16 de Octubre de 2019

Piden a corporaciones y municipios logren acuerdo sobre contribuciones al plan de pensiones

Por el 7 de Mayo de 2019

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Juan J. Rodríguez/CB)
La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Juan J. Rodríguez/CB)

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko, solicitó el lunes a varias corporaciones y municipios a que lleguen a un acuerdo con el gobierno antes de que finalice el año fiscal el 30 de junio, sobre las contribuciones que adeudan al plan de pensiones “Pay-Go” para sus jubilados actuales.

Jaresko también llamó la atención sobre las corporaciones públicas y municipios que no están contribuyendo a las cuentas de contribución definida para futuros jubilados del gobierno, a pesar de retener el dinero de correspondiente de los salarios de los empleados.

La ejecutiva planteó además que las 24 resoluciones conjuntas presentadas por el gobierno a la junta para reasignar $30 millones de partidas presupuestarias, deben evaluarse como parte del proceso de certificación presupuestaria, indistintamente de que hayan tenido aprobación legislativa.

Los requerimientos de la junta surgen días antes de que el organismo se reúna (este jueves) para certificar o no la nueva versión del plan fiscal del Estado Libre Asociado.

El 30 de abril, la Junta informó que la deuda acumulada para el ‘Pay-Go’ por las corporaciones públicas y municipios asciende a $340 millones. El programa ‘pay as you go’ o ‘Pay Go’ fue implementado por el gobierno para intentar mantener solvente el plan de pensiones del gobierno.

“El gobierno está pagando a los jubilados, pero ese gasto adicional necesita ser recuperado de las corporaciones públicas y municipios; o deberán salir de alguna otra parte del presupuesto”, dijo Jaresko, añadiendo que el “presupuesto asume que todos pagarán su porción”.

Jaresko dijo que las corporaciones públicas y el gobierno pueden negociar una deuda por otra. Por ejemplo, el gobierno puede compensar los pagos de ‘Pay Go’ de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con la deuda que a su vez tienen las agencias con la corporación pública por el servicio de agua potable.

“No hay peligro de que a los jubilados no se les pague porque Pay go está garantizado por el gobierno”, dijo.

Algunos municipios y corporaciones públicas han dicho que los cálculos que se han hecho en cuanto a la cantidad asignada para ‘Pay Go’ no son correctos. Por ejemplo, el municipio de San Juan ha dicho que su asignación de ‘Pay Go’ creció de $4 a $50 millones.

“Las partes tienen que trabajar antes de que finalice el año fiscal”, dijo.

Jaresko también observó problemas con los pagos en pensiones para futuros jubilados. Unos 20 municipios y siete corporaciones públicas no están remitiendo las retenciones de nómina individuales para sus empleados bajo el de plan de contribución definida, que cuya administración debe pasar a manos privadas este verano. Los empleados actuales son ahora parte de un programa de contribución definida y los fondos se retienen de sus cheques de pago y se colocan en el plan de contribución definida para su futuro.

Jaresko dijo que no quiere ver una repetición del Plan Sistema 2000, un plan híbrido creado en la década de 1990 para evitar que se desangrara el Sistema de Retiro del ELA. No obstante, la iniciativa tampoco fue financiada como correspondía a pesar de que el dinero fue retenido de los cheques de los empleados públicos. A esta fecha, dijo Jaresko, el Plan Sistema 2000 sigue sin financiarse.

En cuanto a los $30 millones asignados en 24 resoluciones conjuntas, Jaresko dijo que existía un acuerdo en el sentido de que todas las asignaciones debían estar dentro del presupuesto.

Algunos de los créditos se remontan a los años 1980 y 1990, dificultando la verificación de los ingresos disponibles para financiar los gastos. Según las mejores prácticas presupuestarias los ingresos de cada año fiscal deben coincidir con los gastos, incluyendo los fondos asignados mediante resoluciones conjuntas.

La junta de control fiscal había hecho al gobierno consciente de su incumplimiento en una carta fechada el 28 de febrero de 2019 y había solicitado la notificación de cualquier desembolso de fondos. A día de hoy, el gobierno no ha presentado la información solicitada. Si la información no se recibe antes del 15 de mayo de 2019, la Junta procederá a ejercer su autoridad bajo promesa.

Por otra parte, Jaresko dijo que un número significativo de bancos, firmas contables y bufetes de abogados involucrados en emisiones de bonos que violaban los límites constitucionales, firmaron acuerdos para extender el tiempo prescriptivo para retrasar el estatuto de limitaciones que el gobierno tenía que hacer contra ellos.

Los acuerdos para extender el tiempo prescriptivo requerían que la junta de control fiscal mantuviera la confidencialidad de los nombres de estas empresas hasta que se presentara un procedimiento adversario contra ellos. Sin embargo, puede ser que nunca puedan ser demandados y que sus nombres no sean revelados.

Los abogados del Comité de reclamos especiales dijeron en una audiencia omnibus el 24 de abril que iban a demandar a 27 suscriptores, nueve bufetes de abogados y cinco empresas contables por sus acciones que implicaban su papel en la deuda que se podría haber emitido en contravención a los límites de deuda en la Constitución. Los abogados dijeron que sus nombres serían revelados.

La junta una semana más tarde presentó tres series de demandas en nombre del gobierno antes de la fecha límite del 3 de mayo para las acciones de evasión, que son aquellas presentadas en nombre del deudor para devolver activos transferidos ilegal o fraudulentamente.

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