23 de Septiembre de 2018

PIP radica medidas para convertir en política pública repudio a exigencias de la junta fiscal

Por el 26 de Abril de 2018
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Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, Juan Dalmau y Denis Márquez, radicaron hoy cuatro medidas para establecer como política pública el incumplimiento del gobierno con varias de las exigencias de la junta de control fiscal.

Mediante el paquete de resoluciones conjuntas –que requerirían la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para recibir rango de ley–, los legisladores emplazaron al primer ejecutivo a tomar acciones concretas para respaldar su constante oposición a la junta.

Los legisladores del PIP, Juan Dalmau y Denis Márquez. (Génesis Ibarra/CB)

“Lo que hemos hecho es plasmar con fuerza de ley cuatro medidas legislativas que el propio gobernador y los legisladores de mayoría han dicho que se oponen a que se implementen esas propuestas impulsadas por la junta de control fiscal”, detalló Dalmau.

La primera se trata de la Resolución Conjunta del Senado 233 –y su homóloga, la Resolución Conjunta de la Cámara 319–, para ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) detener el alza en los costos de matrícula y el cierre de recintos.

Mientras, la RCS 236 y la RCC 316 ordenan al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, a paralizar cualquier reducción en los pagos de las pensiones de los jubilados acogidos a los Sistemas de Retiro de maestros y empleados del gobierno.

Según Márquez, tras un análisis del plan fiscal que certificó la junta la pasada semana, el propuesto recorte de 10% a las pensiones podría elevarse desde un 15% hasta un 25% en algunos renglones, lo que empeoraría el cuadro para los jubilados del país.

“Estamos diciendo: está bueno ya de aguajes. Se ha dicho mucho que el gobierno se opone a propuestas definidas de la junta, pues nosotros hemos escogido precisamente las propuestas que el gobierno ha objetado y hemos dicho vamos a hacerlas ley”, planteó por su parte Dalmau.

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La tercera propuesta (RCS 234 y RCC 318) ordena al secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, a detener el alza de un 5% en el cobro de peajes que incluyó el organismo en el plan fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Por último, la RCS 235 y la RCC 317 ordenan al Comité de Cumplimiento con el Plan Fiscal creado por Rosselló Nevares paralizar cualquier programa que iguale o reduzca las aportaciones al plan médico de los empleados del gobierno y las corporaciones públicas.

“Estamos en un momento en Puerto Rico en donde ya la pasividad y la complacencia son inaceptables. Aquí hay instrumentos para generar un desafío y una confrontación de gobierno a gobierno; del gobierno de Puerto Rico, de los que somos funcionarios electos, al gobierno federal”, enfatizó Dalmau.

A preguntas sobre si estas medidas podrían ganar una batalla en los tribunales, Dalmau reconoció que la ley federal Promesa cuenta con los poderes plenarios del Congreso sobre la isla, pero recordó la postura del gobernador, quien afirma que la ley no brinda facultad a la junta para imponer política pública.

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Por otra parte, Márquez informó que sostuvo conversaciones con el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y accedió a dar “un tiempo razonable” a la delegación de mayoría para decidir si avalará la Resolución Conjunta del Senado 215.

“Hay el ambiente y la discusión en la Cámara. [Méndez] me pidió un espacio antes de tomar cualquier acción legislativa. […] Cumpliendo con esa palabra, lo estamos haciendo dentro de un marco. Esperamos tomar una decisión la próxima semana”, explicó el representante.

Sobre la citación en el Senado al presidente de la junta fiscal, José Carrión, Dalmau sostuvo que le parece “un día apropiado” para que se brinden explicaciones para defender la “Ley de Reforma Laboral de 2018”, y sostuvo que la medida debe derrotarse en el pleno.

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