Pequeños agricultores enfrentan escollos para acceder a fondos de recuperación

(Foto tomada de Facebook de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico/CPI)
(Foto tomada de Facebook de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico/CPI)

Por Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

Para acceder a fondos de recuperación, se espera que los pequeños agricultores dejen el pico y la azada para hacer planes de negocio y someter documentos como planillas, declaraciones juradas y hasta diplomas universitarios.

Una coalición de organizaciones dedicadas a la agricultura solicitó al Departamento de la Vivienda (DV) que atienda sus reclamos para garantizar el acceso equitativo a los fondos de recuperación del Programa de Renacer Agrícola de Puerto Rico (Re-Grow), ya que las guías para solicitar los fondos no responden a las necesidades y realidades del pequeño agricultor puertorriqueño.

El programa Re-Grow cuenta con $92.5 millones en fondos del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (CDBG-DR). De esa cifra, $30 millones fueron separados para el trabajo administrativo que realizará el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, entidad contratada por el DV para implementar el programa.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo acceso a mensajes en los cuales desde septiembre del 2020 la coalición le solicitó al Fideicomiso que enmendara las guías del programa Re-Grow. La coalición de entidades que impulsa una recuperación justa la forman la Fundación Bucarabón de Maricao, los Centros de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares y Bartolo, la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Agro-Mujer, Mujeres de Islas y el Congreso de Pescadores.

Según la integrante de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Katia Avilés, cada vez que han presentado solicitudes de enmiendas a las guías del programa, la respuesta del Fideicomiso ha sido que los requisitos para los agricultores que soliciten la ayuda se hicieron a tono con la reglamentación del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés), que es la agencia federal que asigna los fondos CDBG-DR.

“Desde antes que las guías salieran se han sometido solicitudes de enmienda. Se han solicitado enmiendas al plan del programa. Se han solicitado reuniones con el Fideicomiso de Ciencias y se escudan detrás de la cuestión federal, de reglamentos federales, pero sabemos que el plan lo establece el estado [o territorio]. Lo que distingue los fondos CDBG-DR es la flexibilidad. Quien establece las reglas es el estado, así que escudarse detrás de que así es que los federales lo quieren, pues no es así”, explicó Avilés al CPI.

“Se le pidió al Secretario de Vivienda actual hablar de estas limitaciones, ya que las reglas no son federales”, añadió la también geógrafa. Además, el pasado 26 de febrero varios grupos que trabajan en la exigencia de una recuperación justa le enviaron una carta solicitando una reunión para discutir sus preocupaciones en torno a las guías del programa Re-Grow.

A pesar de esto, el secretario del DV, William Rodríguez, indicó al CPI que desconocía de las inconformidades presentadas por estos grupos. “No había habido un acercamiento. Nos enteramos ayer a través de la prensa”, alegó Rodríguez.

“Estamos abiertos a reunirnos con ellos y con todas las asociaciones. De hecho, vamos a tener una reunión con el Secretario de Agricultura para recibir insumo que él haya podido recibir a través de esas reuniones que sé que él ha estado teniendo con distintas agrupaciones y sectores de la agricultura de Puerto Rico”, expresó Rodríguez durante una conferencia de prensa el martes.

Sobre la posibilidad de enmendar los requisitos del programa Re-Grow, el titular del DV declaró que “nos estaremos sentando con cada una de las agrupaciones que quiera reunirse con nosotros para poder recibir de primera mano esas recomendaciones de ellos y poder, si es necesario, atemperar lo que son las guías”. 

Una de las exigencias de la coalición es que se enmiende el contrato con el Fideicomiso, pero Rodríguez anticipó al CPI que no contempla hacerlo.

Se supone que el programa está dirigido a todos los pequeños y medianos agricultores que cumplen con la definición federal de una pequeña finca familiar, con ingresos por debajo de $350,000. La subvención puede ir de $25,000 hasta $150,000.

Entre las preocupaciones expresadas por la coalición de organizaciones agrícolas está el problema de la brecha digital y el hecho de que la solicitud del programa Re-Grow solo está disponible en internet, a pesar de que muchas fincas no tienen acceso a la red o su señal es deficiente. También dijeron que las guías exigen una preparación académica o profesional formal, o experiencia administrativa, aspectos que, según la coalición, no son cónsonos con la realidad del sector agrícola de Puerto Rico. 

Asimismo, cuestionaron el requisito de exigir planilla de contribución sobre ingresos de los últimos años, lo cual deja fuera a agricultores que no hayan rendido la misma.

“La solicitud de la planilla como requisito está dejando fuera a los agricultores adultos mayores. En su mayoría no presentan planilla y llevan más de 30 años en su profesión”, lee el documento presentado el pasado lunes por la coalición. Además de estos reclamos, Avilés criticó que al pequeño agricultor de Puerto Rico se le evalúe con los mismos estándares del estadounidense.

“Un agricultor a pequeña escala en Estados Unidos es bien distinto a Puerto Rico y me estás poniendo a competir con agricultores que tienen $150,000 en assets [activos] con agricultores que no te hacen ni una venta de $2,500 al año”, denunció. 

“Los agricultores han estado gastando miles de dólares pidiéndole a la gente que les llene la propuesta porque no tienen tiempo, capacidad tecnológica. Le pagan $1,000 a alguien para que les llene o que les haga el plan de negocio si tiene que hacerlo también, y algunos ni siquiera saben qué le están escribiendo”, agregó.

El Fideicomiso defiende su gestión

En entrevista con el CPI, la directora del programa Re-Grow en el Fideicomiso, Bárbara Rivera, indicó que el rol de su entidad es cumplir con las guías preparadas por el DV y facilitar la implementación del proyecto.

“Estas guías fueron diseñadas tomando en cuenta las regulaciones de HUD, que es quien provee los fondos CDBG-DR, y a su vez, en colaboración con el Departamento de la Vivienda, se diseñó el programa y las guías. Estas guías fueron provistas al Fideicomiso para que nosotros administráramos el programa”, expresó Rivera.

La funcionaria admitió que reconoce las limitaciones de acceso a internet que tienen muchos pequeños agricultores en zonas rurales de la región montañosa de Puerto Rico. Sin embargo, indicó que, a pesar de la pandemia, se han ofrecido cuatro charlas presenciales en municipios del sureste e interior, y hay dos sesiones adicionales programadas para este mes.

“Hemos hecho mucho hincapié en nuestras comunicaciones, incluso a través de las redes sociales en cada instancia donde participamos, de que someter una solicitud a Re-Grow es libre de costo, que el programa provee personas para ayudar a aclarar dudas y la solicitud es bastante simple. Entendemos que hay personas que requieren de más apoyo y no descartamos la oportunidad de hacer una visita o de enviar algún personal específico a algunas áreas que así lo requieran para poder tener esos servicios disponibles”, informó Rivera.

Sobre el requisito de presentar evidencia de preparación profesional o administrativa en el trabajo agrícola, Rivera indicó que el programa provee flexibilidad en términos de los documentos que se pueden presentar para mostrar evidencia de estas competencias. Hizo hincapié en que la información que evidencie la preparación o experiencia administrativa es necesaria, por tratarse de un programa federal.

Cuando se le preguntó sobre el requisito de presentar la planilla sobre contribución de ingresos y el hecho de que muchos agricultores no llenan este documento y tienen un bajo nivel de ingresos, Rivera fue enfática en que este documento es indispensable para poder acceder a los fondos de recuperación.

“Esto es un programa federal. Tiene unas condiciones mínimas. Si está reclamando o planteando que tiene un negocio establecido para efectos de este programa, nos provee esta documentación, pero a su vez también necesita proveer evidencia financiera de su negocio. Así validamos que ese negocio ha cumplido a nivel de lo que se le requiere como negocio y como individuo en hacer esa divulgación de ingresos a través de su planilla”, planteó.

La propuesta de la coalición es que en lugar de exigir que las solicitudes de fondos para el programa sean solo a nivel de individuos, también se permita solicitar a organizaciones, colectivos o agrupaciones de agricultores. “Si de verdad estamos enfocando en la seguridad alimentaria, no puedes enfocar solo en negocios agrícolas. Tienes que enfocar en [apoyar la] producción”, destacó Avilés.

A esa propuesta, la directora del programa Re-Grow en el Fideicomiso indicó que las guías “incluyen organizaciones de base comunitaria o una entidad elegible para participar del programa. Lo que sí es que estas organizaciones de apoyo o de base comunitaria deben tener una conexión directa en la producción de alimentos porque así lo establece la guía”.

Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America