18 de Octubre de 2019

Nuevos incentivos impactarían negocios agrícolas y a los jóvenes

Por el 31 de Mayo de 2018

Los negocios agrícolas y los jóvenes saldrán impactados negativamente de aprobarse los nuevos incentivos industriales sometidos a la Legislatura esta semana. Esto, debido a que entre las muchas leyes de incentivos que se derogarán, se eliminarán también importantes incentivos a estos sectores.

A modo de ejemplo, el proyecto eliminaría la “Ley del Bono Anual a los Trabajadores Agrícolas”, la “Ley para Establecer el Programa de Subsidio Salarial a los Agricultores Elegibles”, y la “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico”.

También se deroga la Ley 26-2008 conocida como “Ley del Programa para el Financiamiento de la Investigación y el Desarrollo de Tecnología Agrícola y de Alimentos” y deroga la Sección 1033.12 de la Ley 1-2011 conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” para eliminar la deducción del 90% al ingreso neto del negocio agrícola.

De otra parte, deroga la Ley 464-2004, conocida como “Ley del Programa Juvempleo”, y los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 73-2014, que tendría el efecto de eliminar un fondo para dar servicios y terapias a estudiantes de educación especial y otro fondo para promover empleos. También se deroga la Ley de Incubadora de Negocios que ayuda a empresarios jóvenes.

La justificación para derogar algunas leyes de incentivos es para lograr cerca de $300 millones en ahorros que servirán para costear la reforma contributiva.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) señaló en la medida que se dio a la tarea de analizar las leyes vigentes, los principios económicos, la metodología y los resultados de todos los incentivos económicos que se han otorgado en Puerto Rico.

“Del análisis surge que al presente existen alrededor de 76 leyes o programas que promueven la inversión mediante la concesión de incentivos. Del total, 58 estimulan la actividad económica y 18 atienden necesidades sociales. Conforme a los datos disponibles se determinó que los programas identificados como económicos representan un costo fiscal total en exceso de $7,462 millones, de los cuales el 81% se considera costo de oportunidad”, lee la media.

Costo de oportunidad se define como ingresos que el gobierno deja de recibir por las tasas preferenciales que se conceden sobre el ingreso sujeto a contribuciones y, por lo tanto, el gobierno no presupuesta su costo.

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