14 de Julio de 2020

“Peligroso” para la Asociación de Alcaldes proyecto del Senado que impactaría al CRIM

Por el 25 de Enero de 2017

Flanqueado por la mayoría de los 45 alcaldes que conforman la matrícula de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), el presidente de ese organismo y primer ejecutivo de Cayey, Rolando Ortiz Vélez, catalogó como “peligroso y absurdo” el Proyecto del Senado número 21, que pretende cambiar la composición de la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

(Agustin Criollo/CB)

El portavoz de la Asociación de Alcaldes y primer ejecutivo de Cayey, Rolando Ortiz, descartó que el proyecto sea impulsado por su contraparte, la Federación de Alcaldes. (Agustin Criollo/CB)

El presidente de la AAPR recordó que el CRIM nació por mutuo acuerdo entre alcaldes asociados y federados, con el propósito de adelantar los intereses de los municipios mediante las facultades otorgadas por el Estado para cobrar las contribuciones sobre la propiedad, recursos que se utilizan para ofrecer servicios a los residentes de los distintos municipios.

Ortiz Vélez apeló a la buena voluntad y la colaboración con sus homólogos de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) para detener el proyecto que, según explicó, laceraría la confianza desarrollada por años entre ambos organismos.

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“La trayectoria del CRIM en toda su existencia siempre ha sido de diálogo. En el último cuatrienio, en las reuniones de la junta, el 99.9% de estas fueron por acuerdo unánime, no hubo que celebrar caucus para llegar a acuerdos. Hoy, la matrícula de la AAPR, acordó que enviaremos una comunicación escrita a la federación invitando a una apertura al diálogo y autorizamos al presidente del CRIM a que mantenga un diálogo con los compañeros federados a ver si llegamos a un entendimiento”, añadió.

A pesar que la FAPR no se ha expresado a favor ni en contra del proyecto, el presidente de esa organización, que agrupa a los alcaldes novoprogresistas y es presidida por el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, expresó a principios de año su interés en presidir la Junta de Gobierno del CRIM para, según dijo, evitar que los tentáculos de la junta de control fiscal afecten los municipios.

No obstante, Ortiz Vélez descartó que el proyecto haya sido impulsado por la FAPR.

“Nosotros entendemos que este proyecto no nace por petición de los alcaldes. Fue presentado en el proceso legislativo en el Senado y se le debe dar la deferencia a que los alcaldes federados y asociados nos reunamos y analicemos cómo se debe atender el proyecto”, expresó el primer ejecutivo cayeyano.

“Nosotros apostamos y apoyamos el diálogo y creemos que a través de este podemos llegar a un entendimiento, máxime porque se trata de la única institución de gobierno que ha demostrado que puede funcionar libre de la influencia político partidista, aunque la componen políticos”, añadió.

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No obstante, Ortiz Vélez aseguró que, del proyecto ser aprobado, la AAPR acudiría a los tribunales para reclamar una violación a derechos establecidos que evitan el discrimen contra miembros de organizaciones como esa.

“Si una persona es nombrada a un cargo público, y este tiene la expectativa de permanecer en él, arrebatarle su permanencia en ese cargo público, sin un debido proceso de ley, es una violación a un derecho constitucional”, sostuvo.

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