23 de Agosto de 2019

Piden dar fuerza de ley a política pública energética para transformar la AEE

Por el 17 de Abril de 2018

El proceso de vistas públicas para evaluar la propuesta privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) culminó hoy con una solicitud tajante de los deponentes a que la administración de turno introduzca y brinde fuerza de ley a un plan de política pública energética a largo plazo.

El director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), Francisco Rullán, sostuvo que desde 2001, cada cambio de gobierno ha impulsado una política pública distinta, lo que ha entorpecido el proceso para transformar la AEE.

El representante Víctor Parés Otero. (Suministrada)

“Para nosotros sería completamente deseable poder preparar un plan a largo plazo y que no me lo cambien de aquí a unos años porque cambió la administración. Es un problema serio que estamos teniendo. […] Si queremos trascender más allá, tenemos que hacerlo mediante ley”, planteó Rullán.

Tanto Rullán como el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Pablo Vázquez Ruiz, y los otros deponentes en la vista se mostraron a favor de transformar el sistema eléctrico, pero enfatizaron que esto no se logrará sin primero formar con transparencia el marco regulatorio y legal del proceso.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Energía, Telecomunicaciones y de Alianzas Pública Privadas, Víctor Parés Otero, hizo referencia a una orden ejecutiva que firmó el exgobernador Pedro Rosselló en 1993, y en la que se propuso un plan de hasta 20 años para modernizar la red eléctrica.

A pesar de que esta orden proponía generar energía con fuentes alternas y renovables –específicamente energía solar en las islas de Caja de Muertos y Mona– Rullán explicó que tan solo el 3% de la electricidad en la isla se genera a través de métodos renovables.

“A un largo plazo, el gobernador [Ricardo Rosselló Nevares] nos dio la instrucción del concepto de la democratización de la energía y que el consumidor escoja [su proveedor], y que nosotros podamos preparar un plan de trabajo y un plan definido sobre ese particular, que trascienda las elecciones”, agregó.

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Parés Otero destacó que la Ley 57-2014 (Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico) podría ser el vehículo inicial que permita impulsar la política pública energética del país. Esta ley delegó en la OEPPE el desarrollo y fiscalización del cumplimiento con la política pública de la AEE.

Para reducir la dependencia en el petróleo importado, el director ejecutivo de la OEPPE propuso llevar la generación de energía renovable a un 50% en 20 años. Este objetivo a largo plazo requiere implementar una política pública energética consistente que obligue a cumplir con estos parámetros.

Ayer, el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, anunció que la privatización de la corporación pública se completará con la aprobación de dos proyectos de ley; uno que incluya la concesión de la transmisión y distribución de la AEE por una Alianza Público-Privada (APP) y otro que incluirá el marco regulatorio, legal y la política pública.

Vázquez Ruiz favoreció esta postura, que los líderes de la Cámara y el Senado junto a varios legisladores sugirieron a representantes de La Fortaleza en una reunión. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares debe aprobar esta propuesta antes de permitir su ejecución.

“Como hemos expresado antes, nos preocupó gravemente la ausencia de una política claramente establecida y la ausencia de un marco regulatorio que dé paso a claridad por parte de los participantes del proceso, antes de que se haga inclusive una solicitud de propuestas”, manifestó Vázquez Ruiz.

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Denuncia proceso “inútil” de vistas

En la misma vista, el representante popular Luis Vega Ramos puntualizó que el proceso de evaluación sobre el Proyecto del Senado 860 y su homólogo en la Cámara (1481) ha sido uno inútil, pues el futuro de la AEE dependerá del plan fiscal que la junta de control fiscal certificará esta semana.

Vega Ramos argumentó que los pedidos para un proceso transparente, un marco regulatorio y una política pública serán condicionadas a la decisión de la junta fiscal, y advirtió que el ente rector podría buscar tener injerencia sobre el proceso de privatización de la AEE.

“Lo que quiero plantear con esto es que este ejercicio que estamos teniendo en el día de hoy es un ejercicio bonito pero inútil, porque la política pública, la ausencia de transparencia y el marco regulatorio van a estar de una manera u otra, definidos en las próximas 48 horas por el plan fiscal, que va a regir el destino de la AEE por los próximos cinco a siete años”, concluyó.

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