24 de Junio de 2019

No invitan a líderes comunitarios a vista sobre proyecto que eliminaría la OFSA

Por el 19 de Enero de 2017

Un grupo de líderes de diferentes comunidades especiales de toda la isla tronó hoy en contra de la manera en que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizó vistas públicas sobre el propuesto proyecto número 6, que pretende eliminar la Oficina de Comunidades Especiales para crear la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) y traspasar la gestión del Estado con estas comunidades a organizaciones privadas sin fines de lucro.

A pesar de que los líderes comunitarios no fueron invitados a deponer en la vista de un solo día, el grupo llegó hasta el anexo de la Cámara y pidió espacio para exponer su visión del controvertido proyecto.

José Figueroa, portavoz de la comunidad Toro Negro en Ciales, sin embargo, aseguró que no existe antagonismo entre las comunidades y la pieza legislativa, pero sí cuestionó ciertos puntos que han causado preocupación entre ellos.

(Agustín Criollo/CB)

Los líderes comunitarios criticaron que la Comisión de Gobierno de la Cámara no los invitara a discutir el Proyecto número 6, que impacta directamente a las comunidades especiales. (Agustín Criollo/CB)

“Es Importante que se entienda que el liderato comunitario está en la mejor disposición de colaborar con cualquier proyecto que sea de beneficio para nuestras comunidades. Este, como cualquier otro, tiene sus puntos válidos y nosotros no tenemos ningún problema con ellos, pero tiene otros puntos que queremos asegurarnos que se atiendan. Principalmente el asunto de la Junta de Directores del fideicomiso. Yo soy parte de la junta de directores del fideicomiso, soy representante del interés público, y entiendo que hay que tener mucho cuidado en la reducción de esa junta porque obviamente limita la participación”, indicó.

Figueroa se refirió al Artículo 4 del proyecto que indica que el líder comunitario que pertenezca a la junta será nombrado por el gobernador y “podrá ser removido si el gobernador entiende que no goza de su confianza”.

“El proyecto habla de enmiendas a la Ley número 1 (Ley de Comunidades Especiales) y una de las cosas que más nos preocupa es que se mantenga la consulta comunitaria en casos de expropiación según esta ahora mismo en la Ley 1 y él (comisionado de comunidades especiales) se expresó a favor de que eso se mantenga, y nosotros apoyamos eso. No estamos en un antagonismo con el proyecto, pero lo que queremos es que se atiendan unos asuntos puntuales. Esto es un proyecto que lo que apela es a, precisamente, la participación de las comunidades y del pueblo en general en toda la toma de decisiones, así que hay unos asuntos que queremos puntualizar, y hoy vamos a tener la oportunidad de traerlos”, aseguró.

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Por su parte, Carmen Pacheco, portavoz de la comunidad Clausells de Ponce, mostró suspicacia ante la aparente falta de interés de la Cámara en convocar a los líderes comunitarios para exponer su visión del proyecto en la vista pública.

“No vinimos con una exposición porque no nos invitaron de primera instancia. Vamos a deponer, pero sin texto. Nosotros venimos a decir la verdad. Inclusive, vamos más allá. La participación ciudadana en todo momento es importante, porque si te das cuenta en la primera fase ellos hablaron solamente de fondos federales e inclusive la parte que nosotros como líderes creemos tan esencial, que es lo del fideicomiso, la eliminación del consejo asesor, porque eso se elimina, ellos se basaron solo en dinero y costo, pero lo de la participación ciudadana tampoco aparece en el documento que se nos entregó. Habla de anejos, pero no están. ¿Dónde están esos anejos?”, cuestionó Pacheco, quien señaló la “ligereza” con que se pretende aprobar el proyecto como algo “preocupante”.

De otro lado, María Núñez, residente y líder comunitaria de Villa 2000 en Dorado, admitió que el proyecto tiene puntos válidos para mejorar los servicios de a las comunidades pobres del país, sin embargo, señaló que existen lagunas en el mismo que mantienen en alerta a las comunidades especiales de Puerto Rico.

“El proyecto tiene unas partes buenas, porque no se puede decir que está malo, pero hay otras que no nos conviene a las comunidades. Como la Ley 1, que la hemos protegido por muchos años, estamos tratando de que esta ley vaya a la par con la que ellos quieren poner, que no se elimine por completo”, señaló la ciudadana.

“Nosotros tenemos la preocupación de que entren a intervenir con nosotros por completo los alcaldes. La Ley 1 ayuda mucho a que los alcaldes vayan a la par con las necesidades de las comunidades. Hay muchas comunidades que están pasando por procesos fuertes y darle una fuerza a los alcaldes conlleva mucho riesgo. Lo que nos preocupa es eso, que los líderes sigamos al frente que todo lo que se haga con la nueva ley se pueda unir con los líderes”, indicó.

Los líderes comunitarios argumentaron que remover la participación de los residentes de estas comunidades en los procesos de toma de decisiones que afectan directamente al pueblo, va en detrimento al propio proyecto ya que son estos los que conocen de primera mano las necesidades de sus residentes.

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