21 de Abril de 2019

OGPe señala que sí existe regulación que fiscaliza ATMs

Por el 11 de Octubre de 2016

A pesar que durante la primera vista pública realizada la pasada semana por la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado, representantes del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y del Departamento de Hacienda  aseguraron no tener injerencia sobre la fiscalización de máquinas de cajeros automáticos independientes, lo cierto es que sí existe legislación que ordena la contabilización de estas, herramienta que servirá a otras agencias como base de datos para su fiscalización.

(Suministrada)

El director ejecutivo de OGPe muestra al senador Rivera Filomeno el funcionamiento del programa digital que registrará las máquinas ATMs en la isla (Suministrada)

Así lo estableció hoy el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Alberto Lastra Power, durante su ponencia frente a la comisión, presidida por el senador Luis Daniel Rivera Filomeno.

Según explicó el titular de OGPe, la Ley 217 de 2014, conocida también como la Ley del Registro Digital de Máquinas Expendedoras, permite crear un registro digital que establece un marbete de identificación que deberá ser adherido a toda máquina de este tipo establecida bajo la jurisdicción local. Este contiene un número único de identificación de la máquina expendedora, el nombre del lugar donde está ubicada, la localización geoespacial en donde se ha autorizado su ubicación, así como el nombre, correo electrónico y número de teléfono del propietario.

El propósito del marbete es permitirle al gobierno de Puerto Rico la fiscalización continua de estas máquinas, a los fines de recaudar las contribuciones que le corresponden al erario. Este registro queda adscrito a la OGPe que, a su vez, faculta a esa oficina a reglamentar todo lo relacionado al marbete.

“Básicamente, la OGPe ha estado integrando el reglamento y la fiscalización de la nueva ley 217 que, una vez aprobada, la reglamentamos y estamos ahora en un proceso final donde las instituciones financieras que tienen máquinas de cajeros automáticos tienen hasta finales de noviembre para registrarlas en nuestro sistema. Esto es un sistema inteligente, donde nosotros le ponemos un marbete con una barra de código. Esta es accesible desde cualquier teléfono inteligente, o sea, que cualquier ciudadano o cualquier inspector de cualquier agencia va a poder leerlo y saber toda la información sobre esa máquina o hacer alguna querella”, explicó Lastra Power.

El funcionario indicó que aquellos dueños de máquinas expendedoras que no se registren antes de la fecha límite el próximo 27 de noviembre se exponen a multas que pueden fluctuar desde $500 hasta $5,000 cada una, hasta un total de $30,000.

Contrario a lo expuesto durante la primera vista pública, Lastra Power estableció categóricamente que si existen agencias de gobierno que tienen injerencia directa sobre la fiscalización de estas máquinas.

“Lo que sucede es que ya está reglamentado. Por un lado, Hacienda tiene que fiscalizar el ingreso a través de las planillas; por otro lado tienes al CRIM, que se supone que reciba pagos por patentes municipales. Así que ahí tienes dos entidades del gobierno que tienen injerencia, lo que pasa es que no tienen forma de constatar dónde están esas máquinas o si la información que les están brindando estas compañías es correcta. En el caso de que no lo sea, hay una causa para que ambas agencias intercedan y soliciten multas, cobros y otras sanciones”, explicó aunque admitió que ninguno de estos mecanismos regula el cargo por servicios en cada cajero automático independiente.

Además de la ponencia del titular de la OGPe, depusieron ante la Comisión representantes de la compañía Sky Processing, empresa privada que administra unas 800 máquinas a nivel local y quienes señalaron que sí existe regulación federal que fiscaliza estas máquinas, aunque admitió que no fiscaliza el cargo por servicios.

“Los operadores de máquinas de cajero automáticos, independientemente que sean entidades bancarias, independientes o corporativas, están regulados por las mismas leyes y reglamentos que aplican a la industria de cajeros automáticos. Igualmente que las transacciones que realizan los operadores independientes son igual de seguras que las que se encuentran ubicadas en instituciones bancarias o cooperativas”, explicó Agnes D. Martínez, asesora legal de Sky Processing.

“Me sorprendió mucho ver la noticia sobre un cargo de una de estas máquinas que ascendía a casi $10. En todos los años que llevamos operando jamás habíamos visto un cargo de esa cantidad. La regulación federal no establece un tope para estos cargos, los costos que va a cobrar un operador se determina bajo un estándar en el mercado, porque a ningún propietario de estas máquinas le conviene tenerlos tan altos porque entonces no la van a utilizar”, indicó Martínez, mientras que el senador Rivera Filomeno señaló la posibilidad de que el proveedor que estableció el alto cargo por servicios durante un reciente evento en el estadio Hiram Bithorn, lo hizo a sabiendas de que los consumidores no tendrían ninguna otra opción para retirar dinero en efectivo durante el evento.

La comisión pautó la próxima vista pública para el próximo lunes, 17 de octubre, con la ponencia de la empresa Infocard Technology Systems, que maneja 250 máquinas de cajeros automáticos independientes en Puerto Rico. Rivera Filomeno citará además a la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la empresa Cardtronik, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la Corporación para la Supervisión de Seguros de las Cooperativas (Cossec), entre otros.

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