11 de Julio de 2020

PFEI identifica delitos más graves que Justicia para Elías Sánchez y Edwin Miranda

Por el 17 de Febrero de 2020

Por Luis J. Valentín Ortíz

Mientras que el Departamento de Justicia recomendó investigar al abogado y cabildero Elías Sánchez Sifonte solamente bajo dos posibles delitos, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) identificó la posibilidad de ilegalidades más serias de parte del también exdirector de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En su investigación, Justicia solamente identificó como posibles delitos cometidos por Sánchez Sifonte imputaciones relacionadas a los artículos del Código Penal de aprovechamiento ilegal de trabajos públicos (252) y el de incumplimiento del deber (262), este último siendo uno menos grave. El PFEI enumera artículos más severos, como el de intervención indebida en las operaciones del Gobierno (254) y el de influencia indebida (261), ambos delitos conllevan cárcel de hasta ocho años, según la gravedad. Al igual que Justicia, el PFEI también vio aprovechamiento ilegal.   

Un caso similar ocurre con el publicista Edwin Miranda Reyes, a quien Justicia le identificó posibles delitos de fraude (202) e incumplimiento del deber (262), pero el PFEI añadió influencia (261) e intervención indebida (254), ambos con penas de cárcel de hasta ocho años. Tanto Justicia como el PFEI identificaron falsedad ideológica (212) — dar declaraciones falsas en un documento público — y aprovechamiento ilícito (252) como posibles delitos cometidos por Miranda Reyes.

La información surge de una resolución publicada el jueves, 13 de febrero, en la cual el PFEI anuncia formalmente el inicio de su investigación en torno a varios miembros del controversial chat de Telegram denominado “WRF” entre Rosselló Nevares y sus allegados.

Además de Sánchez Sifonte, otros cinco integrantes del chat serán investigados por el PFEI: el ex principal oficial financiero, Christian Sobrino Vega; el ex asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés; el publicista y ex contratista del Gobierno, Miranda Reyes; y el exgobernador Rosselló Nevares.

El pasado 10 de enero, Justicia recomendó investigar a todos los miembros del chat de Telegram y a otras dos funcionarias de la administración Rosselló, pero no hizo públicos los posibles delitos identificados. Sin embargo, en su resolución, el PFEI sí identifica cuáles fueron los posibles delitos señalados por Justicia en torno a las seis personas que serán investigadas por esa entidad. Salvo algunas excepciones, existe discrepancia entre los posibles delitos identificados por Justicia y el PFEI.

“Algunos de esos delitos están presentados en la ley de manera amplia, que puede cubrir una gama de conducta y en ese sentido depende del criterio legal que use Justicia o el PFEI, si requeriría un mayor peso de prueba o más prueba documental, o se necesitan más testigos. Entiendo que eso puede ser base para la discrepancia”, dijo el abogado José Enrique Colón Santana, quien formó parte del grupo de juristas que a instancias de la Cámara de Representantes, analizó el contenido del chat y recomendó el pasado verano un proceso de residenciamiento contra Rosselló Nevares. 

El informe identificó tres delitos graves y dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de parte del exgobernador. 

“Las discrepancias [en los delitos identificados] tienen que ver con el concepto de cada investigación, el marco de referencia. En el nuestro, era detallar en el informe aquellos delitos identificados de forma unánime. Se discutieron muchísimos más, pero no había consenso y no entraron al informe”, añadió el abogado Luis Enrique Rodríguez Rivera, otro de los juristas que formó parte de la comisión especial de la Cámara.

Contrario a Justicia, el PFEI dijo que no utilizó como parte de su evaluación el contenido de 889 páginas del chat de Telegram publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), ya que “sería de cuestionable utilidad en un procedimiento penal”, debido a “las circunstancias que rodean su obtención y falta de certeza de que su contenido es íntegro y no ha sido objeto de manipulación”, indicó el Panel. El PFEI utilizó solamente cinco declaraciones juradas obtenidas por Justicia en su pesquisa inicial tras la publicación del chat.

Para Colón Santana, la admisión del propio exgobernador de su actuación en el chat acredita el contenido de la conversación. “Recuerde que el gobernador hizo una conferencia de prensa admitiendo todo lo que está en el chat”, indicó el abogado al CPI.

Aún sin contar con el contenido del chat, el PFEI encontró la posibilidad de delitos más serios de parte de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes que Justicia no identificó a pesar de contar con una mayor cantidad de evidencia en su evaluación. Aunque tuvo a su haber las mismas cinco declaraciones escritas que usó el PFEI, el Departamento de Justicia no vio intervención e influencia indebida de parte de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes.

Una de las preguntas que quedan sobre la mesa es si Justicia pudo obtener una versión directa del chat de Telegram de los teléfonos de los participantes. La resolución del PFEI da a entender que no recibió una versión validada del chat de parte de Justicia al decir que “no hay certeza de que su contenido no haya sido alterado”.

En declaraciones emitidas el 14 de febrero, la secretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones manifestó que como parte de la pesquisa de Justicia, “se descargó el contenido de los dispositivos celulares que se recuperaron de múltiples participantes del WRF Chat y se analizó esa prueba forense”. En expresiones anteriores, Justicia indicó que sus investigadores “examinaron cuidadosamente el contenido del WRF Chat”.

Según una declaración jurada de la agente Edna Cruz Estrada como parte de la orden de allanamiento y registro del celular del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, a finales de julio los investigadores de Justicia no habían logrado obtener el chat directamente de los móviles tras concluir el proceso de citación de integrantes del chat.  

Panorama más favorable para Rosselló Nevares

Del otro lado de la moneda, se encuentran Rosselló Nevares, Rosario Cortés, Orona Amilivia y Sobrino Vega. Para ellos, Justicia identificó delitos más graves que los señalados por el PFEI.  

En el caso del exmandatario Rosselló Nevares, mientras Justicia identificó la posibilidad de delitos tales como discrimen, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito, incumplimiento del deber, encubrimiento y destrucción de prueba, el PFEI solamente identifica dos delitos menos graves: incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento de su deber.

Al igual que Justicia, un informe preparado por tres juristas y comisionado el pasado verano por la Cámara de Representantes identificó aprovechamiento ilícito y negligencia en cumplimiento del deber. El grupo de abogados, quienes rindieron el informe como parte de un potencial proceso de residenciamiento contra Rosselló Nevares, ha sido el único hasta el momento en identificar el delito de malversación de fondos de parte del exmandatario.

El abogado criminalista Harry Padilla estará a cargo de la defensa de Rosselló Nevares y opinó que el asunto es más bien uno de índole político y sería cuesta arriba que prospere un caso criminal contra el gobernador.  

En cuanto al exsecretario de Asuntos Públicos, Rosario Cortés, Justicia le identificó posibles delitos de discrimen, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos, incumplimiento del deber, encubrimiento y destrucción de prueba. El PFEI lo limitó a negligencia e incumplimiento del deber. 

Para el ex principal oficial financiero, Sobrino Vega, y el exasesor legal, Orona Amilivia, Justicia señaló resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito, incumplimiento del deber, encubrimiento y destrucción de prueba. Pero el PFEI se limitó a identificar incumplimiento del deber y negligencia. Solamente en el caso de Sobrino Vega, el PFEI añadió el delito de amenaza. El exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, y su hijo, Carlos Sagardía, defenderán a Sobrino Vega, según confirmó Sagardía, hijo, en entrevista radial con WIAC 740 AM reseñada por Metro.  

Tanto Justicia como el PFEI identificaron violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de parte de los seis que serán investigados, pero no detallan cuáles son las posibles infracciones. La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) también realiza una pesquisa en torno al chat de Telegram y hasta el pasado mes de enero iPFEI identifica delitos más graves que Justicia para Elías Sánchez y Edwin Mirandanformó que continuaba activa, y no quiso informar novedades. 

“De forma meridianamente clara, se podría entender que — según surge de las declaraciones juradas que forman parte del récord, algunos de los participantes del chat podrían haber incurrido en infracciones al Código Penal de 2012 y a la Ley de Ética Gubernamental”, lee la resolución del PFEI que identifica una lista de posibles delitos que van desde negligencia e incumplimiento del deber a aprovechamiento ilícito, amenaza, falsedad ideológica, a intervención e influencia indebida. 

El PFEI archivó aduciendo falta de prueba los referidos de Justicia contra la exsecretaria de Prensa, Yennifer Álvarez Jaimes, la exdirectora de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez, y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas. 

En el caso del ex principal oficial financiero Raúl Maldonado, el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín, el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz, el relacionista Carlos Bermúdez Urbina, el asesor Rafael Cerame D’Acosta, el Panel no recomendó un FEI por el momento, aunque dejó la puerta abierta para futuras acusaciones.

Los fiscales especiales a cargo

Los fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz llevarán a cabo la pesquisa del PFEI. Tendrán hasta el próximo 13 de mayo, para completar su investigación.

Además de investigar a fondo posibles delitos de un exgobernador y parte de su equipo, ambos también tendrán que continuar el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill. Este último enfrenta actualmente un juicio por cargos de maltrato y agresión sexual contra una empleada del municipio.

Colón Ortiz, quien también fue fiscal en el caso de corrupción contra el convicto exsenador Jorge de Castro Font, dirigió el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la Oficina de Asuntos del Contralor, Integridad Pública y Delitos Económicos, ambos adscritos al Departamento de Justicia. En el caso de Pabón Ortiz, la fiscal trabajó en el caso de corrupción contra el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás.

Pugna entre PFEI y Justicia 

La diferencia entre los posibles delitos encontrados por ambas agencias llama la atención tanto como los señalamientos realizados por el PFEI en torno a la investigación de Justicia. En su resolución, el Panel alega que Justicia incumplió con su deber al recomendar un FEI para todos los integrantes del chat sin contar con “prueba bajo juramento” y descansando mayormente en el contenido de la conversación en Telegram.

La secretaria Longo Quiñones ripostó que su agencia realizó “un análisis puntilloso y complejo” de toda la prueba, tanto directa como circunstancial. Explicó que los delitos identificados no surgen de una mera participación en la conversación, sino que la posible conducta criminal fue corroborada con entrevistas y evidencia. Aseguró que la prueba recogida en su investigación era más que suficiente para los referidos que realizó al PFEI a principios de año. 

La gobernadora Wanda Vázquez Garced — quien se inhibió de participar en el asunto cuando fungía como secretaria de Justicia — apoyó el sábado la gestión del Departamento de Justicia, asegurando que la agencia envió base suficiente para realizar los referidos.  

Aunque en su resolución, el PFEI adelantó que no devolverá el caso a Justicia para que atienda las deficiencias de su pesquisa “porque eso sería fraccionarlo o desmembrarlo”, Longo Quiñones dijo que pedirá al panel la devolución de la parte que el PFEI decidió no investigar, junto a su evidencia, para retomar la investigación y “evaluar la conducta que se pueda procesar”. A juzgar por las declaraciones de la secretaria de Justicia, esto incluiría a los contratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame D’Acosta, y la exdirectora de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez.

Otro señalamiento del PFEI gira en torno a la exjefa de fiscales, Olga Castellón Miranda, quién lideró la pesquisa en Justicia previo a realizar su referido y estuvo a cargo de la investigación desde su inicio el pasado 15 de julio. Según el PFEI, Castellón Miranda “cesó sus funciones en [Justicia] hace varios meses”, y se desconoce quién tomó las riendas de la pesquisa ni qué gestiones investigativas adicionales se realizaron al pedir una prórroga el pasado mes de octubre para entregar sus hallazgos 

La Secretaria de Justicia dijo que la agencia usó la prórroga para trabajar “diligentemente” en el expediente e informe de 109 páginas que pasó al PFEI con su pesquisa inicial.   

En cuanto a las denuncias de trabajo político partidista en el chat, el Panel sobre el FEI rechazó considerar como prueba “las innumerables referencias a reuniones, estrategias y asuntos político partidista efectuada en La Fortaleza durante horas laborables” que surgen de la conversación, para asignar un FEI a todos los integrantes del chat, según recomendó Justicia. Esto hubiera violentado su ley habilitadora, según el PFEI, ya que Justicia no había puesto al Panel en posición de investigar estos presuntos delitos. Añadió que si los fiscales especiales identifican prueba que se pueda presentar en un tribunal, así pueden hacerlo.

Para la Secretaria de Justicia, sin embargo, la resolución del PFEI parece indicar que el panel no tiene “la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento”.

No insistirán en los celulares de Sánchez y Miranda

El Panel también dejó saber que no pedirá al Tribunal Supremo que revise el revés sufrido por Justicia en el Tribunal Apelativo, como parte del caso que llevaba contra Sánchez y Miranda para obtener acceso a sus celulares.

La entidad alega que ir al Supremo sería una “demora injustificada” que podría afectar el tiempo que tiene el Estado para acusar en un tribunal bajo algunos de los posibles delitos.

La pesquisa de Justicia incluyó la revisión de los teléfonos celulares de la mayoría de los integrantes del chat. En el caso de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes, ambos han rechazado entregar sus celulares a Justicia invocando su derecho a no autoincriminarse. Tras sufrir un revés a nivel apelativo, Justicia presentó el pasado 30 de diciembre un recurso de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones para intentar lograr acceso a los teléfonos móviles de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes, pero este fue rechazado a finales del pasado mes de enero.

“Además, los FEI estiman que, de ser necesario, existen alternativas jurídicas viables para la obtención de la prueba”, lee la resolución firmada por la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, y el miembro Rubén Vélez Torres. 

Para la Secretaria de Justicia, sorprende la decisión del PFEI de desistir del caso por no   someter escritos apelativos.

“Como dice el refrán pueblerino, un buen abogado es capaz de caminar y mascar chicle a la misma vez”, dijo Longo Quiñones.

Divulgan detalles de investigación de Justicia

Luego de permanecer mayormente silente en torno al tema, la secretaria Longo Quiñones reveló en sus declaraciones sobre el PFEI algunos detalles de la pesquisa de Justicia. Por primera vez, la agencia identificó algunas de las personas que formaron parte de su investigación. 

Sobre las más de 46 citaciones emitidas a testigos — ya sea para testimonio o para entregar algún objeto o documento — Longo Quiñones solamente reveló la identidad de 14 de ellas, incluyendo la del exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz. 

De la lista llaman la atención los nombres de Jorge Bauzá, exdirector creativo y consultor de las empresas de publicidad de Miranda Reyes, iCrossing y KOI Americas, y Maritza Garay Morales, quien trabaja actualmente en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y exdirectora del departamento de Finanzas de Guaynabo.

Justicia también abordó al actual administrador de La Fortaleza, y subadministrador bajo Rosselló Nevares, Luis Augusto Martínez; a la exdirectora de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez; al exadministrador de La Fortaleza, Juan Carlos Hernández; a la oficial de prensa para varias agencias del Gobierno, Leticia Jover; y quien fuera el secretario de Prensa interino de Rosselló Nevares y actual jefe de comunicaciones en Vivienda, Rafael Josué Vega. 

El exmonitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet Passalacqua, el director de Discover Puerto Rico, Brad Dean, y la directora legal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Griselle Morales, también forman parte de la lista.

El Departamento de Justicia dijo que inició su investigación preliminar el 15 de julio de 2019, dos días después de que el CPI publicará 889 páginas del chat. Más de seis meses después de comenzada la pesquisa, finalmente Justicia refirió al PFEI a todos los integrantes del chat, incluyendo a la exsecretaria de Prensa, Álvarez Jaime, quien no figuraba en las 889 páginas publicadas. También refirió a la exdirectora de Comunicaciones, Santiago Velázquez, aunque no detalló las razones.

El CPI publicó el 13 de julio pasado 889 páginas que recogen conversaciones del chat de Telegram entre Rosselló Nevares y 11 de sus allegados. Los mensajes publicados ocurrieron entre finales de noviembre de 2018 y enero de 2019. En el chat se compartía información privilegiada y confidencial con personas que no eran funcionarios y quienes participaban activamente de las conversaciones. De igual forma, se desprende del chat el trabajo político partidista que se realizaba en horas laborables y mediante el uso de recursos públicos. También quedó al descubierto el carácter de integrantes del chat, quienes a diario realizaban comentarios misóginos, sexistas y homofóbicos, perseguían a adversarios políticos y activistas, y coordinaban la proyección política de la administración. 

Tras más de dos semanas de protestas en las calles pidiendo su renuncia luego de la publicación del chat, Rosselló Nevares renunció el 24 de julio y abandonó La Fortaleza el 2 de agosto.

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