12 de Agosto de 2020

[VIDEO] Paralizadas las demandas y las gestiones de cobro contra el gobierno

Por el 3 de Mayo de 2017

La determinación de la junta de control fiscal de presentar hoy una petición de reestructuración de deuda bajo el Capítulo III de la ley Promesa tiene el efecto práctico de poner un alto a la posibilidad de una sentencia judicial que impida al gobierno utilizar el dinero que tiene en caja para pagar su operación.

Pero al mismo tiempo, la acción iniciada ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico permitirá poner un alto a todas las gestiones de cobro que tenga algún acreedor, contratista o suplidor con el gobierno de la isla.

Expertos consultados por CB en Español coincidieron en que el efecto inmediato de esta acción es principalmente “comprar tiempo”, luego de que el 1 de mayo llegara a su fin el periodo de suspensión de reclamaciones que disponía la ley federal Promesa, sin que el gobierno lograra  acuerdos consensuales con los acreedores bajo el Capítulo VI del estatuto.

“Con esto se logra extender por al menos 120 días la suspensión de reclamaciones que había con Promesa”, explicó Rafael Arrillaga, exfuncionario del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y exasesor económico del Senado de Puerto Rico. “El miedo de que llegara el 1 de mayo sin un acuerdo con los acreedores era que se entablara una demanda y que un juez emitiera sentencia comprometiendo los fondos de Hacienda. Eso se evita con la acción de hoy”, añadió.

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No obstante, con la presentación del recurso legal también detiene toda gestión de cobro contra el gobierno, desde acreedores hasta contratistas o suplidores.

“Si había alguna gestión de cobro pendiente por parte de algún suplidor del gobierno o de algún ciudadano al que el gobierno le deba dinero, queda paralizada con esta acción”, dijo la CPA y abogada de quiebras, Yasmín Colón.

Explicó que el gobierno podrá mantener los contratos pero no tiene obligación de pagar mientras se tramita el caso en los tribunales. “Todo queda paralizado”, declaró.

Colón dijo además que durante este periodo de 120 días, el gobierno puede también continuar en negociaciones con sus acreedores en busca de un acuerdo de consenso bajo el Capítulo VI o completar los requisitos que dispone la ley para que pueda prevalecer en una petición de reestructuración bajo el Capítulo III.

Los 120 días se cumplen el próximo 30 de agosto.

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La abogada explicó que el proceso que inicia ahora el gobierno es bastante parecido a lo que se establece por ley federal para la quiebra de una entidad municipal bajo el Capítulo IX. Puerto Rico fue excluido en la década de 1970 Capítulo IX y los intentos por incluirlo nuevamente durante el pasado cuatrienio no rindieron frutos.

En su defecto, el Congreso de Estados Unido aprobó la llamada ley Promesa que, contrario a lo que sucede con los municipios, establece una junta de ciudadanos no electos que asume la autoridad sobre las decisiones fiscales de un territorio como Puerto Rico.

El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entra con este proceso a una  reestructuración de deuda que incluye $120,000 millones en pagos a bonistas y pensiones sin respaldo para su pago. Solo la deuda a bonistas se estima en $73,000 millones. Esta sería la deuda más grande reestructurada en Estados Unidos y muchos miran el proceso como un posible modelo a seguir en jurisdicciones como el estado de Illinois. Algunas de las provisiones que dispone Promesa nunca se han utilizado antes en un proceso de quiebra por lo que no hay un panorama claro de las ramificaciones de este proceso.

Para el economista Francisco Catalá el camino por el que comienza a transitar Puerto Rico ahora es uno de gran incertidumbre. “Ahora comienza un proceso en el que algunas entidades se acogerán al Capítulo III y otras seguirán por el Capítulo VI, todo dependerá de los planteamientos que hagan las partes.

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“Yo confío que si algo bueno puede salir de todo esto, es que durante ese proceso en los tribunales el país pueda conocer los términos reales de cómo se adquirió esa deuda para evitar que en el futuro cometamos los mismos errores”, dijo Catalá.

Planteó que al país le esperan largos años de litigios en los tribunales tras los que existe una gran incertidumbre sobre cuáles serán los términos de los acuerdos y sentencias finales.

“Es un momento de gran incertidumbre. Estamos por entrar en túnel pero no hemos entrado todavía y la salida no la vemos”, puntualizó.

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