11 de Diciembre de 2018

Permanecen interrogantes sobre las pensiones de la UPR

Por el 5 de Octubre de 2018

Para la directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko, una transición a un plan de contribución definida tendrá mayor credibilidad y le traerá más seguridad a los pensionados, porque el gobierno hará las aportaciones adecuadas y le dará el poder a las personas de decidir cómo invertirán su fondo de retiro. (Jaime Rivera/CB)

Mientras la junta de control fiscal sigue empecinada en convertir todos los modelos de sistemas públicos de pensiones a uno de contribución definida, la junta del Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) continúa como un fuerte defensor para mantener el sistema actual de beneficios definidos.

Para la directora ejecutiva del organismo rector de las finanzas públicas de la isla, Natalie Jaresko, una transición a un plan de contribución definida tendrá mayor credibilidad y le traerá más seguridad a los pensionados, porque el gobierno hará las aportaciones adecuadas y le dará el poder a las personas de decidir cómo invertirán su fondo de retiro.

Del otro lado de la disputa, el presidente de la Junta del Sistema de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos Torres, aseveró que el plan de beneficios definido es el único que le puede brindar seguridad a los pensionados, porque es el único modelo que promete un cheque de retiro hasta la muerte de la persona. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, Berríos aludió a los informes actuariales para argumentar que una transición al modelo de contribución definida aumentará además la carga económica para la UPR.

La diferencia principal entre ambos sistemas estriba sobre quién carga con el riesgo. En un plan de contribución definida, tal como sugiere su nombre, la universidad establecería una cantidad fija que aportaría la institución y los empleados para ser puestos en fondos o cuentas de inversión para retiro como lo es la 401k. En este caso, ya que la institución postsecundaria contribuiría una cantidad fija al sistema de retiro, el riesgo asociado a los fondos de inversión recaería sobre los futuros pensionados.

En un plan de beneficios definidos, es el beneficio lo que está predeterminado con un fondo colectivo en el cual la institución carga con el riesgo de cualquier insuficiencia económica y se garantizan las pensiones de por vida.

Cambiando lo que no está dañado o previniendo una debacle

Los profesores y empleados de la universidad son parte de un Fideicomiso de Retiro, el cual cae bajo la Junta de Gobierno de la UPR, pero es una entidad separada de la institución académica.

Para Berríos Torres las nuevas propuestas tratan de cambiar algo que no está dañado. En adición a la importancia que los miembros del sistema le dan a tener una pensión garantizada de por vida, lo cual no se puede garantizar en un sistema de contribución definida, el punto principal del presidente de la Junta de Retiro en contra de eliminar el modelo de beneficios definidos es que el Sistema de Retiro de la UPR está en una mejor situación económica que los otros sistemas públicos de retiro.

El sistema de retiro de la universidad cuenta con 10,200 miembros activos, con un 75% de estos elegibles para retirarse, y 8,800 pensionados, lo que se traduce a $200 millones anuales en pago de pensiones. Sin embargo, el presidente de la Junta de Retiro explicó que dicho pago no proviene de la universidad. Es el fideicomiso el que hace el pago mientras que la UPR sólo realiza la aportación patronal regular y su pago de amortización.

En el 2015 la Junta de Gobierno de la UPR aprobó un plan de amortización a 40 años para pagar la deuda actuarial de $1.4 billones que había acumulado con el sistema de retiro. Antes del plan de amortización y para el primer año después de su aprobación la institución académica pudo hacer un abono mayor a la cantidad requerida.

Sin embargo, en el 2016, el pago de la UPR al sistema de retiro se quedó corto por $6.3 millones y la proyección del 2017 quedó rezagado por $12 millones.

El presidente de la Junta del Sistema de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos Torres, explicó que otra situación que afecta el sistema es la congelación de plazas. Debido a esta política de reducción de gastos, la universidad cuenta con alrededor de 1,000 empleados menos.

El presidente de la Junta del Sistema de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos Torres, explicó que otra situación que afecta el sistema es la congelación de plazas y debido a esta política de reducción de gastos, la universidad cuenta con alrededor de 1,000 empleados menos.

“El [sistema de retiro] de nosotros en los últimos cinco años tiene una razón de cobertura creciente. Ahora mismo en el último estudio actuarial que aprobamos, porque la Junta de Retiro es la que aprueba el estudio actuarial, del 30 de junio del 2017, que es el más reciente, reporta que el fondo de la UPR tiene 48.8% de razón de cobertura”, aseveró Berríos Torres a pesar que la universidad se atrasó en sus pagos de la deuda.

En el momento en que la administración universitaria termine de pagar su deuda actuarial para con el Fideicomiso de Retiro, la proyección es que el fondo podrá alcanzar el 100% de razón de cobertura. Mientras tanto, el Fideicomiso de Retiro también es financiado por la aportación de los empleados, que en el caso de los miembros más nuevos es de un 12%, cuatro puntos más de lo que cuesta cada pensión. El resto de los empleados aumentaron su aportación por 1%, el cual no está destinado a sus pensiones particulares. El sistema de retiro también tiene una cartera de inversiones que no ha visto pérdidas netas desde por lo menos el 2013.

Otra situación que afecta el Sistema de Retiro de la UPR, explicó Berríos, es la congelación de plazas. Debido a esta política de reducción de gastos, la UPR cuenta con alrededor de 1,000 empleados menos.

“La Junta [de Retiro], pensando en el bien de ambos, de la institución y del sistema de retiro han propuesto que esa política la deben enmendar porque es perjudicial para las dos partes. Nosotros hemos propuesto que por cada dos que se jubilen, se reclute uno”, dijo Berríos.

Diferencia en posturas

“El primer paso es mover a todos a un plan de contribución definida,” sostuvo Jaresko sobre la postura de la Junta de Retiro. Aunque “No va a ser igual la política aplicada a todos [los sistemas de retiro] independientemente de sus niveles de financiamiento; [la política] se ajustará a los niveles de financiamientos”, explicó la directora ejecutiva después de reconocer que el sistema de retiro de la universidad tiene una razón de cobertura mayor que los otros sistemas públicos de retiro, que se han tornado insolventes.

No obstante, Jaresko resaltó que la junta de control fiscal no está de acuerdo con la evaluación del informe actuarial aprobado por la Junta de Retiro, la cual ubica la razón de cobertura en un 48.8%.

“Ahí [con el informe actuarial] no estamos de acuerdo sobre cuánto. En lo que estamos de acuerdo es que vamos a comenzar a cooperar y ellos [la Junta de Retiro] nos proveerán más datos actuariales. Pero la evaluación que resultó en un nivel de financiamiento de 48% utiliza un margen de ganancia requerido que es mucho mayor de lo que hubiéramos esperados. Es 7.75%. Una ganancia de 7.75 porciento de aquí en adelante es sumamente improbable dado las tasas de ganancia ahora en bonos del Tesoro de inversión asegurada están tan bajas”, dijo Jaresko.

“Yo sé que el sistema de retiro fue capaz de conseguir ese tipo de ganancia en el pasado”, añadió Jaresko quien señaló que para ese entonces “los bonos del Tesoro de EE.UU. estaban moviéndose y proveían una ganancia mucho mayor de lo que dan hoy”.

En el caso del modelo de beneficios definidos, Jaresko argumentó que la preocupación principal es la falta de certeza porque las administraciones gubernamentales, independientemente de partido o afiliación política, no han respondido a sus responsabilidades con los sistemas de pensiones.

“Tenemos una meta singular en cuanto a los sistemas de retiro de Puerto Rico en general, incluyendo al de la UPR, que es asegurar que estén financiados apropiadamente y posicionados para que puedan proveer las pensiones que la gente, los retirados, necesitan y se les ha prometido. Nosotros vamos, para todos los sistemas de retiro, a movernos de un sistema de beneficios definidos a un sistema de contribución definida y eso no es único para Puerto Rico. Eso es lo que está pasando donde sea y cuando sea que se puede hacer en los sistemas públicos”, argumentó Jaresko.

Ciertamente, hay una cantidad creciente en los sistemas de pensiones, incluyendo en el espacio académico, que transicionaron de planes de beneficios definidos a un modelo de contribución definida en Estado Unidos, el Reino Unido y otros países. Por ejemplo la Universidad de Waterloo, University of Chicago y Berklee College of Music congelaron sus planes de beneficios definidos.

Esta transición a una prevalencia del modelo de contribución definida también ha encontrado resistencia. A principios de este año la Unión de Universidades e Institutos del Reino Unido, sindicato que alberga a docentes y empleados no docentes de la academia, se fue a la huelga para defender el plan de beneficios definidos. La protesta se levantó luego que las universidades propusieron establecer un panel de expertos para evaluar ambos modelos.

El 26 de septiembre el Financial Times reportó que el panel de expertos concluyó que el plan de beneficios definidos representaba “menos costos” para los trabajadores que el fondo privado.

Esta evaluación coincide con la conclusión a la que llega el informe actuarial de Cavanaugh & McDonald que comisionó la Junta de Retiro. En el informe, los actuarios analizan un cierre del sistema actual con todos los empleados moviéndose al sistema de contribución definida y el escenario en el que se congela el plan de beneficios definidos pero los empleados actuales permanecen bajo ese modelo, mientras que los empleados nuevos irían a un sistema de contribución definida.

En ambos casos, el Sistema de Retiro de la UPR se volvería insolvente en menos de treinta años. Sin embargo, Jaresko argumentó que los escenarios que consideró el actuario informe no incluyen la consideración de otros elementos como la reducción en las pensiones.

Un puente roto

Además de las discrepancias entre la junta fiscal de control fiscal y la Junta de Retiro, esta última también ha experimentado un deterioro en su relación con la Junta de Gobierno de la UPR.

Las reclamaciones de la Junta de Retiro hacen eco a las denuncias hechas en otros cuerpos de gobernanza de la institución, como la Junta Universitaria, cuerpo compuesto por representantes de todos los recintos. Ambos cuerpos reclaman que la Junta de Gobierno excluye a las estructuras existentes en el proceso de delinear el plan fiscal y establecer el presupuesto.

Para el proceso de presupuesto más reciente, varios miembros de la Junta Universitaria se quejaron de que– contrario a los establecido en la Ley 1 de 1966 en la reglamentación universitaria– la Junta Universitaria no fue consultada en el proceso de elaboración del presupuesto que sería enviada a la junta fiscal para su certificación. En cambio, la Junta Universitaria vio el documento unos días antes de la fecha límite.

Con una queja similar, la Junta de Retiro criticó la decisión de la Junta de Gobierno de excluir a los representantes del Fideicomiso de Retiro de la elaboración de la propuesta para el sistema de pensiones contenida en el plan fiscal de la UPR. Su reclamó se intensificó desde que la Junta de Gobierno aprobó la creación de la Oficina de Transformación Institucional, que se encarga de supervisar la implementación de las medidas en el plan fiscal.

Berríos Torres explicó que no lo convocaban a las reuniones del Comité de Retiro de la Junta de Gobierno de la UPR desde agosto de 2017, comité presidido por Zoraida Buxó, quien también es la vicepresidenta de la Junta de Gobierno.

Sin embargo, a Berríos Torres se le invitó a la reunión más reciente del comité de retiro pero este decidió no asistir. El profesor explicó en una carta a la junta de gobierno que no asistiría a la reunión porque entiende que la decisión de la junta de gobierno de contratar la firma de consultoría BDO Puerto Rico– para evaluar las finanzas del Fideicomiso de Retiro y convertirse entre el enlace entre la junta de gobierno y el sistema de retiro– era una violación de las regulaciones relacionadas al fideicomiso.

“La actuación del Comité de Retiro JG es ultra vires ya que deposita en terceros responsabilidades de fiducia adscritas a la Junta de Gobierno y a la Junta de Retiro en la Escritura de Fideicomiso y la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico”, reza la carta.

El presidente de la Junta de Retiro se refería al contrato firmado el 9 de septiembre por Walter Alomar, como presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, con BDO Puerto Rico en el que establece que la firma de consultoría “actuará como consultor financiero y fiscal y proveerá su apoyo profesional para lograr que [junta de gobierno] cuente con las mejores alternativas para la transformación del sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico”.

Desde la creación del Sistema de Retiro, la Junta de Retiro ha tenido la responsabilidad de asesorar al ente rector sobre los asuntos de este fondo de pensiones.

El contrato, que le brinda a BDO 16 semanas para que produzca un informe final dispone que “todo material escrito, documentos, datos y otra información producida en o relacionada con las gestiones que lleva a cabo [BDO Puerto Rico] en cumplimiento de las disposiciones de este contrato, serán confidenciales y no podrán ser divulgados sin autorización expresa de [la junta de gobierno]”.

Para los miembros de la Junta de Retiro y de otras organizaciones universitaria, como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, este contrato de $300,000 muestra una falta de transparencia e interés por los procesos democráticos de parte de la Junta de Gobierno de la UPR. Cuando BDO se presentó, sin previo aviso, a las oficinas del Fideicomiso de Retiro, Berríos Torres no dio su consentimiento a la petición de la firma de consultoría para ver la información financiera del sistema.

No obstante, Buxó, reafirmó su apoyo a la decisión de contratar a BDO. En una carta dirigida a Berríos Torres, la presidenta del comité de retiro argumentó que la contratación de dicha firma de consultoría caía bajo las prerrogativas de la junta de gobierno y es parte de los cambios que acompañan las gestiones de la Oficina de Transformación Institucional.

Asimismo, Buxó vilipendió a Berríos en un comunicado de prensa en el que cataloga de, “irresponsable que el presidente de la Junta de Retiro, el Dr. Eduardo Berríos, obstaculice el proceso de obtención de información y análisis que realiza el ente rector de la institución sobre el Sistema de Retiro de la UPR”. Solicitudes para entrevista antes y después de la publicación de este comunicado no fueron contestadas.

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