Pedro Rosselló exige declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en caso de Puerto Rico

Al mismo tiempo que el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atendía el caso de Puerto Rico en Nueva York, el exgobernador Pedro Rosselló exigió desde la capital federal el progreso del caso sometido por él ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La petición del exgobernador Rosselló ante la Comisión Interamericana se basa en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (AP / Ricardo Arduengo)

La petición del exgobernador Rosselló ante la Comisión Interamericana se basa en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (AP / Ricardo Arduengo)

“La Comisión se juega el respeto y la admiración del continente americano -respeto y admiración que se merece como el mayor y último recurso de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos- si no actúa pronto, reconoce y urge una solución a estas violaciones por parte de los Estados Unidos a más de 3.5 millones de sus ciudadanos en Puerto Rico”, afirmó Rosselló.

A su entender, “la neutralidad en este asunto no es una opción: o se defienden los Derechos Humanos fundamentales o se violan o se permite que se violen, que a fin de cuentas es casi la misma cosa”.

El exgobernador Rosselló González exigió a través de su representante legal, Orlando Vidal -del bufete Norton, Rose & Fulbright- una pronta declaración por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso de Puerto Rico radicado por él y el Comité del Asunto Inconcluso de la Democracia Americana el 17 de octubre de 2006.

Esto, en representación de los 3.5 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico a los que los Estados Unidos les priva de una representación plena, al prohibírseles el ejercicio del derecho al voto por el presidente de Estados Unidos y por representantes en la Cámara y senadores en el Senado federal.

La petición fue recibida por la secretaria ejecutiva adjunta y directora jurídica de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, quien también fue informada sobre los dos casos más recientes sobre Puerto Rico, decididos por la Corte Suprema de los EE.UU., Pueblo vs. Sánchez-Valle y el caso que confirmó la inconstitucionalidad de la llamada quiebra criolla.

Además, el licenciado subrayó la falta de representación de los puertorriqueños en el proceso de aprobación del proyecto de ley, denominado como Promesa en el Congreso, que impondría una junta federal de control fiscal sobre la isla, que ya fue aprobado por la Cámara y que el Senado considera.

Según el representante legal de los peticionarios, la Sra. Abi-Mershed reconoció lo inaceptable de que el caso lleve casi ya 10 años ante la Comisión, sin una decisión sobre su admisibilidad y se comprometió a diligenciar el asunto dentro del organismo.

“La petición ha sido contestada y opuesta por el gobierno federal en varias ocasiones; ha sido objeto de varias presentaciones y el Departamento de Estado; varios amicus curia han presentado su apoyo a la postura de los peticionarios; y está lista hace tiempo para que la Comisión expida su decisión sobre su jurisdicción en el asunto y formalmente admita la causa”, explicó Vidal.

A su juicio “está ya más que claro -si la aclaración era necesaria- que Puerto Rico no tiene soberanía política propia. La soberanía política depende del derecho al voto y el derecho al voto a nivel nacional, que en los Estados Unidos significa a nivel federal, es un derecho humano fundamental en toda democracia”, insistió.

La petición ante la Comisión Interamericana se basa en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Además de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Carta Democrática Interamericana y en varios precedentes de la misma Comisión.

En especial en el caso “Statehood Solidarity Committee c/ EE.UU., en el que la Comisión falló en contra de Estados Unidos, reconociendo que la privación del derecho al voto a los residentes del Distrito de Columbia (Washington, D.C.) por representantes y senadores al Congreso federal viola los derechos humanos de los residentes de la capital norteamericana.