16 de Septiembre de 2019

[COLUMNA] Para la Junta de Control, la independencia es la clave

Por el 28 de Julio de 2016

john muddPor: John E. Mudd – Abogado y analista legal
Twitter
: @MUDDLAW / Blog: www.johnmuddlaw.com

Este verano marca el comienzo de una era sin precedentes para Puerto Rico y su relación con el gobierno federal de los Estados Unidos. Gracias a años de políticas fiscales irresponsables que han resultado en una asombrosa deuda pública, el gobierno federal ha suspendido nuestro derecho al autogobierno a petición de la presente administración, instalando una junta de control fiscal para corregir nuestros errores, mejorar nuestras finanzas y revitalizar nuestra economía.

La tarea que esta junta tiene ante sí es colosal y la llevará a cabo en un ambiente empañado por la incertidumbre, gracias a una investigación por parte de la Comisión de Valores y Cambio sobre las emisiones de deuda autorizadas por la presidenta saliente del Banco Gubernamental de Fomento y exsecretaria de Hacienda, Melba Acosta, y un grupo de trabajo nombrado por el Congreso que evaluará la deuda pendiente y le ofrecerá a la junta recomendaciones dudosas y cargadas de motivaciones políticas.

No obstante, la junta no solamente tendrá la tarea de aprobar un plan fiscal planteado por nuestro gobierno, sino también deberá supervisar las negociaciones con los acreedores (cosa que el gobierno actual no ha llevado a cabo de buena fe), implementando reformas destinadas a mejorar la situación fiscal de Puerto Rico, renovar el crecimiento del sector privado y, si es necesario, autorizar la reestructuración de ciertas porciones de nuestra deuda. La junta también probablemente examinará los presupuestos actuales y previos, analizará partidas específicas e investigará por qué el año pasado y con ingresos mayores de lo esperado, el gobierno fue supuestamente incapaz de pagar las facturas para las cuales ya tenía dinero asignado.

La clave de todo esto será la total independencia de la junta, tanto de las presiones políticas internas de Puerto Rico y las divisivas políticas de deuda nacional que tuvieron un rol protagónico en los meses previos a la aprobación de Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas e inglés). Quienes han seguido reportes en otros medios saben que por mucho tiempo he considerado esta indispensable independencia como la mayor virtud de la junta de control, permitiéndole tomar las decisiones necesarias sin doblegarse ante la influencia política, y es la razón por la cual por mucho tiempo he defendido a la junta como una solución de política para nuestra crisis.

Sin embargo, no hay duda de que las partes interesadas en todos los aspectos de esta crisis van a tratar de influenciar a la junta para su propio beneficio, aún si ello no ayuda a la junta a cumplir su misión primordial de lograr el crecimiento de nuestra economía. Muchos de los nombres que se mencionan en Washington, D.C. como posibles miembros de la junta tienen estrechos vínculos con la administración de Alejandro García Padilla, las uniones de trabajadores o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y traen una mentalidad contaminada a la mesa. Puerto Rico no necesita ni merece eso.

Por ejemplo, se alega que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya está trabajando con funcionarios de la administración de García Padilla para revisar las proyecciones de crecimiento fiscal —una tarea que debe dejársele a los miembros de la junta independiente— antes de que los integrantes de la junta estén oficialmente nombrados. Si bien esto puede servir los intereses de las administraciones salientes en San Juan y Washington, es una forma deshonesta de influenciar el trabajo de la junta antes de que pueda llevar a cabo su propio examen de las finanzas de Puerto Rico.

Por esta razón los puertorriqueños deben mantenerse extremadamente vigilantes y tener una voz fuerte, tanto en apoyo a los nombrados como a las acciones que defienden la independencia de la junta, y oponerse a quienes la pondrían en peligro. La política partidista nos ha llevado a esta encrucijada; no necesitamos más de lo mismo.

Por eso, en esta columna mensual y a través de mi grupo de vigilancia ciudadana Control Board Watch (Vigilancia a la Junta de Control), voy a analizar los muchos rumores que circulan sobre la junta, sus potenciales designados y su personal. Al hacerlo, promoveré las personas designadas, el personal y las decisiones que fomentan la independencia total de la junta de las fuerzas políticas y le dan el poder para restaurar nuestra economía y llevarla a una posición de solidez. Además, trataré de explicar los diferentes asuntos relacionados a los pleitos en contra de las acciones gubernamentales y también explicar los diferentes matices de Promesa.

Por último, una breve nota sobre el creciente número de litigios ante las diversas acciones del gobernador García Padilla y relacionados con los impagos de Puerto Rico. En este momento hay cinco casos en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico que retan estas acciones y la aplicabilidad del aplazamiento de Promesa en sus pleitos. Lo que la propaganda del gobierno no nos dice es que el aplazamiento no aplica en los casos en que no buscan compensación monetaria e incluso si lo hicieran, el aplazamiento puede ser rescindido como dos de estos pleitos solicitan. Una vez se radica una moción para eliminar el aplazamiento de Promesa, la Corte Federal tiene 45 días para determinar, tras emitir una una notificación y llevar a cabo una vista, si el aplazamiento permanece en pie. Si no hace nada, el aplazamiento se elimina automáticamente. Vea la sección 405 (f) de Promesa.

-John Mudd es abogado y analista legal en Puerto Rico y cuenta con más de 30 años de experiencia. Postula como abogado en los tribunales de Puerto Rico, el Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico y el Tribunal del Primer y Cuarto Circuito de Apelaciones. Por más de tres años ha estado analizando la posibilidad de una junta de control para Puerto Rico. Lo puedes seguir en Twitter en @MUDDLAW y en su blog www.johnmuddlaw.com.

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