21 de Septiembre de 2019

Piden al tribunal que restituya comisión para auditar la deuda

Por el 27 de Febrero de 2017

Tres miembros de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público anunciaron hoy la presentación de un recurso legal contra el gobernador Ricardo Rosselló para que éste cese su intervención con el organismo y restituya a los miembros del interés público con el propósito de que finalmente se audite la deuda de Puerto Rico, de $68,000 millones.

En el interdicto preliminar y permanente presentado ante el Tribunal de San Juan se alegó que la destitución de los miembros de la comisión “ha provocado daños irreparables e irreversibles a los demandantes”.

Además, se indicó que el gobernador actuó de manera “arbitraria, caprichosa e ilegal” al destituir integrantes de una comisión designada por la rama legislativa, por lo cual “excede los poderes en la Ley 3 de 2017”. Esta ley le permite al primer ejecutivo destituir integrantes de juntas directivas de corporaciones públicas “que son nombrados por éste” cuando no gocen de su confianza o no sigan su política pública.

Tres miembros de la Comisión para la Auditoría del Crédito Público, entre ellos José Alameda y Roberto Pagán (izquierda y centro) presentaron un recurso legal

Tres miembros de la Comisión para la Auditoría del Crédito Público, entre ellos José Alameda y Roberto Pagán (izquierda y centro), presentaron un recurso legal contra el gobernador para que restituya el organismo. El interdicto preliminar fue presentado por los abogados Mariana Iriarte (derecha) y Manuel Rodríguez. (Cindy Burgos/CB)

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La actuación nula e ilegal del gobernador ha provocado que la comisión no pueda ejercer las funciones para las cuales se constituyó. Entre ellas, no ha podido pagar haberes adeudados al otrora coordinador ejecutivo y, ante la incertidumbre en la que se encuentra, tampoco [la firma] Macías, Gini y O’Connell ha podido comenzar los trabajos para los cuales fueron contratados, aun cuando existe un contrato firmado y registrado en la Oficina del Contralor”, expresó el líder sindical Roberto Pagán Rodríguez, uno de los demandantes y quien fuera el presidente de la comisión.

De los $700,000 que les fueron asignados el pasado cuatrienio, la comisión ha destinado $35,000 para la contratación del coordinador ejecutivo y otros gastos, así como $100,000 para la firma Macías, Gini y O’Connell, que no ha iniciado labores porque no ha recibido ningún pago. Ninguno de los integrantes recibe dinero por pertenecer al organismo, ni siquiera una dieta, se informó.

“La comisión se ha visto impedida de reunirse, contratar a un nuevo oficial ejecutivo para darle continuidad a los trabajos, trabajar en nuevas auditorías e informar a la ciudadanía el estado de los trabajos”, afirmó Pagán Rodríguez en una rueda de prensa frente al Tribunal de San Juan, en Hato Rey, acompañado por otro de los demandantes y miembro de la comisión, el economista José Alameda. El tercer demandante es el catedrático de Finanzas en la Universidad de Puerto Rico (UPR) José González Taboada. 

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Tanto Alameda como Pagán Rodríguez exhortaron al gobernador y líderes legislativos a explicar las razones por las que no favorecen una auditoría de la deuda, cuando esta se realizaría de manera forense, es decir, con mayor profundidad, analizando las últimas emisiones de bonos y las posibles violaciones en los pasados 45 años de gobierno.

Agregaron que los tribunales no pueden auditar la deuda, contrario a lo que han expresado líderes políticos, lo que da mayor importancia a la labor de la comisión de cara a la renegociación de la deuda en las próximas semanas.

Sobre las críticas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que minó la credibilidad de la comisión, Pagán Rodríguez indicó que “como le faltan argumentos válidos, ahora la emprende contra los miembros de la comisión”. Explicó que la auditoría como tal la realizaría la firma que se contrata.

Miembros del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda estuvieron presentes durante la rueda de prensa. Este grupo, que también defiende la reincorporación de la comisión, llevó la semana pasada sobre 100,000 firmas al Capitolio y La Fortaleza para dejar sentir su reclamo.

La jueza Aileen Navas, del Tribunal de San Juan, atenderá la petición de interdicto preliminar y permanente en una vista el martes, 7 de marzo, a las 10:30 de la mañana.

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