25 de Mayo de 2020

Orden y pago expedito a compañía que vendió pruebas a sobre precio

Por el 7 de Abril de 2020

La transacción mediante la cual el Gobierno de Puerto Rico adquirió un millón de pruebas rápidas para detectar la COVID-19 con la compañía APEX General Contractors se hizo de forma expedita el mismo día en que renunció la secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo.

La empresa, cuyos dueños están vinculados al Partido Nuevo Progresista (PNP) se presentó como intermediario para traer a Puerto Rico un millón de pruebas rápidas a un costo de $38 millones, multiplicando el costo que tienen esas mismas pruebas en el mercado si se adquieren directo al laboratorio que las fabrica.

Documentos en poder de Caribbean Business evidencian que si bien la cotización para la compra de un millón de “Promedical COVID-19 Rapid Test Kit” se presentó el 25 de marzo, el resto de las transacciones que culminaron con la transferencia de $19 millones a la cuenta de la APEX en el Oriental Bank, se realizaron el día 26, justo el día que renunció Quiñones de Longo.

Precisamente, la salida de la secretaria interina ocurrió luego denuncias de la desaparición de unas 500 pruebas rápidas de COVID-19 que tras ser adquiridas por el Departamento de Salud, no se puso en conocimiento a Quiñonez de Longo sobre su entrega y distribución.

En ese momento, el general José Burgos, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias (NMEAD), indicó que, por tratarse de una emergencia, todos estos procesos de compra recaían sobre su agencia.

Según los documentos, Apex General Contractors LLC, a través de su representante Aaron Vick, firmó un contrato para la adquisición de las pruebas el 26 de marzo de 2020 ante la representante de NMEAD, Guariana Delgado García.

Consta en el documento de ASG que la transacción había sido autorizada Maritza Sanabria Jarquin, funcionaria de apoyo logístico del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD) a las 3:36pm del 26 de marzo, revisada y aprobada por el Departamento de Salud según consignó Graciela Malavé, jefa de la sección de Operaciones de NMEAD minutos antes (3:32pm del mismo 26 de marzo) y finalmente confirmada por Nelson Elías, funcionario de logística de ASG a 4:28 de esa tarde.

La Oficina de Presupuesto y Gerencia (OGP) por su parte autorizó y separó la transferencia de $38 millones a NMEAD para el pago de la transacción ese mismo día 26. La persona contacto en NMEAD, fue Evelyn Cumba, encargada de soporte logístico.

En el documento del sistema PRIFAS que utiliza el Departamento de Hacienda para hacer sus pagos, consta que la compradora fue Yara Torres Marín del Departamento de Seguridad Pública (agencia sombrilla bajo la que opera NMEAD) y la persona que certifica que los servicios fueron recibidos según las especificaciones y por tanto procedía el pago de la mitad del costo de las pruebas ($19 millones) fue Vanessa Figueroa, en representación de Arlene Disdier Ortiz, ambas de NMEAD.

Uno de los documentos en poder de este medio muestra una comunicación de Arlene Disdier fechada el 26 de marzo a las 5:59 de la tarde, indicando que estaría ausente el día 27 de marzo, por lo autorizaba a la señora Vanessa Figueroa, a realizar las transacciones de aprobación de comprobantes de pago y ordenes de compra.

No obstante los documentos de la transacción de las pruebas tienen fecha del 26 de marzo y aparecen firmados por Vanessa Figueroa en lugar de Arlene Disdier.

Liza M. Hernández Rivera fue la funcionaria en Hacienda que certificó que la transacción se realizó siguiendo todos los procesos en ley.

En conjunto, los documentos muestran parte del tracto de comunicaciones relacionadas a la compra de $38 millones en pruebas rápidas para detectar el virus de COVID-19, en el que se evidencia que al menos cinco agencias de gobierno trabajaron con el proceso de compra por lo que se hace cada vez menos creíble el planteamiento de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de que desconocía de esta millonaria transacción.

De hecho, el récord periodístico demuestra que  Vázquez Garced anunció, precisamente el mismo 26 de marzo que amparada en la determinación del gobierno federal de flexibilizar los métodos para detectar el coronavirus, el Departamento de Salud ordenó la compra de 200,000 ‘rapid kits’ que se utilizarían “principalmente” para pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

“El Departamento de Salud ha ordenado a una compañía identificada por la Organización Mundial de la Salud –que utilizan otros países también– la compra de cerca de 200,000 ‘rapid kits’. Esos 200,000 van dirigidos a que tengamos esa evaluación inicial, por ejemplo, en el aeropuerto, y poder tener un resultado mucho más rápido”, afirmó la primera ejecutiva en ese momento.

“Los rapid kits que se soliciten serán autorizados por la FDA (Administración federal de Drogas y Alimentos) y los indicados por la agencia federal durante esta emergencia. No nos estaremos limitando a una marca en específico. Todo dependerá de la disponibilidad existente ante la alta demanda a nivel nacional”, se informó entonces.

Ahora sabemos, por voz del nuevo secretario de Salud, Lorenzo González, que el millón de pruebas rápidas que se compraron a APEX General Contractors, ese mismo día 26 de marzo no están autorizadas por la FDA, razón por la cual la transacción fue cancelada y el dinero devuelto según informó ayer el secretario de Hacienda, Francisco Parés a través de su cuenta de Twitter.

La compañía APEX General Contractors ha tenido contratos para diferentes servicios de construcción y mantenimiento en el gobierno que suman $1.5 millones durante este cuatrienio. El más grande de los contratos fue de $697,000 con la Superintendencia del Capitolio para dar mantenimiento a los aires acondicionados de sus edificios. Dicho contrato venció en mayo de 2018.

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