16 de Octubre de 2019

Pajarito volando con la 245a

Por el 10 de Octubre de 2016

Los políticos se esmeran en darle un giro positivo a las cosas cuando lidian con una crisis como la asfixiante deuda y el declive económico de Puerto Rico. Un reciente ejemplo que viene a la mente es el informe de empleos locales que distribuyó el Departamento del Trabajo de Puerto Rico donde indica que la tasa de desempleo había permanecido estable en 12.1%.

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Es hipócrita ondear esa inquietante estadística como una bandera de victoria moral; en primer lugar, porque implica que nos mantenemos estables y, en segundo lugar, porque en realidad la cifra es mucho mayor si se toma en cuenta que nuestro universo de personas aptas para ser empleadas se está reduciendo al alarmante ritmo de 64,000 personas que abandonan la isla cada año. No se equivoque, nuestros empleos se crean en Florida, Texas y Nueva York. Los empleos netos creados en Puerto Rico fueron negativo 44,000 en 2016, para un total de 985,000 empleos, un nivel de empleo que se vio hace 25 años en la isla.

A medida que la junta de control fiscal comienza a tomar forma, hay muy poco que podamos esperar en cuanto a la creación de empleos. Los observadores tienen la esperanza de que el Grupo de Trabajo para el Desarrollo Económico cree suficientes medidas que puedan ayudar a que la economía de Puerto Rico arranque.

En cuanto al grupo de trabajo, hay mucho cuchicheo entre la clase política de la isla en relación a las propuestas que presentó el sector privado, entre las que destaca la inserción de la Sección 245a bajo la Sección 245 del Código de Rentas Internas. Los incentivos contenidos en la Sección 245a ofrecen una exención contributiva del 85% en los dividendos de las empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico.

Durante una reciente reunión del Comité Conjunto de Impuestos celebrada en Washington,  empleados del Congreso le presentaron cálculos a los cabilderos de Puerto Rico que ubicaban los efectos de concederle la Sección 245a a la isla en negativo $10,000 millones para el Tesoro estadounidense. Un cabildero vinculado al Partido Demócrata caracterizó la reunión como una mala para Puerto Rico ya que dejó a los miembros del comité con más preguntas que respuestas.

Aunque este periódico cree que la Sección 245a podría ayudar a avivar la economía de Puerto Rico, no somos partidarios de engañarnos a nosotros mismos poniendo todos los huevos en una canasta de cuentos de hadas si no hay ambiente en el Congreso para aprobar la medida. Es precisamente ese tipo de autoengaño que inicialmente nos metió en este lío.

¿Cómo olvidar cuando la Sección 936 fue objeto de eliminación gradual a partir del 1996 y continuamos como si nada, pensando que encontraríamos un reemplazo? En ese entonces, escuchamos a los políticos y cabilderos decir: “No se preocupen, vamos a obtener los créditos salariales de la Sección 30A”. Eso nunca ocurrió.

En cambio, con el paso de cada año se perdieron más empleos; el 40% de los fondos de la Sección 936 en los bancos de Puerto Rico desapareció y no teníamos nada para sustituirlos. Cuando llegó el 2006, la economía de Puerto Rico entró en una picada vertiginosa que aún no termina. Por lo tanto, aquí viene la junta de control creada por la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para rescatar nuestra buena fe y nuestro crédito. No creo.

Puerto Rico tiene problemas apremiantes que los políticos deben atender inmediatamente. En primer plano está el abismo de la industria de salud, un precipicio de financiamiento de $1,500 millones que impactará en 2018 y que requiere un esfuerzo titánico de cabildeo en el Congreso para obtener la paridad en los fondos de Medicaid y Medicare. En 2014, el gasto de Medicaid en Puerto Rico totalizó cerca de $2,800 millones, de los cuales el gobierno federal aportó $1,600 millones o el 57% del costo. En marcado contraste, Mississippi -que tiene el ingreso per cápita más bajo entre los estados de la nación norteamericana- recibe del gobierno federal $4,100 millones en dinero de Medicaid. Por sí sola, la paridad en fondos federales para la salud sería una enorme inyección monetaria.

Es hora de despertar y lidiar con lo posible; maniobras de autoengaño en tiempos como estos no benefician a nadie.

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