los falanges se han apoderado del país. Uno no puede permitir que personas que tienen visiones represivas hacia la expresión conviertan esas actitudes anti-expresión en leyes penales”, agregó.

Ramírez relató que hace unos años la ACLU presentó una demanda contra el gobierno porque se aprobó un estatuto que criminalizaba la expresión de intervenir cara a cara con un funcionario si era para recriminarlo. Posteriormente, con el cambio de gobierno se eliminó el estatuto, por lo que la ACLU retiró la demanda.

Agregó que en el caso Snyder versus Phelps, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que las expresiones emitidas en un lugar público acerca de un asunto público no pueden ser consideradas en una acción por delito civil de daño emocional, incluso cuando esas declaraciones puedan ser consideradas indignantes o intolerables.

Sobre la situación, un portavoz de la Policía declaró a este medio que no podían negar ni confirmar si había una investigación contra la joven, pero explicó que la agencia sí tiene jurisdicción sobre amenazas que se cometan a través de las redes sociales contra funcionarios públicos del gobierno de Puerto Rico.

Mientras tanto, un portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la isla dijo a Caribbean Business que tampoco podían negar ni confirmar una investigación de este tipo, pero declaró que, si se trata de funcionarios del gobierno de Puerto Rico, es la Policía la que tiene jurisdicción.

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